La principal corte de la Unión Europea ratificó este jueves la multa récord de US$ 4.700 millones impuesta a Google por abuso de posición dominante. De esta manera, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) rechazó el segundo y último intento de la firma estadounidense por revertir la sanción antimonopolio más grande jamás aplicada por el bloque continental.
El litigio, que se remonta a una resolución original de la Comisión Europea en 2018, concluyó su camino judicial con una penalidad que asciende a los US$ 4.700 millones (4.100 millones de euros), declarando además a Alphabet —empresa matriz de Google— como responsable solidaria del pago.
"El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por Google y Alphabet contra la sentencia del Tribunal General, confirmando así la sanción impuesta a estas empresas, revisada por el Tribunal General, por sus prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android", dictaminó el TJUE a través de un comunicado oficial.
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El eje de la acusación: el bloqueo a la competencia
La investigación del regulador antimonopolio de los 27 países miembro determinó que la compañía abusó de la masividad y popularidad de su sistema operativo Android para asfixiar a sus rivales en el mercado digital. Según los tribunales europeos, Google presionó sistemáticamente a los fabricantes de teléfonos móviles para que preinstalaran por defecto su propio motor de búsqueda y el navegador Google Chrome, bloqueando de forma efectiva la visibilidad de otras alternativas desarrolladas por la competencia.
Aunque la Comisión Europea fijó inicialmente la multa en 4.300 millones de euros, en 2022 el Tribunal General de la UE (la segunda instancia del bloque) redujo la cifra a los 4.100 millones de euros actuales. Google decidió apelar una vez más ante la máxima autoridad judicial europea bajo el argumento de que el caso "carecía de fundamento" y que la sanción, en realidad, "castigaba la innovación".
Sin embargo, el máximo tribunal fue tajante al desestimar esos argumentos, asegurando que el fallo de primera instancia "no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android".
La respuesta de Google
Tras conocerse la sentencia definitiva, la firma con sede en Mountain View manifestó su disconformidad con el criterio judicial europeo, defendiendo la naturaleza del software que da vida a la gran mayoría de los smartphones del planeta.
“Android ofrece más opciones para todos y da soporte a miles de empresas. Este fallo no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito”, expresó un portavoz de Google en declaraciones a la cadena de noticias CNBC.
No obstante, desde la empresa buscaron llevar tranquilidad al mercado y a sus socios comerciales al aclarar que el ecosistema técnico ya fue modificado en base a las exigencias del bloque. “En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial de 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la transparencia para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, concluyeron desde la compañía tecnológica.
LM
