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ECONOMIA / Inversiones
lunes 23 diciembre, 2019

Veto pro-Vaca Muerta: se quitó un artículo que perjudicaba a empresas de hidrocarburos

Se trata de una modificación había introducido el Congreso y que generaba una mayor presión impositiva a las empresas.

Guillermo Nielsen, presidente de Vaca Muerta. Foto: Cedoc
lunes 23 diciembre, 2019

El Gobierno promulgó a las 17.30, en el Boletín Oficial, la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Y la novedad fue el veto del artículo 52, que había sido introducido cuando el proyecto pasó por el Congreso. 

El texto de aquel apartado afirmaba: "En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras". El mismo fue quitado por la lapicera presidencial y, a partir de ello, las exportaciones hidrocarburíferas deberán pagar según el valor neto de venta al exterior, una vez descontadas las retenciones. 

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De esta forma, el Gobierno le hace un guiño a las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, entre otros proyectos energéticos que se buscan impulsar en el país. Esta promulgación con veto se da justo el día en que se conocieron las primeras fotos de Guillermo Nielsen, nuevo presidente de YPF propuesto por el Estado, en uno de los establecimientos de la compañía. Nielsen, cabe señalar, es uno de los economistas más cercanos a Alberto Fernández.

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Lo curioso de la promulgación de la ley es que esta mañana el Presidente había anunciado que se vetaría un artículo que incluía a empresas medianas en una moratoria y, sin embargo, ese apartado fue incluido en el texto final.

¿Cómo sigue? "La promulgación parcial de las leyes es un instituto que está en la Constitución en el artículo 80, incluido en la reforma de 1994. Mientras el veto parcial no afecte la autonomía de la parte no vetada ni el espíritu del proyecto es viable. Lo que sí, tiene que ser sometida al mismo régimen de control político interior del Congreso por parte de la comisión bicameral permanente, pero no creo que haya ningún problema", explicó a PERFIL el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

CP


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