Los desafíos que enfrenta el sector privado no dan tregua. Si bien cada empresa y cada sector son un mundo en sí mismos, a la hora de valorar qué es lo que se necesita para que haya más inversión, empleo y producción, arreglar la macroeconomía siempre aparece como la demanda prioritaria. Lamentablemente, la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo no cambió en nada la estrategia oficial de estirar la espera. Despilfarrando el tiempo que le fue concedido, el ministro sigue sin meterse a resolver ninguno de los desequilibrios de fondo. Todo parece reducirse a seguir comprando tiempo en un intento por llegar a octubre 2023 sin un caos económico (y social) mayor al que ya tenemos. Pero la dinámica de esos desequilibrios sigue impulsando un tic-tac cada vez más sonoro e inquietante.
Septiembre volvió a mostrar de manera muy contundente que esos desequilibrios macro son resistentes a medidas parciales y de carácter excepcional. La inflación, un tanto desatendida, se resiste a bajar del nuevo escalón del 7% mensual. Las reservas del BCRA siguen siendo exiguas y, ya sin anabólicos, no les queda otra que esperar el desembolso del FMI como para mostrar que la costosa herencia del “dólar soja” en el balance de la autoridad monetaria no es del todo en vano. Y, como si esto fuera poco, las autoridades económicas revelan lo apretado de la situación prometiendo varias veces más que no se va a devaluar, mientras refuerzan (¿por las dudas, será?) el cepo sobre las importaciones.
La inflación es siempre un obstáculo para el cálculo económico. Mucho más cuando exhibe una dinámica creciente, por cuanto no es ilógico pensar, dada la abundante evidencia empírica, que lo más probable es que esa dinámica se mantenga hasta tanto se lance un programa serio de estabilización. Y ese programa sigue siendo el gran ausente. El ajuste fiscal de Massa se va licuando en el tiempo. El aumento tarifario que permitiría reducir los subsidios económicos (al consumo de gas y luz) sigue postergado, por lo que del lado del gasto lo único concreto fueron los aumentos de asignaciones familiares y los diversos bonos destinados a la ayuda social. Y si bien la recaudación muestra incrementos récord, lo hace sobre la base del adelanto del pago de impuestos a las ganancias y del ingreso de retenciones por la liquidación de la producción de soja a 200 pesos por dólar (pan para hoy hambre para mañana).
Desde el Ministerio de Economía, todos los esfuerzos se concentran en conseguir dólares por cuanto lucen convencidos de que la expectativa de una devaluación es la que explica el salto inflacionario de los últimos meses. Pero el foco en incrementar los activos externos del BCRA, a cualquier costo, ha tenido como víctima indiscutible al balance de la autoridad monetaria. Tengamos presente que después del aquelarre de junio y julio, causado por la intervención del Central en el mercado de deuda pública, que dejó un incremento de los pasivos remunerados (Leliq más pases) del 19,1%, en septiembre la expansión de esos pasivos fue del 17,1%, con lo que acumulan un incremento del 50% en cuatro meses. Tales pasivos (que pagan interés) son ya más del doble de la base monetaria (que no paga interés), que es el pasivo por excelencia de todos los bancos centrales, con la (des)honrosa excepción del de nuestro país. Una situación que comienza a asemejarse peligrosamente a la que teníamos hacia fines de los años 80 cuando el BCRA remuneraba los encajes bancarios, y que puede convertirse en un obstáculo insalvable para el control inflacionario en la medida en que comience a generar expectativas de una potencial monetización.
En este escenario, de escasez de dólares (y de abundancia de pasivos remunerados en el BCRA), el Gobierno puso en marcha un nuevo sistema de control de importaciones que más que duplicó la cantidad de productos sujetos a Licencias No Automáticas de Importación. Las posiciones arancelarias sujetas a tales licencias pasaron de 1,516 a 4,193, y alcanzan al 46% de las importaciones ingresadas entre enero y agosto. Una medida que está lejos de reducir el cepo importador a pesar de que el ministro de Economía pretendió venderla como un primer paso en esa dirección. Y que viene reforzar la preferencia del Gobierno en “cuidar” los pocos dólares que tiene a disposición, incluso en detrimento de la actividad económica de una gran cantidad de sectores que dependen crucialmente del acceso a esos dólares para poder importar. En este sentido, no hay que perder de vista que, según algunas estimaciones bastante serias, se habrían acumulado unos US$ 9 mil millones de importaciones pre-financiadas a 180 días, producto de la ventana que abrió el BCRA para poder importar (sin restricciones) contra dichas prefinanciaciones. Algunos de esos créditos comienzan a vencer este mes, pero el grueso de esos vencimientos va a ocurrir en los próximos dos meses. Frente a este panorama, la pregunta clave es si estarán los dólares disponibles para hacer frente a esos vencimientos privados y/o qué hará el BCRA para conseguirlos. Como dijimos arriba, el desembolso que realizará el FMI una vez que apruebe las metas del segundo trimestre, puede descomprimir parte de la angustia, pero no será suficiente para armar un colchón tal que permita cubrir todos los usos de reservas previstos. Recordemos que a fines de septiembre las reservas netas no superaban los US$ 2 mil millones teniendo en cuenta los US$ 4.400 millones que el FMI entregó de manera anticipada y que se suponían que quedarían disponibles al cierre del corriente año.
Frente a la incertidumbre que generan estas dinámicas, que por cierto no son las únicas negativas que exhibe la economía argentina, la renuencia de las autoridades a intentar algo más que repetir las recetas sectoriales incrementa los riesgos de más intervencionismo regulatorio y más volatilidad normativa. Vale la pena aclarar que tampoco serviría una devaluación si al mismo tiempo no se implementa un plan que ataque el origen fiscal de los desequilibrios. Atacar el problema de divisas o el de deuda sin considerar las consecuencias sobre el balance del BCRA y, al mismo tiempo, descuidar o relativizar el ajuste de las cuentas públicas es una invitación a que el aguante se frustre más temprano que tarde. Como bien sostenía el economista Rudi Dornbusch: “En economía, las cosas tardan más en suceder de lo que se cree, y luego suceden más rápido de lo que se pensaba.”
*Economista.
