La Argentina es uno de los pocos países de la región donde la relación entre las industrias extractivas y las comunidades indígenas con derechos sobre el territorio en el que operan los privados no está institucionalizada. A diferencia de México, Bolivia y Colombia, por citar algunos Estados con actividad petrolera, no existe aquí ninguna normativa específica que establezca cómo debe instrumentarse la vinculación de las empresas con comunidades mapuche. La articulación entre actores con intereses lógicamente disímiles deviene, entonces, conflictiva y por demás compleja.
En Neuquén, principal polo hidrocaburífero del país, sobran los ejemplos que dan cuenta de esa tensión. En YPF, el mayor productor de petróleo y gas, prácticamente son moneda corriente. La petrolera bajo control estatal tiene paralizado desde diciembre un proyecto de inversión de US$ 85 millones para incrementar la producción de gas en Loma La Lata por la negativa de la comunidad Kaxipayiñ, que cuenta con reconocimiento territorial sobre ese yacimiento. Fuentes provinciales indicaron que la comunidad exige un pago de $ 50 millones para autorizar el ingreso al campo de dos nuevos equipos de perforación.
Gabriel Cherqui, máximo referente de los Kaxipayiñ, niega esa versión. “No se trata de una cuestión de plata. No queremos que sigan contaminando Loma La Lata sin que exista un plan de remediación ambiental para tratar los pasivos que ya existen”, explicó a PERFIL.
Como no existe una hoja de ruta que ordene de forma institucional la relación, las petroleras –YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell y Pluspetrol, entre otros– negocian un entendimiento particular con cada comunidad mapuche. Además de Kaxipayiñ se destacan la Paynemil y los Campo Maripe, aunque sólo las dos primeras están reconocidas legalmente. Los Campo Maripe reclaman una extensión significativa de hectáreas con acceso a Vaca Muerta, pero no pueden demostrar empíricamente su ancestralidad sobre esas tierras.
Internalizado. En reclamo al gobierno neuquino, mantienen bloqueado desde hace un año el acceso a la fracción oeste de Loma Campana, el mayor yacimiento no convencional del país, afectando otro proyecto de inversión de YPF. El mes pasado, la comunidad hizo lo propio durante un mes con un equipo de perforación en Bajada de Añelo, en un bloque compartido con Shell. “El costo de stand by por no poder acceder al equipo superó los US$ 700 mil”, indicaron allegados a YPF.
En total, las petroleras cuantifican en más de US$ 60 millones por año el impacto económico provocado por las medidas de fuerza –fundamentalmente, cortes– de las comunidades mapuche.
Con mayor o menor nivel de tensión, la relación de las petroleras con las comunidades indígenas de Neuquén siempre es tensa. “No nos oponemos al desarrollo de la actividad petrolera ni compartimos la metodología violenta de algunos grupos radicalizados como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, respondió Cherqui, que también es representante de los Campo Maripe.
En conjunto, la industria petrolera abonó más de $ 100 millones a las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil en concepto de derecho de servidumbre. Cherqui relativiza ese número. “Nunca cobramos una cifra tan alta”, respondió.
El impulso oficial a Vaca Muerta enciende las alarmas. Si consigue avanzar con inversiones en los yacimientos del sur, la tensión con las comunidades y agrupaciones que se conoció en los últimos días serán sólo el comienzo de una saga.
