Argentina debe importar gas, de Bolivia o a través de barcos, porque no realizó, en tiempo y forma, las obras para extraer el fluido que emana del yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.
En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri había diseñado todo el proceso de licitación para realizar ese gasoducto, con una “inversión privada” por unos US$ 1.800 millones, que no solo le permitiría a Argentina autoabastecerse, sino también exportar gas licuado.
Pero la crisis financiera y cambiaria de ese año puso en un “freezer” esa licitación,; un año más tarde ganó las elecciones presidenciales Alberto Fernández, y todo quedó en la nada.
Dos años y un par de meses después, en medio de una explosión de los precios del petróleo y el gas como efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno aceleró los plazos y licitará la construcción del tan ansiado gasoducto, ahora bajo el nombre Néstor Kirchner, pero con inversión del Estado.
El próximo 31 de marzo, la Secretaria de Energía, a manos de Darío Martínez, abrirá los sobres de la licitación con las propuestas para proveer 656 kilómetros de caño para la realización de este gasoducto.
La compulsa promete una disputa entre las siderúrgicas chinas y las argentinas, encabezadas por el Grupo Techint. Se descuenta que si las empresas orientales presentan un valor más conveniente, las pertenecientes a Paolo Rocca pedirán que se investigue si no hubo “precio de dumping”, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades.
Pero más allá de la demora que implique eso, no se espera que el gasoducto esté construido para antes de 2024, incluso el ex secretario de Energía Emilio Apud apuntó a que “estará finalizado y operativo recién para 2028”.
Un poco más optimista resultó el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, quien aseguró que durante este invierno “habrá falta de gas” en las industrias, debido al efecto combinado de una menor disponibilidad de fluido y la falta de dólares para comprarlo, y consideró que el gasoducto “en el mejor de los casos estará terminado en 2024”, debido a los problemas de la falta de ciertos insumos, porque no son solo caños.
Para tener una idea de lo que significa en términos económicos la construcción de este gasoducto habrá que señalar que la invasión rusa a Ucrania hizo que el precio del gas escalara de US$ 8 hasta los US$ 60 por millón de BTU en solo un par de meses.
El año, mientras el Gobierno reconocía a los productores locales US$ 4,70 el millón de BTU la forma en la que se paga el gas, se importaba a US$ 8,5.
En medio de este panorama, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se metió de lleno en el tema de la energía, que le corresponde a su cartera, y anunció a los principales empresarios petroleros argentinos, norteamericanos, británicos y holandeses que el Gobierno flexibilizará “en los próximos días” los movimientos de la cuenta capital para favorecer las inversiones.
“Tenemos las regulaciones de capital, que hoy tienen un sentido, fueron implementadas en 2019 por la anterior gestión y han ido evolucionando en nuestra administración”, reconoció Guzmán ante los empresarios reunidos en el CERA Week 2002 en Houston a comienzos de marzo, y lo repitió la semana pasada en Buenos Aires.
En ese marco destacó que “para que haya inversión de escala es importante ir adaptando este esquema de regulaciones (de capital), en particular para el sector de la energía”.
Algo más que un problema de traducción. Pero más allá de la promesa de Guzmán, lo cierto es que el interés por el petróleo y el gas argentinos es acotado. Así lo registró el canciller, Santiago Cafiero, cuando viajó a Arabia Saudita y no logró convencer a los empresarios de invertir en suelo local.
A pesar de los esfuerzos de Cafiero por traducir al inglés un discurso que estaba escrito en español, lo cierto es que los empresarios árabes le reclamaron al Gobierno la aprobación legislativa del Tratado de Protección de Inversiones firmado en 2018 entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos, cuyo emirato más importante es Dubai.
Ese tratado otorga un estatus especial a las inversiones de ese país y abre la puerta a los tribunales internacionales en caso de controversias o incumplimientos de contrato, tal como ocurre con los títulos de la deuda. Sin embargo, desde el kirchnerismo, que maneja el área de energía, se oponen a esa posibilidad, a la cual consideran una “resignación de soberanía”.
