El empresario Enrique Blaksley, socio mayoritario de Hope Funds, volverá a ser indagado por la Justicia. Será el próximo 17 de marzo, fecha en la que fue convocado por el juzgado federal a cargo de María Servini, para ampliar la indagatoria que hace 18 meses dio ante la anterior jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, quien tras declararse incompetente en el expediente debió remitirlo a los tribunales de Comodoro Py. Así lo adelantaron a PERFIL fuentes de la causa que agregaron que junto a él también deberán presentarse: Federico Dolinkué, socio minoritario de Hope Funds, el ex abogado de la firma, Pablo Willa, y Manuel Vilar, un inversor que habría celebrado contratos plagados de irregularidades con ellos, tal como detallaron otras fuentes del caso.
Luego de la última de las indagatorias, Servini tiene 10 días hábiles para decidir si procesa a los imputados por distintos delitos, entre ellos estafa, evasión agravada y lavados de activos.
En el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde está ubicado el juzgado federal 1, cinco miembros del equipo de Servini trabajan full time para terminar de certificar las cincuenta nuevas cajas con documentación que llegaron, en los últimos días, desde el juzgado de Arroyo. Y se adentran en los 14 cuerpos que les enviaron previamente. Verifican “contratos de mutuos”, el formato en el que bajo cierta forma funcionaba Hope Funds, para tomar dólares de los ahora damnificados y devolverlos, supuestamente, con más del 12 % de interés anual. Blaksley operó con fuerza en zona norte, de donde es oriundo y creció en el seno de una familia tradicional, siendo el mayor de 15 hermanos. Con Hope Funds se dedicó no sólo al negocio de las inversiones y a traer deportistas al país (como Usain Bolt o Roger Federer), sino también al mercado inmobiliario, donde dejó otra serie de irregularidades.
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La primera de las causas que se acumularon contra él comenzó en 2014, en el juzgado de Arroyo Salgado, tras una presentación de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y de Lavado de Activos (Procelac) ante la sospecha de que Hope Funds operaba con 521 inversores de los cuales sólo tres podían justificar sus ingresos. En ese expediente hubo, además de indagatorias, varios pedidos de exhortos (a Australia, España y Colombia), ampliatorias y careos entre los acusados. En tanto que en lo de Servini, originalmente se recibió la de los damnificados por Blaksley, y los otros imputados, que buscan recuperar el dinero que aportaron a Hope Funds y que no tuvieron de vuelta. Se trata, en su mayoría, de ahorristas chicos que se vieron seriamente perjudicados.
A esas dos causas se sumó una tercera, que fue la última en llegar desde los tribunales de San Isidro, por lo que todavía no hay mayores precisiones, con una sorpresa: allí Blaksley es denunciante.
