YPF, la petrolera controlada por el Estado, aumentó esta semana un 3,5% el precio de los combustibles. Fue la segunda suba en 15 días, con un alza total del 8% en surtidores. La segmentación en dos tandas –que tomó por sorpresa al resto de las refinadoras– fue la estrategia que eligió la empresa para ganar tiempo y conocer la tendencia de variables claves del negocio, como precio internacional del barril de crudo y tipo de cambio, según explicaron a PERFIL allegados a la compañía. Por lo bajo, también admitieron que se evitó concentrar todo el aumento en enero para para no meter más presión sobre la inflación de ese mes.
En el Gobierno desmienten tensión entre la Casa Rosada y el presidente de la petrolera, Miguel Angel Gutiérrez. “No existe ninguna tensión, hablo todos los días con Gutiérrez”, enfatizó un alto funcionario, que aclaró, sin embargo, que, con el incremento de esta semana, el precio de las naftas en la Argentina alcanzó la paridad de importación, es decir, cuesta lo mismo que traerla del exterior y que no habrá más subas. Sí reconoció, en cambio, que en marzo, una vez que entre en vigencia la reforma impositiva, podría haber un retoque adicional en las pizarras por la creación del Impuesto al Dióxido de Carbono que gravará el expendio de combustibles.
La dialéctica YPF-Gobierno es compleja por factores de distinta índole. La compañía es el mayor productor de hidrocarburos del país, con casi un 40% de la oferta nacional. Un 25% de la extracción de gas proviene de yacimientos no convencionales. Por tratarse de campos menos rentables el Estado accedió en 2013 a subsidiar a las petroleras que inviertan en esos reservorios. YPF lideró esa nómina por lo que, en 2017, tendría que haber recibido transferencias del Tesoro por US$ 700 millones, equivalente a casi un 20% del presupuesto anual de la empresa. No recibió un solo peso. Por la delicada situación fiscal de las cuentas públicas, el Ministerio de Hacienda pateó los pagos para este año, pero hasta ahora nadie explicó cómo cancelará esa deuda.
Para financiar su programa de inversiones, la petrolera está, entonces, obligada a aumentar los precios de los combustibles en línea con la evolución del barril a nivel internacional. De lo contrario, deberá ralentizar sus proyectos, algo que ya está pasando. En los últimos 15 días YPF comunicó a sus contratistas que realizará menos etapas de fractura en Vaca Muerta que las previstas. Paradójicamente, el descenso del precio de crudo –retrocedió casi un 10% esta semana por la caída de Wall Street– tal vez sea una buena noticia para la compañía y fundamentalmente para el Gobierno, que evitará así nuevas subas en surtidores.
Designación. En lo político, la próxima cita entre YPF y el Ejecutivo será en pocas semanas, cuando el directorio de la petrolera trate la elección del nuevo CEO de la empresa tras el fallido paso de Ricardo Darré, que dejó el cargo en agosto pasado. Daniel González, vicepresidente de Finanzas, es quien parece número puesto para asumir ese liderazgo. Formado en Merrill Lynch, González llegó a YPF durante la gestión de Miguel Galuccio y con el tiempo ganó ascendencia sobre la alta gerencia de la empresa. Hoy cuenta con el respaldo de Gutiérrez y, en la práctica, se mueve como un COO que está encima de todas las operaciones de la empresa. Fue, incluso, quien diseñó el plan quinquenal de YPF para el período 2018-2022.
González cuenta con el aval de miembros estratégicos del directorio. Pero en ese check list resta cubrir una opinión clave, la del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que a principios de 2016 avaló a Darré, ingeniero en petróleo, por sobre el propio González. Dos años después la historia vuelve a repetirse. Desde la Casa Rosada le tiraron la pelota a YPF. “El nuevo CEO será elegido sólo por el directorio sin otra injerencia política”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete.
Buscan disimular los incrementos de gas
El Estado trabaja contrarreloj para instrumentar cambios en la metodología de facturación del gas a fin de amortiguar la suba de tarifas prevista para el próximo 1º de abril. En concreto, el Ente Regulador del Gas (Enargas) y las empresas distribuidoras –como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi– están evaluando cómo aplanar el esquema tarifario en hogares, comercios y Pymes para evitar que los mayores montos de las boletas de gas se concentren en el invierno. Lo que se pretende es distribuir esa suba a lo largo de un período más amplio para neutralizar los saltos en la facturación registrados en el cuatrimestre que va de mayo a agosto.
El próximo aumento –que prevé una mejora del 40% para los ingresos de distribuidoras y transportistas de gas– contemplará también la inflación (se tomará como referencia la evolución del IPIM) de los últimos seis meses, cercana al 16%. A su vez, está previsto un incremento del precio del gas en boca de pozo. Con el dólar por encima de los 20 pesos, el impacto de la suba del valor que reciben los productores de gas será significativo.
Una vez aplicada la suba prevista para abril, las facturas de gas serán hasta un 90% más caras que las de abril de 2017 según el tipo de usuario.
