domingo 26 de junio de 2022
ELOBSERVADOR Por más empleo

Indemnización y empleo para todas, todos y todes

La respuesta para reactivar la economía y el mercado laboral está en la Mochila Argentina.

19-11-2021 15:30

Como todos los años, la Marcha del Orgullo, cuya edición 2021 fue realizada unas semanas atrás, nos recuerda que los avances en materia de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades son, cada vez más, algunos de los principales indicadores del nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas.

La Argentina ha tenido el privilegio y el mérito de estar entre los países pioneros en legislar ciertos derechos que aún hoy se debaten en muchas democracias del primer mundo. Podríamos por ello ilusionarnos con la idea de presentarnos ante la comunidad internacional como nación ejemplar, de vanguardia, pero de hacerlo, estaríamos incurriendo en un error fundamental: lamentablemente, las cuentas pendientes que hace años acarreamos en materia económica nos devuelven un golpe de realidad. Nuestro objetivo como país, en definitiva, debe ser profundizar la inclusión y el desarrollo de manera conjunta: una agenda de ampliación de derechos que no atienda las condiciones materiales de la población será siempre insuficiente.

En ese marco, nuestro mayor desafío en la actualidad es encontrar la manera reactivar la economía para reducir el nivel de pobreza. Creo fervientemente que la Mochila Argentina tiene la capacidad de hacer ambas cosas, beneficiando tanto a trabajadores como empleadores al mismo tiempo. Pero antes de examinar la propuesta en detalle, debemos mirar la coyuntura actual, que es producto de cuestiones estructurales de larga data.

La Argentina ha tenido el privilegio y el mérito de estar entre los países pioneros en legislar ciertos derechos que aún hoy se debaten en muchas democracias del primer mundo.

Según anunció el INDEC a fines de septiembre, la pobreza alcanza al 40,6% de la población. El PBI per cápita, en tanto, se ha contraído más del 15% en la última década —12%, si excluimos los últimos dos años. Resulta desconcertante que, en este contexto, haya actores que reclamen por una reducción de la jornada laboral, como si al distribuir el actual nivel de producción entre una mayor cantidad de trabajadores se estuviera abordando realmente el problema de fondo. Es cierto que, por estos días, en algunos países desarrollados, hay sectores que buscan instalar ese debate, pero no podemos ignorar las diferencias entre la situación de, por ejemplo, Finlandia y la nuestra. Ahora bien, dado que la manera en que cada país elige definir y, por ende, medir la pobreza responde a sus urgencias específicas, las estadísticas, en rigor de verdad, no son comparables. Pero sí podemos afirmar una cosa: la finlandesa no es una sociedad en la que más del cuarenta por ciento de las personas tengan sus necesidades básicas insatisfechas. En efecto, tenemos un largo camino por recorrer para llegar al punto en que el aumento de nuestro bienestar pueda estar ligado a trabajar menos.

Lo que la economía argentina necesita es, sin lugar a dudas, dinamizarse para incrementar la producción de bienes y servicios. Solo el sostenido crecimiento de la actividad creará la riqueza necesaria para aplacar las carencias de las más de 18 millones de personas actualmente postergadas. En épocas anteriores, una forma de buscar ese dinamismo era la devaluación, pero hoy, aun con un salario mínimo que, valuado en 300 dólares, está lejos de ser de los más altos de la región, no estamos ante el despegue que cabría esperar.

Nuestro objetivo como país, en definitiva, debe ser profundizar la inclusión y el desarrollo de manera conjunta

Entonces, dada la actual competitividad de los salarios argentinos, el problema no puede radicar en éstos sino en sus costos asociados: lo que frena el crecimiento del mercado laboral es nuestro marco indemnizatorio increíblemente prohibitivo. Y los perjuicios generados por éste, por cierto, alcanzan a todos los actores de la economía.

En primer lugar, los empresarios son rehenes de la industria del juicio laboral: desgraciadamente, son muchas las pymes que, ante un fallo desfavorable, deben recurrir a cerrar sus puertas. Debe ser revisado este paradójico escenario en el que una medida que supuestamente busca proteger el empleo tiene el efecto de eliminar más puestos de los que corrían riesgo originalmente. Por esta amenaza latente, el actual marco indemnizatorio acaba inhibiendo la contratación de personal y, de ese modo, restringe la capacidad de las empresas de responder a incrementos de demanda, en última instancia limitando sus posibilidades de crecimiento.

A su vez, no debería sorprender que los trabajadores también estén entre los principales afectados por el presente marco. Para empezar, señalemos que, según algunas estimaciones, al menos el 35% de aquéllos se desempeña en condiciones de informalidad. ¿Qué sentido tiene, realmente, un sistema indemnizatorio con un punto ciego de ese tamaño? ¿Qué indemnización reciben quienes están fuera de todo convenio?

 Lo que frena el crecimiento del mercado laboral es nuestro marco indemnizatorio increíblemente prohibitivo. 

Además, incluso al tener en cuenta el empleo formal, menos del 20% de los trabajadores cobran sus indemnizaciones. Asimismo, quienes logran cobrarlas en su totalidad son aún menos, dado que en muchos casos deben dividirlas con sus abogados.

Finalmente, no olvidemos mencionar a los más perjudicados por el mencionado marco: los subocupados y los desocupados (alrededor de 1,5 millones y 1,3 millones, respectivamente, según el INDEC) cuyo ingreso pleno al mercado laboral es negado.

En este contexto acuciante, el Estado se ve obligado a asumir el rol de empleador de último recurso, lo cual incrementa su costo y, por ende, la presión fiscal, que frena el consumo, dando lugar a un ciclo vicioso signado por el estancamiento.

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Hay quienes aseguran que si las condiciones macroeconómicas mejoran, también lo hará el nivel de empleo. Pero el orden auténtico de los factores es inverso: aquéllas no podrán mejorar por mucho tiempo mientras las empresas no tengan una sostenida propensión a emplear, pues de no ser así, no bajará el gasto público y, con ello, tampoco lo harán el déficit y la inflación.

Veamos, entonces, por qué la Mochila Argentina es un proyecto capaz de brindar soluciones a todos estos focos de conflicto, reduciendo los costos de las empresas y ampliando los derechos de los trabajadores a la vez. En resumen, propone cambiar el actual marco indemnizatorio por un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), pagado por las empresas, sobre sus nóminas salariales. El SGI, que será administrado por el Estado, garantizará que el 100% de los trabajadores cobren sus indemnizaciones sin necesidad de hacer juicio. Las recibirán en pagos mensuales, actualizados por inflación, hasta agotar la cantidad de años de antigüedad acumulados en sus mochilas o hasta conseguir un nuevo empleo, sin por ello perder las cuotas que hayan quedado sin cobrar. Incorporan, así, un activo seguro a cambio de un derecho de difícil cobrabilidad.

Ahora que han pasado las elecciones, nuestro país debe concertar acuerdos con miras al futuro para volver a ponerse de pie.

¿Por qué hablamos de una ampliación de los derechos de los trabajadores? Por un lado, ya no perderán su antigüedad al cambiar de trabajo. En vez, la llevarán de empresa en empresa, como en una mochila, lo cual les dará mayor libertad para moverse en busca de mejores salarios. Por otro lado, la mencionada reducción de la litigiosidad será consecuencia natural del fin de la distinción entre despidos con y sin causa: quienes tengan antigüedad acumulada y se queden sin trabajo, empezarán a cobrar su indemnización —es así de simple. Incluso, accederán a ésta quienes finalicen su vínculo laboral por decisión propia, ya sea para estudiar, descansar o buscar otro trabajo. Además, la Mochila Argentina será heredable en caso de muerte de la persona asegurada y servirá como complemento a la jubilación.

Para las empresas, por su parte, será más factible crecer, dados los incentivos para tomar personal y la mayor previsibilidad financiera. La reactivación del empleo en el sector privado, a su vez, hará que éste vaya incorporando personal que hoy se desempeña en el Estado, atraído por los salarios más altos. La consecuente reducción del gasto público, por su parte, permitirá reducir la presión fiscal. Incluso los sindicatos se verán beneficiados, ya que el descenso del desempleo y de la precarización del trabajo aumentará sus bases de afiliados.

Ahora que han pasado las elecciones, nuestro país debe concertar acuerdos con miras al futuro para volver a ponerse de pie. De cara a esta oportunidad histórica, es hora de ponernos la Mochila Argentina y generar oportunidades para todas, todos y todes.

*Empresario. Impulsor de la iniciativa Mochila Argentina.