Desde el final de la última dictadura, en 1983, se han propuesto diversas reformas para alinear el sistema judicial con la Constitución, pero sólo se han logrado avances limitados. La implementación total del Código Procesal Penal Federal se ha convertido en una necesidad crítica para nuestra democracia, que ya no puede ser postergada.
La Constitución argentina dicta que los juicios penales deben ser orales, públicos, transparentes, acusatorios y decididos por jurados populares, y que las investigaciones penales deben estar en manos de una Fiscalía autónoma e independiente. A diez años de que el Código Procesal Penal Federal se estableciera como ley de la Nación, en 2014, su completa implementación ha enfrentado un sinnúmero de obstáculos creados para proteger intereses ilegítimos.
Actualmente, solo un distrito federal ha implementado el nuevo Código, dejando al resto del país con un sistema judicial lento, anticuado, opaco, ineficiente, y frecuentemente aliado con la corrupción y el abuso de poder.
En otro vecindario de Ciudad Gótica, Comodoro Py hace gala de su capacidad para mantener en un cajón, durante décadas, los casos más relevantes de Argentina, sin distinciones partidarias. Los pretextos para no avanzar, como “las condiciones aún no están dadas” o “no estamos preparados”, ocultan a menudo, una inacción intencionada que perpetúa un sistema judicial plagado de favoritismos, acuerdos políticos prebendarios y corrupción.
En el Congreso Nacional existen iniciativas, como la del diputado Fernando Carbajal, que buscan desmantelar la ineficaz Comisión Bicameral responsable de la implementación, y transferir esa función al Ministerio de Justicia, estableciendo un límite máximo de dos años para la activación completa del Código a nivel nacional. Mientras tanto, los contribuyentes siguen financiando un sistema de Justicia Penal Federal macrocefálico, cuyos servicios solo benefician a la Ciudad de Buenos Aires.
El reciente cambio de gobierno ofrece una ventana para avanzar en la adopción del modelo acusatorio con jurados. Los recursos necesarios están disponibles. Se necesita imaginación, competencia técnica y un manejo responsable de los fondos públicos.
Provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya han asumido la mayor carga de trabajo, tomando el tratamiento de casos de microtráfico de drogas. Mientras tanto, provincias como Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Salta, Jujuy y Chubut han implementado y mantenido modelos acusatorios con presupuestos modestos, tomando en serio la Constitución. Allí existe un rico reservorio de capacidades técnicas, remedios legales y buenas prácticas necesarias para una implementación efectiva.
La misión esencial de la Justicia Penal Federal es la confrontación de la criminalidad organizada. La situación en Argentina y el contexto latinoamericano demuestran crudamente cómo la incapacidad de los Estados para controlar dicha criminalidad puede amenazar la propia existencia de la democracia.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿seguiremos alimentando los privilegios de una Justicia obsoleta, ineficaz y anacrónica, o nos esforzaremos por avanzar hacia una institución judicial que proporcione las respuestas que Argentina urgentemente necesita?
*Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario. Fiscal de la Provincia de Santa Fe.
