A días de terminar su mandato, la gestión macrista de la seguridad ha sido eficaz en la construcción de un mito tan poderoso para despertar la adhesión de un sector de la sociedad apelando a la representación de aspiraciones en la materia, como para esconder los magros resultados en la protección de la vida, libertad y patrimonio de los ciudadanos, el orden público y las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Ciertamente, como en otras áreas de gobierno, la gestión macrista ha elegido transformar las percepciones sobre la realidad antes que la realidad misma, postergando así una agenda de reformas de las instituciones y políticas de justicia y seguridad que son hoy parte del problema y desde hace más de una década claman a gritos una profunda modernización.
De Sorel a “Wag the dog”. A comienzos del siglo XX, el francés Georges Sorel (1847-1922) explicaba que los mitos, en tanto sistemas de imágenes, presunciones, y ficciones que representan aspiraciones morales y vitales de algún colectivo, cumplían una función esencial que en las sociedades modernas. Su fuerza y valor no radica en la constatación de los hechos que dice explicar o en la veracidad de sus proposiciones, sino en la fe que despierta, apelando a miedos, prejuicios o necesidades, y –fundamentalmente– a su capacidad de movilizar tales voluntades hacia la acción colectiva. Así, en su versión soreliana, el mito era un instrumento para la transformación social.
En 1997, la película “Wag the dog” (“Mentiras que matan” en Argentina)–protagonizada por Robert De Niro y Dustin Hoffman– contaba la historia de un asesor del presidente norteamericano que contrata a un productor cinematográfico para literalmente inventar una guerra con Albania (no existe tal guerra, se dice que existe y se graban escenas de ella para su transmisión televisiva), de modo de distraer al público de un escándalo en plena campaña electoral. Así, en su versión “hollywoodense” el mito pasa a ser un instrumento para transformar la percepción de la realidad.
En tal sentido, la gestión macrista en seguridad ha sido sumamente exitosa en la construcción de un mito en la materia, echando mano a mensajes (vgr. “combate a las mafias”, “narcotráfico cero”, etc.), protagonistas y acciones (leyes, decretos, resoluciones, operativos) enderezados a representar fielmente las legítimas aspiraciones de protección de sectores importantes de la sociedad. No obstante, es un mito “hollywoodense”, pues se encuentra limitado a transformar la percepción de seguridad en beneficio de la gestión, antes que de movilizar voluntades para modificar la realidad.
La cruel realidad. Desde hace algunos años, la Argentina está inserta en un proceso de expansión y complejización de las amenazas a la vida, libertad, patrimonio, e instituciones democráticas. Frente a ello, nuestros sistemas de seguridad, justicia y carcelarios acumulan serias vulnerabilidades que afectan las capacidades de prevenir, disuadir, y/o conjurar dichas amenazas.
En efecto, el volumen relativo de delitos ha mostrado una tendencia significativamente creciente desde la recuperación de la democracia, con picos en el 2002 y 2014 (ver gráfico 1). Si bien la Argentina carece de un sistema de registración medianamente razonable que permita conocer los hechos criminales que efectivamente ocurren, la magnitud del crecimiento permite suponer tal expansión. En este contexto, la gestión macrista recibió el volumen de delitos en baja y, producto del rebote experimentado en 2018, lo entrega presumiblemente en alza, de confirmarse en 2019 la tendencia registrada en el primer semestre en la provincia de Buenos Aires, determinante para el promedio nacional. Este volumen de hechos afecta directamente al 30% de los argentinos residentes en los centros urbanos del país (ver gráfico 2), no habiéndose modificado durante la gestión macrista. Esto constituye un indicador del (escaso) impacto de las políticas implementadas en este período.
Tal proceso de expansión se encuentra estrechamente vinculado con la creciente complejización que viene experimentando la actividad criminal. En efecto, en Argentina existe una pluralidad de especies de mercados ilegales, con distinto grado de magnitud y sofisticación. Hay mercados ilegales de bienes, como autos/autopartes, celulares/dispositivos tecnológicos, armas, indumentaria, bienes culturales/antigüedades, animales exóticos, tierras/viviendas, cigarrillos, alimentos, etc. Así también, existen mercados ilegales de servicios, como apuestas/juegos de azar, cambio de divisas, trata de personas/prostitución, préstamos de dinero, beneficios/excepciones a regulaciones estatales, y protección física/funcional (vgr. mafia china). Estos bienes y servicios los proveen empresas criminales que comienzan a presentar niveles crecientes de sofisticación.
De todos estos mercados, el que despierta mayor atención es el mercado de las drogas. Todos los indicadores que la actual gestión presente como logros –vgr. cantidad de drogas decomisadas, de personas arrestadas, etc., son, en realidad, evidencia de fracaso, como se explicara en este espacio (https://www.perfil.com/noticias/elobservador/sin-informacion-de-calidad-es-inutil-debatir-sobre-la-eficacia-del-combate-a-las-drogas.phtml). De hecho, la reciente declaración de “emergencia sociosanitaria en materia de consumos problemáticos” de la Ciudad de Buenos Aires nos releva de mayores precisiones.
Casi todos estos mercados cuentan con un grado de patrocinio estatal, lo que explicaría el bajo nivel relativo de homicidios dolosos que experimenta Argentina. En este aspecto, los primeros dos años de gestión macrista continuaron con la tendencia presuntamente descendente, al punto de llegar al piso registrado en la década anterior (ver gráfico 3). La falta de certeza se debe a que al comparar los homicidios dolosos registrados con la base de datos de mortalidad, surgen preocupantes inconsistencias. Adicionalmente, aquel patrocinio está carcomiendo los cimientos mismos de las instituciones estatales, tanto las agencias de control –policía, justicia, aduanas, etc., como los órganos políticos–intendentes, concejales, etc.
Este proceso de expansión y complejización de los delitos, por un lado, y el patrocinio estatal de alguno de ellos, por otro, impacta en los niveles de inseguridad subjetiva. En efecto, según el Observatorio de la Deuda Social (ODS/UCA), en el 2018: i) el 70% de la población del país declaró sentirse poco o nada seguros en su barrio, en su casa o en la calle/viajando en transporte público; ii) el 64,5% declaró como muy o bastante probable la posibilidad de sufrir un delito; y iii) solo el 26% declararon confiar en la policía o la Gendarmería.
Una agenda de reformas. Frente a este proceso de expansión y complejización, los sistemas de seguridad, justicia y carcelarios argentinos han resultado incapaces de contener sus efectos y revertir sostenidamente las tendencias. Ello se debe a que, simplificando, tales sistemas carecen de la capacidad de ofrecer niveles adecuados de prevención, disuasión, incapacitación (por sanción) y desistimiento del delito, los cuatro ejes de intervención a través de los cuales se puede controlar los delitos.
Como también se ha explicado en este espacio en los últimos cuatro años, la gestión macrista de la seguridad optó por administrar aquellos sistemas, en lugar de transformarlos. Así, se inclinó –sobre todo en los últimos dos años– por la adopción de medidas tan estridentes como insuficientes para reducir las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad, justicia y carcelarios. Ciertamente, la supuesta participación de las FF.AA. en la seguridad interior, la pretendida “Doctrina Chocobar”, el “Servicio Cívico Voluntario”, el programa “Ofensores de Trenes”, por citar algunos casos, constituyen piezas de comunicación política antes que de políticas públicas. Ninguna de ellas corrige el estado de vulnerabilidad respecto al control de flujo de bienes, dinero y personas por nuestra frontera norte; ni el estado de desprotección y abandono que tienen los funcionarios policiales en el ejercicio de su función; ni modifica factores que influyen en la propensión criminógena de grupos en riesgo, la transmisión intergeneracional de conductas antisociales, o la existencia de ambientes criminógenos.
Asumiendo que la política no transcurre por carriles completamente racionales, la responsabilidad de los funcionarios –habida cuenta de la magnitud y complejidad de las amenazas y el estado de vulnerabilidad de los sistemas– consiste en emplear los mitos, pero en clave soreliana. Esto implica presentar y desarrollar una agenda de transformación de las instituciones, prácticas y doctrinas en rededor de las cuales se gestiona la seguridad, de modo de revertir el mentado proceso de deterioro.
*Politólogo. Especialista en seguridad.
