En Argentina el crimen organizado adopta una forma particular, comparado con el resto de los países de la región latinoamericana. “La idea de organizaciones criminales es difusa. Cuando se mencionan estos términos hay quienes piensan en los carteles de droga de Colombia, pero la realidad criminal argentina es muy distinta a todo eso”, explica el fiscal de Rosario Luis Schiappa Pietra.
Esta diferencia se manifiesta de varias formas. Una de ellas es, en la mayoría de las provincias argentinas, la ausencia de violencia extrema por parte de los grupos criminales. Como ejemplo de la gravedad de la región: en Colombia, más de 11 mil personas fueron asesinadas en 2022. En cambio, en Argentina, se cometieron poco más de 2 mil homicidios en 2021. La fundación Insight Crime señala que el país “no padece los altos niveles de violencia que afectan a otros países latinoamericanos”.
La segunda diferencia, como explican las investigadoras del Conicet Carolina Sampó y Ludmila Quirós, en su texto Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación estatal para combatir su avance, es que aquí “las estructuras criminales no logran controlar las ciudades enteras, sino que se concentran en enclaves concretos que suelen ser pobres y marginales, como las villas”.
En México, diferentes organizaciones mafiosas tienen bajo su control escuelas, comedores, hospitales y clubes, con el objetivo de obtener el apoyo de las comunidades. Este tipo de situaciones se registran en Veracruz o Tamaulipas y no son una novedad. “Ha habido varios ejemplos históricos de grupos criminales de México que proporcionan bienes esenciales a las comunidades locales, especialmente durante la reciente pandemia del coronavirus”, dice Insight Crime.
Por lo tanto, mientras que las instituciones argentinas continúan funcionando con normalidad, y los grupos criminales son una excepción marginada, en otras partes de la región los carteles han tomado el control total del territorio, convirtiéndose en la autoridad institucional que no solo organiza el negocio de las drogas sino que se involucra en aspectos como la escolaridad, convirtiéndose ellos mismos en el Estado. Frente a la ausencia de intervención estatal, las organizaciones criminales se posicionan como la hegemonía dominante, que es “aceptada” por las comunidades al involucrarse y hacerse cargo de otras actividades necesarias y no delictivas.
Esta disposición existe en Argentina, aunque en menor escala, en forma de diezmo al señor (en vez de feudal, narco). El fiscal indica: “Las bandas están muy vinculadas a sus territorios y sus objetivos están muy enfocados en obtener un dominio territorial para apropiarse de los puntos de venta. Una vez apropiados del gobierno de la seguridad pública, instalan sus propias lógicas de administración del espacio público. Han logrado establecer el miedo y la inseguridad de muchos de los actores sociales y comercios y, por lo general, les venden ‘tranquilidad’ a cambio de un dinero que pasan a retirar periódicamente”.
Otra manifestación de las diferencias de los grupos criminales de Argentina con los de la región es que, aquí, explican las investigadoras Sampó y Quirós, “no existen ni han existido grandes bandas criminales que hayan perdurado en el tiempo”, sino que “comenzaron a surgir hace pocos años” y “suelen caracterizarse por ser grupos pequeños que pueden conformarse a partir de un vínculo familiar”. La estructura “clásica” de grupos criminales en Argentina son los clanes: “Familias enteras se consolidaron alrededor del negocio de la droga”. Y una característica de ellos, clave para explicar la menor violencia en el país, es que los clanes, en general, indican las especialistas, “no compiten entre sí”.
Por último, otra diferencia a señalar, también de la misma investigación del Conicet, es que “el narcotráfico, principal negocio de muchas de las organizaciones criminales, no es el espacio central que tienen (las organizaciones) en Argentina”.
No solo son narcos. Si bien una de las actividades principales de las organizaciones criminales es el narcotráfico, esta área no es la única. La particularidad del negocio narco es que mueve otros mercados ilegales. En la región latinoamericana se encuentran tres grandes productores de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, y las organizaciones que tienen como principal ingreso la venta de drogas “desarrollan accesoriamente actividades vinculadas al tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando de mercancías y la explotación ilegal de recursos naturales”, explican las investigadoras Sampó y Quirós.
Ellas indican que “el lavado de activos es transversal a todas las manifestaciones, ya que es la única forma de insertar el dinero generado de forma ilícita en el mercado legal”. Las actividades criminales son diversas, y como indica el Plan Federal de Abordaje del Crimen Organizado 2021-2023, entre ellas se incluyen los delitos ambientales; el robo automotor y la venta de autopartes; la venta de armas; el contrabando de granos y mercancías; y los ciberdelitos como el hurto de identidad, el acoso sexual online o el robo de datos personales.
Vale mencionar que el Plan considera “la reutilización de los bienes secuestrados y decomisados en el proceso penal por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales” para frenar el desarrollo de la economía de los criminales. Señalan la necesidad de modernizar las fuerzas “para prevenir y conjurar el delito complejo en el siglo XXI” y de implementar un control integral “por aire, tierra y agua en las fronteras”.
Criminales argentinos. Entonces: ¿cómo actúan las organizaciones criminales argentinas? Claro que hay narcotráfico, pero Argentina tiene un “papel predominante como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas”, indica Insight Crime. “Los clanes comienzan a construir alianzas con fuerzas policiales y judiciales para asegurarse la impunidad, pero también tejen redes con el poder político local, por ejemplo intendentes, lo que les otorga protección en el negocio ilegal, además de ganancias mutuas”, dicen las investigadoras.
Además, “se benefician de su posición fronteriza. Se cree que Argentina ‘importa’ una buena cantidad de mujeres paraguayas y dominicanas para prostíbulos”. También ayudan a ingresar a migrantes por pasos no habilitados, con previo pago de sobornos, para luego “trasladarlos al barrio porteño de Once”.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es el escenario perfecto para la ilegalidad. Es un espacio boscoso, con una extensión de 2.500 km2, imposible de abarcar en su totalidad, al menos en su estado actual. “Argentina comparte frontera con países productores de drogas”, señala Insight Crimen. Y a esto se le suman “los más de 5.300 kilómetros de la costa atlántica hacia el suroeste (que) albergan numerosos puertos importantes, como el de la capital, Buenos Aires, a través de los cuales circulan cantidades significativas de bienes ilícitos y drogas desde y hacia los mercados internacionales”.
Sin embargo, “no todo el ‘problema’ –en este caso, el rosarino– se circunscribe al ‘narco’. Cuando se habla del narcotráfico como el gran flagelo y el único responsable de los hechos violentos que vemos a diario en los medios, se ofrece una mirada recortada del fenómeno y se ocultan las realidades sociales que están detrás de los problemas”, afirma el fiscal rosarino Luis Schiappa Pietra.
“Para empezar, en Rosario tenemos una situación bastante particular: un altísimo grado de exclusión social que se combina con un grupo de pibes y pibas de las periferias urbanas con una alta dosis de violencia en sus relaciones sociales, y de marginalidad en sus vínculos afectivos y de convivencia. Ellos ven en la venta de drogas al menudeo, y en la extorsión a comercios, una salida rápida a las dificultades que la vida les depara. En la gran mayoría de los casos, muchos de esos jóvenes actúan por cuenta propia y no pertenecen a estructuras criminales al estilo carteles”, explica.
Continúa: “Muchos de estos grupos tienen, más bien, una filiación generada por sus amistades y vínculos barriales. Por lo general, tienen alguna referencia a líderes ‘históricos’. Estos referentes mantienen su control asociado al temor o la admiración. Y además, disponen del poder de fuego en las calles”.
Continuidad criminal. Usted se preguntará por qué con todos estos datos que describen el manejo de las organizaciones estas siguen con su funcionamiento sin sobresaltos. Las dos variables centrales son, como explica el fiscal: por un lado, la falta de un Estado fuerte que logre imponer su poder en el territorio, y por el otro, la supervivencia de un negocio que genera ganancias (ilegales) que luego son colocadas en mercados formales.
“En Rosario estas dos variables están descontroladas. El negocio ilícito genera dinero que ‘se lava’ muy tranquilamente. Gran parte de ese dinero luego es inyectado en negocios de otra naturaleza; el inmobiliario ha sido uno de esos rubros afectados por esta inyección de dinero ilícito, con más de un caso que hemos llevado a juicio”, explica.
“A eso se le suma una policía desmembrada, con una connivencia con los mercados ilícitos fenomenal. En muchos casos participan como un integrante más y a las órdenes de otros actores criminales más relevantes. Llama la atención ver a tantos policías que, lejos de ser quienes manejan el negocio, pretendiendo así una suerte de regulación ilegal de estos mercados, ni siquiera aspiran a eso, y solo se los ve procurando obtener algo de esas ganancias”, afirma.
“En un caso particular, varios policías habían investigado una asociación criminal, investigación que permitió la detención de varios de sus miembros. Uno de esos agentes que indagaba a ese grupo era parte de la banda contraria”, señala Schiappa Pietra. “Este año, con una nueva denuncia, en ambos casos intervino la jurisdicción local que los juzgó por delitos de competencia provincial. Esto es parte de la debilidad del Estado”, finaliza.
