“La verdad, siempre” es el lema del semanario entrerriano Análisis, quizás el medio argentino que, desde una provincia y en condiciones muy difíciles, más y mejores trabajos realizó de periodismo de investigación en el país en los últimos veinte años. El lema es simple y contundente, pero también sabemos que la verdad es una construcción difícil y precaria, siempre provisoria. Nadie lo sabe mejor que Daniel Enz, editor de Análisis, quien va construyendo sus castillos de indicios con una paciencia y una prolijidad pasmosas.
En esa construcción de la verdad posible, la relación con las fuentes es el cemento. Se narran sospechas, diría el periodista Gerardo “Tato” Young, quien publicó un apasionante libro que se llama Los horribles. De Galimberti a Angelici. Operadores, espías y otras miserias de la política y el periodismo. “La política y los tribunales están repletos de esos hombres y mujeres que comercializan información y conectan gente. Suelen atender en confiterías, en hoteles, incluso en estacionamientos, pero muy rara vez en alguna oficina”, describe el autor. “Estar, ver, oír, compartir, pensar. Es una fuente de información alimentada por otros. De eso se trata todo. Nuestro trabajo y el suyo (las fuentes). Lo que no significa que seamos lo mismo”, explica. “Este tipo de fuentes acepta las citas con los periodistas por dos razones básicas: contar lo que les interesa que se diga y de paso averiguar qué sabemos sobre eso mismo que les preocupa”, aclara Young.
Crítica y opinión. En varios de los más importantes casos del país, desde el atentado a la AMIA a la muerte de Alberto Nisman, el trabajo de los periodistas –dice Young– no era buscar verdades, sino “descartar las farsas que intentaban vendernos”. Y los especialistas en eso eran los agentes de inteligencia. Young eso lo tiene claro dado que reveló en dos de sus libros las prácticas del superagente Antonio Jaime Stiuso. Un periodista no es un hacker, ni un espía, ni un operador, pero merodea la misma ciénaga.
Hubo al menos dos veces en que desde el Estado se investigaron los contenidos de un medio periodístico; en sendas dictaduras.
La primera fue en 1930, cuando el jefe de Orden Político de la Policía Federal de la dictadura del general José Félix Uriburu, Leopoldo Lugones (h), el hijo del gran escritor, interrogó en la cárcel al director del diario Crítica, Natalio Botana. A ese medio, sus críticos lo llamaban “el órgano oficial del hampa”.
Esa dictadura creía que expurgaba al periodismo de un tumor maligno al acusar de crueldad manifiesta a ese periodista y analizar los contenidos de ese medio de comunicación.
El segundo caso fue en 1977, cuando el coronel Ramón Camps, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires de la última dictadura, secuestró a Jacobo Timerman y puso a un equipo de funcionarios y analistas de inteligencia a estudiar las ediciones del diario La Opinión.
Así como había hecho Uriburu, ahora Camps también consideraba que estaba dando la batalla decisiva por erradicar la subversión. Tras haber exterminado a la guerrilla, ahora tenía que exterminar las ideas culturales que la provocaron, “el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis de contenido de todos los números de La Opinión”, según Camps.
En esos interrogatorios en los sótanos le preguntaban a Timerman, entre otras cosas, por qué publicaba los pedidos de hábeas corpus. El equipo de Camps asistía al interrogador con un prolijo análisis de contenido de las ediciones del diario.
Periodisticidio. Ahora ha vuelto la fraseología periodisticida de hablar de “acción psicológica” y de “información ilegal”; pero es imposible que pueda instalarse en los tribunales sin ofender la alta protección constitucional que la profesión tiene. Introducir el delito de acción psicológica en una sociedad abierta debería ser un delito en sí mismo.
Como el periodismo es la “fábrica de fama”, de la que ya hablaba el semanario El Mosquito a fines del siglo XIX, son innumerables las personas e instituciones que quieren influirlo. Por eso, intentar criminalizar la influencia de un medio de comunicación es ridículo. Un medio es un espacio muy diverso de intentos de influencias cruzadas. Y cuanto más pluralista, más cruzadas esas influencias.
La argumentación que usan los críticos que respaldan la judicialización del periodismo profesional utiliza casos como el de Julius Streicher, periodista nazi, condenado en los Juicios de Nuremberg, o el de los periodistas de Ruanda que fogonearon el genocidio desde la Radio de las Mil Colinas, condenados por el Tribunal Penal Internacional. Y la estación final de ese tren de argumentos es el lawfare.
La diferencia esencial es que vivimos en una sociedad democrática. Por supuesto que en nuestra democracia no debe haber carnet de impunidad ni fueros particulares para los medios, pero criminalizar los procesos de persuasión en una democracia es como prohibir hacer pases en el fútbol: son la esencia de las reglas del juego. Y, a pesar de que algunos solo entiendan la política en forma literal como amigo/enemigo, la democracia no es la guerra.
Rafael Bielsa, en su reciente libro, Lawfare. Guerra judicial-mediática. Desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner, que escribió junto a Pedro Peretti, analiza las guerras mediáticas alrededor del Grito de Alcorta, movimiento fundacional de la organización de los pequeños y medianos arrendatarios rurales, y las enmarca en la franquicia lawfare, buscando dar una perspectiva histórica a las discusiones actuales sobre la relación entre Poder Judicial y medios de comunicación.
El argumento de fondo de Bielsa es que la denuncia de corrupción contra un partido que promueve derechos está pensada para revertir esos derechos. Como si no fuera relevante, no analiza el tema de la corrupción (“ese es otro capítulo, otro libro”, aclara en la página 21). Argumenta que esas denuncias tienen “el sentido político de dañar la imagen de líderes locales que luchan contra las corporaciones y el establishment”.
Es viejo en la historia política utilizar denuncias judiciales para el asesinato reputacional, pero si el argumento del lawfare se consolida, significará un carnet de impunidad para los que malversan dineros públicos levantando las banderas políticas adecuadas.
De alguna forma, el discurso del lawfare está ligado al negacionismo de la corrupción. Igual, hace mucho que estamos en la era de la consonancia corruptiva: si estamos de acuerdo con las políticas de un gobierno, no nos preocupa la corrupción que lo rodea. El lawfare, ahora, cristalizaría esa consonancia corruptiva.
Siempre en nuestra historia democrática hubo redes de influyentes que se coaligaron para falsear los valores ciudadanos. Por eso, el avance que hay que proteger es el de la difícil y lenta profesionalización para que el Poder Judicial construya justicia y el periodismo construya verdad.
La autobiografía de Mahatma Gandhi se llama Historia de mis experiencias con la verdad. Para un periodista ese título es muy apropiado. No hay ninguna palabra que identifique más el objetivo del periodismo que “verdad”, por lo que, si esa palabra se devalúa, en la misma medida se degrada la profesión. Lo mismo ocurre con las experiencias de los jueces con la Justicia.
*Profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral.
