A finales de mayo trascendió que el gobierno nacional estaba evaluando derogar el decreto 727 de Nilda Garré, ex ministra de Seguridad del entonces presidente Néstor Kirchner, que limita a las Fuerzas Armadas únicamente a conflictos con otros países. Esta resolución del anterior gobierno era un gesto que confirmaba su compromiso con el Nunca Más: las Fuerzas Armadas estaban impedidas de cualquier intervención en los conflictos internos de la Argentina.
Desde 2006, año en que se lanzó el decreto, a la fecha han cambiado algunas cosas. En principio, la idiosincrasia de gobierno. Para Mauricio Macri, para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y para el ministro de defensa Oscar Aguad, estas limitaciones le sacan al Estado un recurso (hoy por hoy, ocioso) que es vital para un elemento clave de su programa político: la lucha contra el narcotráfico.
Considerando que el gobierno nacional ha sufrido en lo que va del año el mayor declive en su imagen y aceptación públicas de su mandato debido a los aumentos de tarifas y a las controversias ligadas a funcionarios, este dato no es menor. Reducción del gasto público, pobreza cero, gestión transparente y lucha contra el narcotráfico fueron los grandes caballitos de batalla electorales de Cambiemos en 2015. Tres de esos cuatro pilares hoy tambalean.
Inseguridad. La propuesta de llevar las Fuerzas Armadas a los conflictos internos del país apunta, desde los argumentos oficiales, también a la inseguridad, una problemática que si bien ha sido opacada por el malestar económico sigue vigente y se vincula tanto con la economía como con el narcotráfico. Esto tiene más sentido incluso desde la perspectiva de los aprobadores de Cambiemos, quienes ponen a la inseguridad (junto con la corrupción) en la cima de sus preocupaciones y demandas, antes incluso de los temas económicos. Siguiendo ese razonamiento, mensajes del Gobierno hacia la sociedad en torno a una respuesta más firme contra el delito son activos estratégicos para retener a sus aprobadores y recuperar algunos desencantados.
De hecho esta propuesta muestra mucha adhesión entre los aprobadores del gobierno nacional. Una encuesta reciente que realizamos en Trespuntozero en el Area Metropolitana Bonaerense, donde se concentra la mayor densidad poblacional del país, muestra que la composición de quienes apoyan esta iniciativa y sus detractores está prácticamente calcada de la adhesión o detra-cción al Gobierno. En principio vale decir que la iniciativa divide a la sociedad en dos partes, de manera casi totalmente simétrica: 47,2% a favor y 48,9% en contra.
Más interesante aún es ver que los valores son más altos en los extremos. Los que dicen estar “muy de acuerdo” son el 30,6% y los que dicen estar “algo de acuerdo” son el 16,6%. Del otro lado vemos lo mismo, pero espejado: el 33,1% dice no estar “nada de acuerdo” con la propuesta y solamente “poco de acuerdo”, el 15,8%.
Grieta. Pareciera que la grieta, fenómeno de la distribución de afinidades partidarias durante el último tramo del kirchnerismo y el principio de Cambiemos, que se encuentra mayormente en declive, pervive aún en la controversia sobre las Fuerzas Armadas y su aplicación a la seguridad interna del país.
Lo dicho: del total de 800 encuestados, entre los que dicen tener imagen favorable del gobierno nacional, nueve de cada diez están a favor de la iniciativa. Si miramos al voto en las últimas elecciones presidenciales de 2015 tenemos más simetría y más calco con la grieta. Ocho de cada diez votantes de Macri encuestados están a favor; ocho de cada diez votantes de Scioli, en contra; ¿y los votantes de Massa? ¡Cinco y cinco! Es impresionante. La estructura de adhesiones y rechazos a esta iniciativa es lo más parecido (quizás lo último que queda) a los sentimientos partidarios en 2015, cuando Cambiemos empezó su proyecto de gobierno. Siendo así, no están errados en recurrir a esta medida. De algún modo es un intento de volver a ser el Cambiemos de antes, el que empezó a tambalear con los aumentos de tarifas y la corrida cambiaria.
Pasado. Ahora bien, a pesar de este sesgo claramente político-partidario de los posicionamientos en torno a la propuesta, el estudio muestra también que el espíritu del decreto de Garré es cosa del pasado. La división de la opinión en torno a este tema no pasa por si darle lugar o no a las Fuerzas Armadas en conflictos internos, sino en qué medida hacerlo, y para qué tipo de conflictos.
Esto refiere, de cierta manera, a la función que espera la ciudadanía de las Fuerzas Armadas. El estudio dio tres opciones a los encuestados: 1) Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en conflictos extranjeros (posición que expresa el decreto de Garré); 2) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y solo en emergencias internas; 3) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y en el control de la seguridad interna. Son estas dos opciones las que concentran los mayores niveles de adhesión.
Aquí volvemos a ver más simetrías. De los votantes de Scioli, seis de cada diez se inclinan por la segunda opción que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos solo de carácter excepcional. De los votantes de Macri, seis de cada diez optan por la intervención constante en control de la seguridad. Sin embargo, los votantes de Massa hacen, sí, en este caso, una pequeña diferencia de cinco a favor del control de la seguridad contra cuatro a favor de la intervención excepcional. Esta diferencia tampoco desentona con el panorama de 2015. De hecho, fue el massismo el que impulsó la lucha contra el narcotráfico, tema que Cambiemos sumó a su plataforma de cara al ballottage para captar los votos del Frente Renovador.
Protesta social. Más allá de la discusión sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del delito y la inseguridad, para algunas miradas críticas el proyecto encubre una finalidad más controversial: poder controlar y reprimir las protestas sociales. Esta es una interpretación del proyecto que en su momento señaló Carlos Pagni, uno de los periodistas más influyentes de la actualidad. Para Pagni el control de la protesta no es tanto una finalidad del Gobierno como una interpretación de sus detractores, que en el contexto de la crisis económica se vuelve verosímil. Si esta finalidad está o no en la cabeza de Macri, de Bullrich o de Aguad, es imposible saberlo, pero está en la cabeza de cinco de cada diez argentinos que dicen ver en la propuesta tal objetivo. Naturalmente, siguiendo esta repartición de la opinión hasta aquí mencionada, son más los desaprobadores del Gobierno los que adhieren a esta hipótesis: siete de cada diez para ser precisos.
Esto es un indicador interesante, no solo sobre cómo vive la sociedad esta iniciativa sino sobre cómo vive la protesta social. Si bien el malestar económico es grande, también lo es la crisis de representatividad. Los sindicatos no son ajenos a esa falta de credibilidad y la protesta social se vive más como un acto político (es decir, con agenda e intenciones partidarias) y no como una expresión espontánea y natural del desencanto social.
A la luz de estos datos, pareciera que el Gobierno tiene una chance de retomar un diálogo con sus votantes, por fuera de la agenda económica que es tan difícil de eludir. Pero es solo para sus votantes. No está mal, considerando los niveles de desgaste recientes. Recuperar a los desencantados no será todo, pero es algo.
*Investigadora y analista de opinión pública. Directora de la consultora Trespuntozero.
