Cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, modernizarlas, hacerlas ingresar al siglo XXI. Esos son algunos de los conceptos que repiten los funcionarios de Cambiemos para justificar el decreto y las nuevas directivas de defensa nacional que anunció el Gobierno esta semana. Sin embargo, detrás de escena aparece el objetivo de avanzar en un ajuste que permita robustecer las arcas del Estado. Cuarteles, propiedades, salarios y la cantidad de militares son los ejes a los que se apunta.
Desde el año pasado, sobre todo después de la desaparición del ARA San Juan, Mauricio Macri se convenció de la necesidad de reconvertir las fuerzas. “Hoy no sabemos para qué están, y encima las ninguneamos”, se le llegó a escuchar. Los especialistas coinciden en que es necesario encontrarles un rol más específico a los militares, pero entre los oficiales y retirados hay un temor: creen que el Gobierno tiene en la mira diferentes dependencias que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen en Capital y Gran Buenos Aires. Propiedades que, según sus propios cálculos, tendrían un valor cercano a los US$ 1.000 millones.
“Muchos cuarteles se van a cerrar”, expresó el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Cuando PERFIL indagó por las propiedades que las fuerzas tienen en la Ciudad, desde el entorno de Aguad lo negaron. “Por ahora eso no se toca”, aclararon. Pero en las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial la Directiva de Política de Defensa Nacional.
En el borrador, al que tuvo acceso este diario, se establece que “el Ministerio de Defensa deberá elevar para consideración del Poder Ejecutivo un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional”.
Alto valor. Entre las propiedades de las Fuerzas Armadas se cuentan los edificios más conocidos, como el Libertad (de la Armada) o el Cóndor (de la Fuerza Aérea, donde ya está analizándose que se venda el Patio de Armas, que funciona como helipuerto), hasta los barrios de viviendas que el Ejército o la Armada tienen para sus oficiales o suboficiales cuando están destinados en la Ciudad de Buenos Aires. Generalmente, son inmuebles que están en zonas porteñas muy cotizadas, como el centro, el barrio de Palermo o Puerto Madero.
Asís: "Lo único que importa de las Fuerzas Armadas es la cuestión inmobiliaria"
En el centro, por ejemplo, hay propiedades que pertenecen a las fuerzas y hoy pasan inadvertidas. En Reconquista y la avenida Corrientes hay un edificio de siete pisos que pertenece a la empresa del Estado Coviara (Construcción de Vivienda para la Armada). Allí, en planta baja, hoy funciona un Starbucks. Cada piso tiene 400 metros cuadrados, por lo que se cree que podría tener un valor cercano a los US$ 10 millones.
No es el único emprendimiento privado en terrenos militares. En Palermo, en una parte del predio del Regimiento de Patricios, funcionan sucursales de Easy y Jumbo. Tienen un comodato que vence el año próximo y, según rumores, ya les avisaron que la idea es subastar el terreno (no se descarta que ellos sean los compradores). El año pasado se subastó un terreno lindero al Campo de Polo (también del Ejército) en US$ 33 millones.
En Puerto Madero, en toda la zona portuaria cercana a la terminal de buques, hay más terrenos codiciados que hoy pertenecen a la Armada. El Apostadero Naval y la Escuela Náutica Manuel Belgrano, por ejemplo, están en una zona donde se podría extender la inversión inmobiliaria.
Y más aún cuando terminen las obras del Paseo del Bajo y se ordene el flujo de camiones.
El miedo de los militares está basado en un punto clave de la reforma planteada por el Gobierno. Se abandona el criterio de “ocupación territorial” para el despliegue de los cuarteles. Y se promueve la creación de “unidades conjuntas” entre las tres fuerzas, basadas en “criterios de eficiencia operativa, logística y presupuestaria”. La lectura que hacen es que eso podría terminar con la mayor parte de los militares en otras zonas del país y los que estén en Capital reunidos en un solo edificio, como el Libertador.
Cada vez menos. La segunda parte del ajuste apunta al personal de las Fuerzas Armadas. El primer tramo es el más utilizado: recorte a través de salarios. Para este año, el aumento fijado por un decreto presidencial es de poco más del 20%, según la jerarquía. Un número que estará varios puntos por debajo de la inflación anual.
Pero además, el objetivo oficial es reducir la cantidad. Hoy el personal militar en las fuerzas (no se cuentan civiles ni docentes) asciende a 83.514 personas. El borrador de la Directiva de Política de Defensa Nacional dice que las áreas “no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus estructuras de personal”. Describe como necesario tener un “mínimo de personal altamente capacitado, al óptimo nivel de alistamiento”, que debe estar preparado para, en “situaciones de crisis, incrementar su tamaño mediante la incorporación planificada de reservas”.
Precisamente, antes de fin de año el Ministerio de Defensa enviará al Congreso un proyecto de Ley de Reservas para legislar en la organización de los
reservistas.
Al indagar en el entorno de Aguad si esto implicará reducir la cantidad de soldados, la respuesta fue parcialmente negativa: “No por ahora”.
