Telecom realizó una nueva edición de Encuentros 4.0 el ciclo virtual institucional para el público académico y judicial, que invita a explorar, de la mano de expertos del derecho, los desafíos y oportunidades de la tecnología en la gestión de la justicia.
Bajo el título “Delitos en entornos digitales: los desafíos de la Justicia” distintos especialistas aportaron su visión en una temática que aún está en pleno desarrollo, tanto a nivel legislativo como procesal.
El rol y relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) quedó en evidencia a partir del contexto sanitario iniciado en 2020, donde se aceleró la incorporación de canales digitales para distintos intercambios económicos. En el último año y medio se registró un aumento del 2000% en las transacciones digitales; más de 1.3 millones de personas se iniciaron en el comercio electrónico por internet; y hubo un aumento del 227% en los pagos remotos con tarjeta de débito, para tomar solo algunos datos estadísticos relevantes.
La otra cara de esta realidad, muestra un aumento inusitado de los delitos efectuados en entornos digitales. Según datos aportados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECi) en ese período se registraron un 565% más denuncias; los fraudes en línea crecieron más del 665%, el hackeo con softwares de ransomware, 380% y la difusión de imágenes íntimas, 373%.
En esta segunda edición de Encuentros 4.0 de Telecom, especialistas del derecho y referentes académicos analizaron los avances en la normativa asociada a este tipo específico de delitos y el desarrollo que aún debe transitar la academia para formar profesionales con expertise en esta materia.
Con la conducción de la periodista María Eugenia Duffard, participaron importantes personalidades del ecosistema legislativo y judicial: Noel Murray, aportó el estado de situación de las iniciativas legislativas; Mauricio Fernandez Montalban, María Elvira Tejada de La Fuente y Marcos Salt debatieron sobre los desafíos de la cooperación internacional; mientras que Horacio Azzolin, Abel Cornejo y Manuel De Campos hicieron un recorrido sobre los nuevos escenarios del delito digital en la Argentina.
La exposición de estos expertos estuvo acompañada por la visión académica representada por altas autoridades de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino de San Miguel de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y UCEMA, instituciones que ofrecen seminarios y posgrados en estas temáticas para profesionales del ámbito legal.
El encuentro se inició con un repaso sobre el estado de situación parlamentario y los distintos proyectos que actualmente se encuentran en discusión en el ámbito legislativo nacional complementándolo con un análisis normativo regional, con sus marcos regulatorios propios y las novedades en estudio en el corto y mediano plazo.
Como parte de los ejes temáticos destacados, se resaltó la necesaria cooperación internacional para aplicar una política penal común, encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen. Los expertos reconocieron la importancia de la reciente incorporación de varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, a la Convención de Budapest, donde Europa hace punta.
El Convenio es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes. Contiene una serie de competencias y procedimientos, tales como la búsqueda de las redes informáticas y la intercepción de comunicaciones privadas.
En ese sentido, existen distintos grados de avance en la gestión y el tratamiento de los delitos tecnológicos, en España y Chile, por ejemplo, donde se han establecido protocolos de trabajo que sientan jurisprudencia internacional.
El cambio de paradigma en el tratamiento de los delitos mediados por la tecnología es otro de los ejes que abordaron los expertos. En este punto la mayoría coincide en la oportunidad de ampliar un esquema de trabajo interdisciplinario que contemple procedimientos, expertise humano y herramientas informáticas vinculadas con la ciberseguridad.
Desde el punto de vista académico, los referentes de las universidades destacaron que el perfil del investigador judicial vinculado al cibercrimen está en construcción y acompaña el avance de las nuevas modalidades delictivas. En este nuevo escenario, la capacitación y la especialización son esenciales a la hora de abordar la nueva problemática. Y si bien aún no existen en la Argentina carreras de grado específicas que respondan a este perfil, cada día aumenta la oferta académica.
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