La Rioja sancionó este jueves una ley que regula el uso de celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta el secundario. La decisión, impulsada políticamente por el gobernador Ricardo Quintela, incorpora a la provincia al reducido grupo de jurisdicciones argentinas que avanzaron con medidas legislativas frente a una problemática que genera creciente preocupación por sus consecuencias sobre la salud mental, el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La normativa se inscribe en una política de protección integral de las infancias y adolescencias que, además de establecer restricciones al uso de pantallas durante la jornada escolar, incorpora acciones de prevención del ciberacoso, la violencia digital y la ludopatía, junto con estrategias de concientización y acompañamiento a las familias.
"Nuestra mayor responsabilidad como adultos es cuidar a los más chicos. Y cuidar sus infancias y juventudes hoy, también significa prestar atención a cómo se relacionan con la tecnología", expresó Quintela a través de su cuenta en X.
Un debate de relevancia
La iniciativa riojana se suma a los antecedentes de Neuquén y la provincia de Buenos Aires, que sancionaron legislaciones sobre esta materia durante 2025, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también implementó restricciones en sus establecimientos educativos. De esta manera, La Rioja se incorpora a un debate que adquiere creciente relevancia en la agenda educativa nacional e internacional.
"Sabemos que las pantallas son parte de la vida cotidiana y tienen cosas muy útiles. Pero el uso temprano y excesivo afecta la atención, el aprendizaje, la salud y el encuentro cara a cara. Queremos que la escuela vuelva a ser ese espacio de concentración, juego y aprendizaje compartido", sostuvo el gobernador.
La ley contempla restricciones diferenciadas según las edades, con una suspensión del uso de dispositivos móviles personales durante toda la jornada en los niveles inicial y primario, incluidos los recreos, y un uso excepcional con fines pedagógicos en el secundario. También prevé excepciones por razones de accesibilidad e inclusión educativa.
Finalmente, Quintela destacó que la protección de las nuevas generaciones requiere un compromiso compartido entre el Estado, la comunidad educativa y las familias. "Esto se construye todos los días junto a los docentes y, fundamentalmente, desde cada hogar", afirmó.
