Después de asumir, el flamante presidente Alberto Fernández tiene que enfrentar diversos problemas: algunos heredados de la gestión de Mauricio Macri y otros que el país arrastra desde años atrás. Uno de ellos, es la misteriosa estación espacial china emplazada en Neuquén, cuyo funcionamiento sigue siendo un gran secreto para la Argentina.
El mes pasado, al saludar al presidente electo luego del triunfo del Frente de Todos, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que bajo el liderazgo de Fernández "Argentina alcanzará un nuevo progreso en su desarrollo". En ese sentido, el funcionario también destacó que la victoria de Alberto abre una nueva y excelente oportunidad, para intensificar y profundizar la cooperación estratégica con China.
Sin embargo, a pesar del guiño del gigante asiático al nuevo gobierno, las suspicacias en torno a la base espacial no desaparecen sino que se acrecentan con el paso del tiempo, producto del secretismo y de las advertencias de distintos especialistas sobre los problemas que podrían surgir para Argentina en materia de seguridad interior y defensa nacional.
En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruye la historia de esta polémica base china enclavada en suelo argentino.
El primer acercamiento entre ambos gobiernos se dio en 2010, cuando la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, por sus siglas en inglés), se contactó con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El objetivo del llamado, era evaluar la posibilidad de instalar en la Patagonia una estación espacial con el fin de brindar apoyo a las misiones de exploración que realiza el gobierno del país asiático.
Cuatro años más tarde, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una visita oficial a Beijing. En ese viaje, la delegación argentina concretó la firma de más de diez acuerdos con China y, entre esos contratos, se encontraba el que establecía la cooperación entre ambos países en actividades espaciales.
Este acuerdo surgió de los que la CLTC había firmado en 2012 con la CONAE y con la provincia de Neuquén, que sirvieron para establecer que la base espacial fuese construida en la localidad de Bajada del Agrio. En esos documentos, avalados por el Congreso Nacional antes de que termine el mandato de Cristina, no sólo consta que Argentina cedió de forma totalmente gratuita a China 200 hectáreas en el desierto de Quintuco por 50 años, sino que también garantizó una exención impositiva de todo impuesto y derecho aduanero, incluyendo los impuestos nacionales al consumo como el IVA.
Sumados a estos beneficios económicos, los encargados de administrar la base china recibieron más facilidades pero por parte del gobierno provincial. En octubre de 2014, Neuquén emitió el Decreto 2.336/14, a través del cual estableció una medida tributaria similar al gobierno nacional, con la que eximió a los agentes que operan en esa zona de pagar el Impuesto a los Sellos. Esta medida abarca a los contratos de personal, a los de empresas, entre otros.
Estos beneficios son uno de los tantos puntos que generan cuestionamientos por parte de los detractores del proyecto. A pesar de las facilidades económicas, el personal de la agencia estatal argentina, por ejemplo, sólo puede utilizar el 10 por ciento de tiempo anual de la poderosa antena de metal, la obra más preciada del predio, que está cercado por alambres de púa de tres metros de altura.
Con 35 metros de diámetro, 16 pisos de altura y un plato gigante en lo más alto de ella, esta súper antena que se trajo por partes atravesando el Océano Atlántico, pesa 450 toneladas y está valuada en 50 millones de dólares, también es objeto de múltiples cuestionamientos. Diversos investigadores, especialistas y funcionarios de países extranjeros han expresado su preocupación por un eventual uso dual de esta base, ya que esta poderosa antena le permitiría a China intervenir satélites que pertenecen a Estados Unidos o la Unión Europea.
También creció la sospecha de que el gigante asiático haga un posible uso militar de esta base, lo que implicaría el escaneo de comunicaciones, detección de satélites y control de lanzamientos a escala global, o que China realice espionaje en el continente. Este temor se fundamentó en que la agencia encargada de la base enclavada en Argentina depende directamente del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación Chino y la mayoría de sus integrantes son militares.
En ese sentido, en diciembre del año pasado, las autoridades de la CONAE recibieron a una delegación china que fue encabezada por el Consejero Superior de CLTC. De ese encuentro también participaron los representantes de otras agencias que también dependen de los altos mandos de militares chinos, como Xi'an Satellite Control Center (XSCC), Beijing Aerospace Command Center (BACC) y Beijing Institute of Tracking and Telecommunication Technology (BITTT).
La preocupación por un posible uso militar de la base Bajada del Agrio llevó a que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuya alianza Cambiemos se opuso desde un primer momento a la construcción de esta estación, agregue al acuerdo una adenda que especificaba el uso pacífico del predio con el fin de terminar con estas sospechas.
Aunque uno de los convenios firmados entre la CONAE y el organismo chino gestor de la base expresa textualmente que "el objetivo exclusivo que inició el proyecto fue apoyar actividades tales como la exploración interplanetaria, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos", el hermetismo en torno al predio y la falta de poder de control por parte del estado argentino pone en duda la finalidad del acuerdo.
Por eso, con el objetivo de esclarecer algunos puntos de este ambicioso proyecto, a principios de este año se hizo público un informe elaborado por el titular de la CONAE, Raúl Kulichevsky, en el que se asegura que dentro de los propósitos de la base están los de observación radioastronómica y controles de telemetría, telecomando y control de misiones interplanetarias al espacio profundo. Además, desde que la base espacial comenzó a funcionar en abril del 2018, Argentina colaboró en el proyecto Chang-E 4, conocido por investigar el lado oculto de la Luna.
Cabe recordar que al momento de adquirir e importar bienes y servicios por parte de CTLC, la agencia estatal argentina es la entidad certificante ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Desde que se finalizó su construcción en 2017, el predio que comenzó a construirse en el verano de 2013 con más de 300 trabajadores locales, nunca más fue visitado por un argentino. Desde ese día, los únicos que circulan permanentemente por el predio son los 30 miembros del personal chino que trabaja y vive en la estación espacial.
En ese sentido, de acuerdo con el informe de la CONAE mencionado anteriormente, aunque por el momento no hay personal de la agencia estatal argentina de forma permanente en la estación Bajada del Agrio, personal de este organismo la visita periódicamente.
Siguiendo con la legislación laboral, en ese mismo documento, la CONAE especificó que para el ingreso a la Argentina, los trabajadores chinos deben tramitar el visado correspondiente, que es gestionado por la agencia estatal nacional ante migraciones. Por otro lado, la prensa internacional comenzó a calificar a la base china como una "auténtica caja negra" por los misterios que la rodean
Allí funciona un "Centro de Visita" provisto de artesanías mapuches, y un museo en el que se exhiben maquetas de los satélites que se envían al espacio en el marco del Programa de Exploración de la Luna. El propósito original de este centro, al que uno puede acceder sólo con cita previa, era explicar la función de la poderosa antena de 16 pisos, que alimenta teorías conspirativas y genera inquietud en el gobierno de Donald Trump sobre su verdadero uso.
Ante las numerosas críticas y sospechas por los usos que se le puede dar a la estación, desde un comienzo la CONAE sostuvo que este proyecto es similar al que se firmó con la Agencia Espacial Europea (ESA), que opera desde 2012 una base en la localidad mendocina de Malargüe y también cuenta con una poderosa antena, la Deep Space 3. En el informe que se hizo público a principios de este año, la CONAE explicó que, al igual que en el caso de la antena utilizada por la ESA en Mendoza, se trata de una tecnología que permite realizar observaciones de forma remota.
Sin embargo, la diferencia no estaría en la tecnología desplegada por cada agencia, sino que mientras la base de la UE depende de una organización civil, la de Bajada del Agrio recibe órdenes directas del Ejército Popular de China, como se explicó anteriormente.
La base de seguimiento de satélites operada por la ESA, también implicó una concesión de las tierras por 50 años y una inversión por parte de la agencia europea de 45 millones de euros. En este caso, argentina también puede utilizar hasta un 10% del tiempo disponible de las antenas.
Este es el difícil escenario que heredó Alberto Fernández. Un misterioso acuerdo con China que comenzó con su vicepresidenta y que ahora debe corregir el nuevo Presidente.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
