“Humor social”. Con este término que utilizó la ministra de Seguridad, la antropóloga Sabina Frédéric, devolvió a la superficie un tema que había quedado solapado desde que asumió Alberto Fernández: el ciberpatrullaje. En plena crisis mundial por la pandemia del Covid-19 el análisis de datos va más allá de ser un simple enunciado y se inserta en un tablero de poder que vuelve a poner en tela de juicio su necesidad, su funcionamiento, sus grises ante la ley y la polémica por la vigilancia masiva en donde el Estado es ambiguo al respecto.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruyó en este informe cómo funciona el laboratorio de datos que le permite al Gobierno vigilar en tiempo real a la población para, supuestamente, evitar saqueos y salideras bancarias.
Los dichos de Fréderic ante la reunión virtual de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside la diputada kirchnerista Paula Penacca, expusieron que algunas directrices de la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad no se descontinuaron ni se rediseñaron. El ciberpatrullaje es una de ellas. La cartera no es ajena a un déficit que todavía el Gobierno no pudo subsanar: la designación de directores y cargos aún vacantes en sectores estratégicos que la pandemia demoró aún más.
El video completo donde Frederic menciona la detección del "humor social"
En el organigrama del Ministerio de Seguridad esta tarea depende de la Dirección de Lucha contra el Ciberdelito, que depende de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad. Esta secretaria más las áreas respectivas de las fuerzas de seguridad lleva adelante los pedidos que realiza la justicia, y/o tareas preventivas que en caso de tener resultado se ponen a disposición de la Justicia.
Según pudo averiguar el Equipo de Investigación esta área se encuentra sin un director asignado desde la partida del ingeniero en Informática Pablo Lázaro al sector privado y por tal motivo las decisiones estratégicas recaen sobre la politóloga e integrante del (Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (Ocivi) y militante de La Cámpora, Valentina Novick, a cargo de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.
El Ministerio de Seguridad defiende el ciberpatrullaje: "Se evalúan posibles situaciones de saqueos"
Lo cierto es que también hay un parámetro que diferencia sustancialmente las gestiones de Bullrich y Frederic en este tema. Durante la gestión de la presidenta del PRO nacional 68 personas terminaron presas por “insultar y amenazar” al entonces presidente Mauricio Macri: desde jóvenes que tuiteaban “cantitos de cancha” hasta el insólito caso de una paciente psiquiátrica (familiar del entonces vocero presidencial Iván Pavlovsky) que amenazó por redes sociales a la hija del mandatario.
En Seguridad explicaron que aún no se ha denunciado a nadie por la “tentativa” de delitos, aunque hubo un caso en Balcarce, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí el viernes Efectivos de la Subdirección de Investigaciones (Subddi), por orden de la fiscal Laura Molina tras ser monitoreado y detectado por el Área de Ciberpatrullaje de la fuerza de Gendarmería Nacional y de la Subdirección de Delitos Tecnológicos de dicha fuerza en el marco de la Resolución Nº 318/18, fue registrado, documentado y puesto a disposición de la justicia penal.
¿En qué consiste el ciberpatrullaje? Las tres fuerzas de seguridad nacionales Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal, coordinados por el ministerio de Seguridad (quien a su vez tiene su propio equipo de analistas informáticos, monitorean supuestamente lo que ocurre en las fuentes abiertas (Open Source Inteligence-OSINT) y en redes sociales (Social Media Intelligence-SOCMINT).
El ministerio de Seguridad posee un mecanismo para actuar en caso de detectar una supuesta amenaza: a través de la División Ciberdelitos (estafas financieras, venta de drogas y armas online, entre otras cosas), la línea 134 o una denuncia anónima, un cuerpo de siete abogados realiza la denuncia formal ante la Cámara Federal porteña y allí tras un sorteo se define qué juez intervendrá. Además cada fuerza de seguridad cuando detecta algo que podría llegar a ser un “delito” lo denuncian ante la Justicia.
Muchas veces en el ministerio se enteran por los medios de este tipo de casos, como el mencionado en Balcarce, según advirtieron desde la cartera al Equipo de Investigación. El último fin de semana han hecho público en el entorno de Frederic que avanzarán cuando antes en un protocolo para poder sistematizar los parámetros y mecanismos de potenciales denuncias y qué monitorear.
“En breve se hará la convocatoria. Vamos a llamar a expertos en ciberseguridad, organizaciones civiles como el Cels y Vía Libre, entre otros, para que puedan ver esto desde el otro lado del mostrador. Vamos a sumar académicos, investigadores y expertos en libertad de expresión.”, explicaron fuentes de la cartera al Equipo de Investigación.
¿Qué penas pueden enfrentar los acusados? En el caso del joven de 21 años de Balcarce, de nombre Kevin, se lo acusó de “intimidación pública”, previsto en el art. 211 del Código Penal de la Nación, que pena a prisión de hasta seis años, al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
“Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?", lanzó a modo de broma por Twitter, luego de postularse al Ingreso Familiar de Emergencia y ser rechazado por la Anses. El personal en Campo de Mayo de Gendarmería Nacional tomó intervención y lo denunció. También hubo otro caso de un hombre de 35 años en Santa Clara del Mar por haber hecho circular entre sus contactos de Whatsapp un mensaje con el que llamaba a saquear comercios. Sin embargo un vecino lo denunció y la justicia tomó intervención.
che que onda los que no cobramos el bono de 10mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?
— KevinG⚡ (@KevinGuerra99) April 8, 2020
Según pudo averiguar el Equipo de Investigación en el 4to piso de Gelly y Obes, sede de Seguridad trabaja un equipo informático pura y exclusivamente para “ciberpatrullar”. Esto se realiza en sitios de internet de acceso público (redes sociales, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, la dark web (internet profunda) y demás sitios que crean convenientes. En la cartera prefieren no revelar qué parámetros de búsqueda utilizan, aunque los términos “saqueo” y “salidera bancaria” forman parte escencial de la búsqueda.
La exministra Patricia Bullrich sobre el ciberpatrullaje
El ciberpatrullaje se encuentra en un gris legal. Especialistas advirtieron que choca directamente con las libertades individuales y de expresión y que lisa y llanamente representa un “espionaje estatal”. El advenimiento de las nuevas tecnologías no encuentra un marco legal ni una legislación acorde a este contexto.
Sin embargo en la Ley de Inteligencia Nacional (n°255207/ artículos 4to incisos 2 y 3) señala que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. También explica que queda prohibido “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país… en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.”
En octubre de 2018 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le solicitó al ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que, mediante un pedido de acceso a la información pública, le brindara datos del ciberpatrullaje. La cartera aclaró “que la Dirección no tiene formulado un concepto, el cual aún se encuentra analizando técnica y jurídicamente.
Sin embargo, la nota cursada por la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal sí determina que “ciberpatrullaje” se refiere a la “forma coloquial de referirse a la búsqueda de información en fuentes abiertas y públicas relacionadas con el ciberespacio”, dice el informe.
Informe 2018 completo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en donde aborda el ciberpatrullaje
Los dichos de Frederic, que ella misma calificó como “desfortunados”, despertaron críticas acerca de la política de ciberpatrullaje. Tanto Transparencia Internacional (que preside la experta en anticorrupción Delia Ferreyra) como ADEPA y FOPEA también mostraron su preocupación al respecto.
El Equipo de Investigación dialogó con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, quien no dudó en llamarlo “una forma de realizar inteligencia”. Y agregó: “Recolectar datos es una forma de hacer inteligencia. Esto es lo que se llama en el mundo académico Open Source Intelligence, que es relevar bases de datos o espacios donde hay información abierta para realizar inteligencia. Por más que se disfrace, técnicamente es un eufemismo de ciberpatrullaje. Además: ¿qué clase de ingenuidad tiene que tener alguien para creer que alguien va a organizar saqueos por facebook? ¿Una salidera? El Gobierno espia a laciudadania para ejercer el control social”.
El viernes 10 de abril el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó conocer cuál es el marco legal (decretos, disposiciones, resoluciones, normas internas) en el que se están realizando las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales: cuál es su contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y con qué mecanismos de control. También requerimos informes sobre la normativa que define “fuentes abiertas” y “redes sociales”, con qué palabras se realizan las búsquedas y qué acciones se realizan a partir de los resultados, entre otras cuestiones. Dicho sea de paso, el CELS también aportó cuadros técnicos como ejecutivos al ministerio que conduce Frederic.
El abogado experto en Derecho Informático Rodrigo Iglesias sostuvo ante el Equipo de Investigación: “Esto no viene de ahora viene desde el proyecto X (ndr: una polémica unidad especial de bases de datos de Gendarmería Nacional Argentina) Son los mismos de siempre: cambia la cabeza pero el resto sigue igual en el ministerio de Seguridad. Desde aquella época se viene gestando esto. Las herramientas vienen avanzando, mucho más violentas”.
La arquitectura de vigilancia masiva floreció en todo el mundo desde que irrumpió la pandemia del Covid-19. Además del despliegue de recursos del régimen Chino en vigilar a su población, Francia y Alemania trabajan en un proyecto de rastreo digital con los proyectos los proyectos “StopCovid” y “Corona” (respectivamente). En el ámbito privado también avanzaron en este sentido: Apple y Google desarrollarán un sistema que utilizaría comunicaciones Bluetooth de corto alcance (Bluetooth Low Energy) que permitirá establecer una red voluntaria de rastreo de contactos.
Si bien es bastante claro que la Argentina no posee sistemas sofisticados de vigilancia masiva como los que denunció Edward Snowden que existen en Estados Unidos antes de exiliarse forzosamente en Rusia, no se conoce a ciencia cierta qué datos recopila el Estado de sus ciudadanos ni qué hace con dicha información. Las redes sociales en en Argentina se convirtieron en el principal panóptico social que no está regulado. Los millones de usuarios activos de Facebook (32), Twitter (4) e Instagram (16) quizás no sepan que están siendo observados.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
Mail: [email protected] / Twitter: @EquipoPerfil
