La amistad entre Mauricio Macri y Joe Lewis es conocida. El Presidente no solo que ha ido de vacaciones más de una vez la estancia del magnate inglés en la Patagonia, sino que también lo benefició económicamente con el Plan Renovar de energías sustentables. Pero ahora el Equipo de Investigación de Perfil Educación demuestra en exclusiva un dato inédito: cómo el Gobierno benefició a Lewis para no avanzar judicialmente contra su propiedad.
Se trata de las tierras de Lago Escondido que posee el empresario británico. Son unas 11 mil hectáreas ubicadas entre El Bolsón y Bariloche, que Lewis compró de forma irregular en 1996 porque viola la ley 15.385, conocida como zona de seguridad de fronteras. Esa legislación señala a los territorios que son considerados estratégicos y solo puedeen adquiridos por argentinos nativos. Sin embargo, la causa se tramitaría en la Justicia varios años más tarde.
En 2012, la exdefensora de la Nación, Stella Anselmo, presentó la denuncia ante la Fiscalía 4° de la Procaduría de Investigaciones Administrativas. Y en 2016, el entonces procurador del Tesoro, Carlon Balbín elevó el trámite al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Por el hecho están imputados los exfuncionarios provinciales que permitieron la operación: Ricardo Mayer, María Szama y Susana Sarlo, además de Lisandro Allende y Charles Lewis, hijo de Joe, quien fue el primer propietario. Actualmente, la causa está abierta y la Corte Suprema debe resolver un pedido de apelaciones de la defensa.
“La acción de lesividad es para que el Estado resuelva la situación de las tierras porque continúan en infracción", explica el fiscal Santiago Eyherabide.
La Procuración del Tesoro tiene como misión ejercer como abogado defensor del Estado frente a los reclamos judiciales y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias legales de contratos. En ese cargo, Balbín envió hace dos años una nota —a la que tuvo acceso el Equipo de Investigación—, donde le pidió al Ministerio del Interior que "proyecte a la autoridad de aplicación el inicio de lesividad correspondiente que permitieron la venta de las casi 11 mil hectáreas en la zona de seguridad de frontera". Pero no tuvo respuesta positiva del organismo conducido por Rogelio Frigerio.
Héctor Bavasso, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Interior, le contestó a Balbín que la acción de lesividad "conllevaría un dispendio de la actividad judicial inútil" al encontrarse activa también la causa penal, según las cartas emitidas entre la Procuración y la cartera de Frigerio a las que tuvo acceso el Equipo de Investigación.
En abril de 2017, Balbín volvió a emitir un escrito para Interior sostieniendo que "no explica los motivos innecesarios para no iniciar la acción de lesividad". Pero, a los pocos días, Balbín se vio obligado que presentar su renuncia como procurador y, su reemplazante interino, Saravia Frías, determinó en 2018 que Interior "no se encuentra obligado a promover la acción de lesividad".
Balbín no quiso responder los contactos para dar su opinón para esta investigación. En cambio, sí respondió Santiago Eyherabide, exfiscal de la Procaduría de Investigaciones Administrativas que trabajó junto a Balbín y llevó adelante la causa hasta que volvió a su puesto original en la UFI de Azul, en la provincia de Buenos Aires. "La acción de lesividad es para que el Estado resuelva la situación de las tierras porque continúa en infracción al estar en propiedad de un extranjero. Se puede obligar la venta del terreno o la expropiación del mismo", explicó Eyherabide al Equipo de Investigación y agregó que se trata de una causa que "no puede prescribir"l.
Eyherabide dice que "es una inconsitencia" que la Procuración primero le diga al Ministerio de Interior que inice la acción de lesividad y que después se desdiga. Actualmente, el caso lo lleva adelante el fiscal general de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que trabajó junto a Eyherabide.
El Equipo de Investigación se contactó con Saravia Frías pero no quiso realizar declaraciones.
Por su parte, el Ministerio de Interior admitió que hubo irregularidades en la compra del terreno de Lewis, según las respuestas de la cartera de Frigerio a las que accedió el Equipo de Investigación. Sin embargo, desde Interior explican que el trámite ya no está más bajo su órbita. A partir del decreto 174 de 2018, la competencia está en manos del Ministerio de Seguridad, quien posee la documentación. El Equipo de Investigación se comunicó con el organismo que conduce Patricia Bullrich, pero no brindaron respuestas.
Frigerio fue denunciado penalmente ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y está acusado de dilatar el pedido de la acción de lesividad solicitado por Balbín. La presentación penal la hizo en 2017 el actual diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas, que desde el 10 de diciembre será representante abte la Unesco del gobierno entrante.
"La actuación de Saravia Frías fue escandalosa. Siempre encuentran vericuetos jurídicos para defender cualquier acción. Esto fue un fraude que fue avalado por Frigerio y que devino en la renuncia de Balbín", sotuvo Solanas. Ante la pregunta sobre qué hará Alberto Fernández en el caso Lago Escondido, Solanas declaró: "Yo tengo esperanza que se trate porque es uno más de los temas escandalosos de la vida nacional. Nadie puede clausurar un lago".
"Esto fue un fraude que fue avalado por Frigerio y que devino en la renuncia de Balbín”, sostiene Pino Solanas
Una de las personas que investiga a Lewis desde comienzo del siglo es María Magdalena Odarda, actual senadora nacional por Río Negro. Ella fue la primera que denunció que el Lago Escondido estaba cercado para la población y que la zona está custiodiada por personal armado que responde al empresario inglés. "Lewis llegó al país porque estaba enamorado del paisaje. Pero ahora hay negocios", afirmó Odarda. La senadora se refiere a que Lewis es accionista de Pampa Energía, una de las principales empresas de energía de la Argentina.
"En 2016, Lewis inauguró una planta hidroeléctrica sobre el Río Escondido, que nutre de aguas al lago homónimo. Lewis lo tiene cercado pero desde el camino de Tacuifí se puede observar su planta hidroeléctrica", aseguró la senadora que también pregona por la expropiación y confirma que Balbín se fue de la Procuración por querer avanzar en la causa de Lago Escondido.
Además, la senadora dijo que “el Gobierno le permite a Lewis tener una pista de aterrizaje clandestina, a dos horas de las Islas Malvinas, sobre la estancia Bahía Dorada”. Según los informes de la Administración Nacional de Aviación Civil que compartió Odarda, esta pista está preparada para aviones de gran porte y no tiene radares.
Según la documentación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración a las que accedió el Equipo de Investigación, la compra de Lago Escondido fue exprés. En julio de 1996, el argentino Lisandro Allende, presidente de H.R. Properties, le consultó a la Propiedad del Inmueble de Río Negro acerca de unos terrenos de ocho mil hectáreas alejadas de las urbes patagónicas. Esta compañía se había constituído hacía dos años y su otro accionista era Miguel Gesuiti. Hacia septiembre, la provincia autorizó la venta de los terrenos. Pero la empresa había sido absorbida en septiembre por Hidden Lake S.A., que a su vez era propiedad de Lago Corp y que tenía como dueños a Alfredo Rovira (11.999 acciones) y a Charles Lewis (1 acción). En enero de 1997 se escrituraron las tierras y al tiempo se anexaron otros predios lindantes hasta sumar las 11 mil hectáreas.
El Equipo de Investigación se contactó con Lewis, que no quiso realizar declaraciones. En cambio, los abogados del empresario británico declararon: "No creemos que vayan a expropiar las tierras o que se obligue a venderlas. La Argentina es una país fuerte en la integración de otras nacionalides que aportan recursos y crecimiento económico".
Los asesores legales de Lewis, sin embargo, no quisieron responder sobre la irregularidad en la compra de tierras en Lago Escondido.
El Equipo de Invetigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
