El Puerto de Buenos Aires es una de las piedras basales de la Argentina desde la época colonial. Y, según pudo comprobar el Equipo de Investigación de Perfil Educación para este informe, en los últimos días de la gestión de Mauricio Macri se ha convertido en el escenario de una fuerte disputa de intereses económicos y sectoriales .
Es que el 2 de diciembre próximo –una semana antes de que asuma Alberto Fernández– se conocerán las ofertas para la licitación que definirá qué empresa se hará cargo de las operaciones del puerto: las tres concesiones actuales vencen en mayo de 2020. Entretanto, desde sectores de la oposición y el sindicalismo denuncian que el Gobierno estudia mecanismos para cederlo desde la Nación a la Ciudad, el único territorio que el oficialismo seguirá gobernando después del 10 de diciembre.
La apertura de sobres de la licitación se iba a conocer el 2 de octubre último, pero más tarde se supo que, sorpresivamente, la Administración General de Puertos (AGP) decidió pasar el proceso a diciembre. Fue un cambio realizado, según informó la propia AGP, a pedido de las empresas candidatas. Según las condiciones del pliego, un solo operador controlará el puerto por los próximos 35 años, con opción a extenderlo por 15 más. También se exige una inversión privada de unos 1.200 millones de dólares y hay otros 450 millones contemplados por el Estado.
Según fuentes sindicales, a la licitación se presentaron las tres operadoras actuales (UTE Terminales Río de la Plata SA, APM Terminals y Bactssa) y también la firma ICTSI, que maneja el Puerto de La Plata, todas multinacionales. Sin embargo, como había consignado Página/12, ya en julio pasado un grupo de dirigentes gremiales había denunciado que la empresa portuaria PSA, con sede en Singapur, se había posicionado para pasar a operar como exclusivo concesionario de las tareas de carga y descarga en el puerto de Buenos Aires. Quien actuó como presentador de la empresa asiática fue Nicolás Caputo, el "amigo del alma" de Macri, en su doble rol de cónsul honorario de Argentina ante Singapur, y representante de los negocios de empresas de Singapur en Argentina. “Hay un direccionamiento notorio de la licitación para que la gane PSA”, señaló en aquel momento el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
Como reveló el Equipo de Investigación en agosto pasado, las principales críticas al pliego elaborado por la firma española Indra apuntan a que hubo recomendaciones técnicas para que la concesión de las terminales se entregara a dos empresas. Pero el Gobierno insistió en que fuera un sola. “Esto crearía de hecho un monopolio en un nodo central del comercio exterior nacional, entregando la soberanía portuaria nacional y poniendo en peligro centenares de puestos de trabajo”, dijo para esta investigación Leonardo Salom, secretario adjunto de la Asociación del Personal de Ferrocarriles y puertos (APDFA).
El Equipo de Investigación tuvo ahora acceso a diferentes documentos de “borradores de proyectos” de la Administración General de Puertos que se conocieron estas semanas y que demuestran que el Gobierno realiza trámites de último momento relacionados al puerto. Fuentes sindicales y de la oposición coincidieron en que en el PRO analizan diferentes formas de llevar adelante el traspaso de Nación a Ciudad. Una opción podría ser con la firma de un convenio entre Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Pero también se analiza la posibilidad de que la Legislatura Porteña apruebe un proyecto del legislador del GEN Sergio Abrevaya, que reclama la jurisdicción de la Ciudad sobre el puerto basándose en la ley de 1992 por la que el Congreso cedió a las provincias el manejo portuario. Consultado para esta nota, Abrevaya confirmó que tuvo contactos con el bloque oficialista de legisladores porteños en los que le aseguraron que una de las alternativas que evaluaban era la de avanzar con su proyecto.
Desde el Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene bajo su órbita a la AGP, niegan la inminencia del traspaso. Pero reconocen que efectivamente “hay un proyecto para avanzar” en el cese de la intervención de 30 años sobre la AGP, que pasaría a tener un nuevo directorio. “Desde el inicio del Gobierno, uno de los objetivos de la gestión fue cesar el estado de emergencia que le dio inicio a la intervención de la AGP. En los últimos cuatro años se ha avanzado en la regularización, mejora y puesta en orden del único puerto federal que tiene Argentina”, destacaron voceros oficiales ante la consulta del Equipo de Investigación.
Los documentos que se conocieron de la AGP motivaron una denuncia penal ADPFA. En la presentación, se acusa a diferentes funcionarios por pretender “transferir el puerto federal a la Ciudad” y también oor “vender los terrenos de Puerto Sur y la Isla Demarchi para proyectos inmobiliarios”. El fiscal federal Guillermo Marijuan se hizo eco de la denuncia y solicitó una medida cautelar para impedir que se transfieran esas tierras y también imputó al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por la supuesta tentativa.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. En twitter @EquipoPerfil.
