Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Gobierno casi duplicó la cantidad de extranjeros que delinquen y son expulsados del país en estos cuatro años, comparados con el mismo periodo correspondiente a la gestión anterior. Según la documentación oficial a la que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación, entre 2016 y 2019 hubo un total de 2.267 personas expulsadas, mientras que entre 2012 y 2015 la cifra llegó a 1.256.
Se trata de una cifra que va en alza y escala de forma abrupta desde hace varios años: en 2016 se dieron 323 expulsiones, en 2017 fueron 495, en 2018 hubo 703 y hasta el mes de agosto de este año, última actualización disponible, fueron expulsados 746 extranjeros, más que el total del año anterior.
Una de las más fervientes defensoras de la política de expulsión de extranjeros que delinquen es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que llegó a decir que "la Argentina ha generado un modelo de seguridad donde el que las hace las paga" y precisó que "si es argentino la paga acá, y si es extranjero, se va", al referirse a diferentes iniciativas para expulsar a extranjeros que cometan ilícitos en la Argentina.
Las políticas públicas en materia migratoria se rigen en el marco del cumplimiento de la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en 2003 y reglamentada en 2010. Esta última, fue modificada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri facilitando el trámite de deportación mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/17, lo que estimuló el crecimiento de los deportados.
En su momento, esa decisión fue cuestionada por el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la misma exigió "que el Estado revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del DNU y los que aún están pendientes de resolución".
Por otra parte, el órgano también advirtió sobre la vulnerabilidad a la que quedan sometidos los niños, niñas y adolescentes cuando los adultos, a los cuales están a cargo, son afectados por el DNU. Además solicitó que el Estado busque soluciones alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que ese mecanismo debe ser usado como medida de último recurso.
En esa línea, como señala Lucía Galoppo, responsable del Área Legal de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), el decreto vulnera los derechos de los migrantes y sus familias y le brinda al Poder Ejecutivo competencias excesivas por encima de otros ámbitos del Estado.
En cambio, desde el punto de vista de Horacio García, Director Nacional de Migraciones, "La Argentina es un país abierto a la inmigración". El funcionario explicó que desde 2016 a la fecha se otorgaron 805.000 radicaciones a extranjeros y señaló que, respecto a esa cifra, las expulsiones implican apenas un 0,28%. "La mayoría de los migrantes vienen a trabajar, estudiar y producir. Cuando se habla de extranjeros en conflicto con la ley, se hace referencia a una cantidad mínima", señaló García al Equipo de Investigación.
Ante la consulta de cómo se efectúa el procedimiento, desde la Dirección Nacional de Migraciones explicaron que cuando los extranjeros infringen la ley, se dictan las expulsiones en cumplimiento de las normativas en la materia. Las deportaciones se materializan en trabajo conjunto con la Justicia, donde intervienen procuradores, jueces y fiscales y las fuerzas de seguridad.
Cuando se encuentra firme el acto de expulsión de un extranjero y la persona está libre, Migraciones solicita entonces a la Justicia Federal Contencioso Administrativa una autorización de "retención", decisión que permite privarlo de la libertad por medio de las fuerzas de seguridad y concretar la expulsión del territorio.
Si el extranjero está judicializado, es decir, con causa penal en trámite en el país y Migraciones dicta la expulsión, tiene que solicitar a un juez penal la autorización de "extrañamiento", que es una resolución por medio de la cual la Justicia autoriza a materializar la deportación.
Para la búsqueda de las personas en conflicto con la ley penal o migratoria que tienen orden de “retención” firme y deben ser expulsados de Argentina, se suma la gestión del Comando Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente del Ministerio de Seguridad que se dedica a la búsqueda de prófugos en conflicto con la ley, donde trabajan las fuerzas federales. Asimismo, interviene la policía migratoria auxiliar y las diferentes fuerzas policiales de las provincias y colabora la Policía de Buenos Aires.
La entidad también señala que, entre 2016, 2017 y 2018 se efectuaron 53.866 inspecciones de control de permanencia. Mientras que en el trienio anterior fueron 22.791, lo que demuestra un crecimiento exponencial. Este operativo es el que les permitió detectar situaciones que en algunos casos concluyeron en expulsiones. Del mismo modo, son pasibles de deportación los extranjeros que intenten o hayan ingresado al país “eludiendo los controles migratorios, o por lugar o en horario no habilitados al efecto”.
Las políticas migratorias y de seguridad pusieron en alerta a los organismos de derechos humanos. Estos advierten que medidas como estas estigmatizan y criminalizan a los migrantes. Muchos extranjeros arriban al país en situaciones vulnerables, con pocas posibilidades de conseguir trabajo y culminan bajo condiciones de precariedad máxima.
Tanto CAREF, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi), presentaron un amparo judicial en el fuero contencioso administrativo federal solicitando la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 70/17. El mismo tiene sentencia en primera instancia y está a la espera de la revisión de la Corte Suprema de Justicia.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación es dirigido por Rodrigo Lloret y lo integran los mejores periodistas del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil.
