En el año electoral que recién comienza, entre las medidas que piensa tomar el gobierno de Mauricio Macri, se encuentra la de acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen.
Desde Cambiemos se avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para preparar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, y además, buscan agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.
Tras su primer año de gestión, Macri firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen. Asimismo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta ese momento podían demorar hasta 6 años. Pese a ello, ese DNU fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Sin embargo, pese a las trabas que se le presentaron, el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.
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En noviembre, el jefe de la bancada Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto volvió a poner el tema en discusión y propuso “echar a patadas a los extranjeros que delinquen”, luego de que la Policía Federal detuviera a dos venezolanos, un paraguayo y un turco, durante los incidentes que se produjeron en los alrededores del Congreso, en medio del debate por el Presupuesto. En ese marco, el mandatario insistió en debatir el tema, por lo que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con el senador trabajar en conjunto para endurecer la ley.
La iniciativa que presentó el rionegrino es aún más dura que la pretensión del Gobierno, dado que propone la expulsión de un extranjero con apenas el dictado de un procesamiento por parte de un juez de primera instancia.
Desde el oficialismo no hay una posición unánime respecto al tema. Mientras en el ala más dura coinciden con el planteo del senador y hasta reclaman exigir “reciprocidad” a los países de origen, en lo que respecta a temas de salud y educación, el sector más garantista y algunos arietes judiciales del Gobierno se oponen a la expulsión anticipada y advierten que sin una condena firme sería avanzar sobre el principio de inocencia, según consignó el periodista Ignacio Ortelli del diario Clarín.
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Fuentes oficiales precisaron al mencionado medio que el jefe de Estado tiene una postura que se inclina al sector más duro, al sostener: "Hay que buscar consenso y debatir con todos los sectores un tema que los países más serios evalúan con seriedad y sin demagogia: desde el delito, que es lo más urgente, hasta políticas de largo plazo, como el ordenamiento del flujo migratorio". Los diferentes sectores del Gobierno consultados coinciden en algo: el debate se abrirá previo a la campaña electoral que se avecina.
Sobre el fuero. Parece que la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley estaría avanzado. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.
De allí, algunas iniciativas ya se aplican: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos. Ya cuenta con el aval judicial. A esto se le agrega la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para su posterior expulsión. De este modo, serían cerca de 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.
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El rol de Patricia Bullrich. La idea es que la ministra de Seguridad disponga la creación de una unidad especial de búsqueda de extranjeros, que busque los nombres que Migraciones actualice periódicamente, de forma online.
Cifras. Según Migraciones, en 2015 hubo sólo 4 expulsados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70 de la ley 25.871. En 2016, 33. En 2017, fueron 75. Y en 2018, hasta octubre, se contabilizaron 150. Las cifras no incluyen los casos contemplados por la figura del extrañamiento, es decir, aquellos que son expulsados cuando cumplen con la mitad de la condena.
F.D.S./
