La superpoblación carcelaria es un problema que afecta al Gobierno bonaerense. Sobre una plaza disponible de 28 mil lugares, el sistema carcelario de la provincia alberga, al momento, alrededor de 42 mil detenidos y el 5% de ellos corresponde a extranjeros. Por este motivo, el gobierno de María Eugenia Vidal busca acelerar los requisitos para deportación: según informa el diario La Nación, este año ya fueron echados 23 presos y hay otros 300 casos en estudio.
"Cuando un extranjero comete un delito en el territorio y ya cumplió la condena, se lo puede enviar a su país y allí quedará libre" afirmó al matutino, el subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia, Juan Barik. El funcionario añadió que el gobierno les hace saber a los jueces naturales de los detenidos en qué fecha se cumplirá ese plazo que habilita a que se quede acanzado por los artículos 29 y 69 de la ley nacional de migraciones.
Barik explicó que, a raíz de la superpoblación, el Gobierno comenzó a estudiar todos los casos que podrían llegar a tener un tratamiento particular dentro del sistema sistema, como las situaciones de delitos leves, los presos neuropsiquiátricos y los foráneos.
Cárceles bonaerenses: la calesita del hacinamiento
"A partir de este año, estamos trabajando con empeño en identificar a las personas privadas de su libertad que, por ser extranjeras y haber cumplido o estar por cumplir la mitad de sus penas, pueden calificar para entrar dentro del proceso previsto en la ley de migraciones" agregó el ministro de Justicia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari.
El procedimiento que se realiza debe contar con el consentimiento del recluso, por lo que se tiene en cuenta casos en los que la persona prefiere quedarse en el país, por ejemplo, por haber formado una familia.
JPA
