La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó este jueves el informe anual del 2017, sobre "La situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales de la Argentina". El reporte refleja la situación crítica en la que viven los presos y abarca cifras alarmantes.
El documento de más de 700 páginas, al que se puede acceder aquí, revela datos sobre la población reclusa y hace foco en el problema de la sobrepoblación. Se trata de un drama "cada vez más acuciante en las cárceles de nuestro país y también en las federales", según indicó el relevamiento entre sus conclusiones. Un capítulo, además, se dedica a la "persistencia de la tortura y los malos tratos".
"Para el 2017 se documentaron 615 casos de torturas y/o malos tratos. En el 40% de los casos las víctimas prestaron su consentimiento para realizar una denuncia penal por lo sucedido. Ello derivó en 198 denuncias presentadas por la PPN a lo largo de 2017, incluyendo episodios individuales y colectivos. Respetando la voluntad de los agredidos, y en la línea de lo recomendado por el Protocolo de Estambul, sólo se denuncian los casos en los cuales las víctimas están de acuerdo con iniciar la acción penal. Su voluntad es de especial relevancia habida cuenta de las represalias y/o amenazas que con frecuencia reciben por parte de sus agresores. Las cifras de tortura y malos tratos relevadas año tras año por la PPN refuerzan el patrón de estructuralidad y sistematicidad que asume la violencia institucional, física y psíquica, al interior de las cárceles federales", sostuvo el informe.
No obstante, según el escrito también se denunciaron una serie de torturas diferentes: "El Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) registró además de los malos tratos físicos otras modalidades de tortura tales como aislamiento, requisas vejatorias, traslados que afectan derechos de los presos, condiciones materiales precarias, etc. Para el año 2017 se registraron 819 víctimas que permiten la individualización de un total de 2510 hechos de tortura y/o malos tratos ocurridos en cárceles federales. A ello hay que agregar que se registraron 103 víctimas de hechos de malos tratos y/o torturas por parte de policías u otras fuerzas de seguridad en distintas jurisdicciones del país".
Estos casos llevaron a un total de 62.624 demandas de la población reclusa, de las cuales 45.609 fueron recibidas telefónicamente y 15.478 en entrevista personal en el marco de visitas a la cárcel (a ello se suman 1.143 demandas recibidas en la sede del Organismo y 394 por correspondencia). Además, los facultativos del Organismo efectuaron un total de 2520 evaluaciones médicas de internos, de las cuales 1533 entrevistas médicas con personas detenidas; y el equipo de Salud mental realizó 1270 intervenciones, entre las cuales 317 entrevistas psicológicas con personas privadas de libertad.
En ese contexto, la PPN apuntó contra la escasa respuesta del sistema judicial ante las denuncias. "En el año 2017 se logró hacer seguimiento de 173 de las 198 denuncias presentadas, pudiéndose observar que al momento actual el 42% de las causas se encuentran archivadas, mientras que el 55% están en trámite. Asimismo, se continuó con el seguimiento de las denuncias presentadas en el año 2014, verificando quede las 192 causas iniciadas en ese año, 131 se encontraban archivadas, y 58 estaban en trámite, sin que ninguna de ellas haya sido elevada a juicio oral ni se haya registrado condena alguna. Estos datos muestran que la respuesta judicial frente a las denuncias de torturas y malos tratos continúa siendo inadecuada en la gran mayoría de los casos".
En otro capítulo del texto, explicaron que durante el año 2017 "se han registrado cuarenta y un muertes, diecinueve de ellas violentas. La arista del fenómeno con mayor nivel de gravedad y visibilidad durante el 5 año 2017 han sido los diez casos de ahorcamiento en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza". Y en ese contexto, vincularon dichas muertes con las vulneraciones de derechos.
"Los antecedentes reunidos por este organismo ante esta problemática, permiten identificar la íntima relación entre muertes por ahorcamiento y diversas vulneraciones de derechos en el encierro. Entre ellas, pueden mencionarse la inexistencia de prácticas de intervención reforzadas ante la vivencia de situaciones especialmente traumáticas (graves problemas familiares, resoluciones judiciales adversas, persistencia o agravamiento de las adicciones); la reiteración de casos de ahorcamiento como medida de fuerza extrema ante un reclamo persistentemente desoído –detenidos que solicitan el ingreso de un familiar, acceso a un teléfono, suspensión de una situación de aislamiento en solitario agobiante, o el traslado a un establecimiento cercano a su hogar–; y, principalmente, el vínculo cercano entre ahorcamientos en prisión, altos niveles de aislamiento y agresiones físicas".
Con respecto a la superpoblación, la PPN detalló que a diciembre de 2017 "hay 284 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento declarada por el Sistema Penitenciario Federal. Sin embargo, desconfían de los criterios de esa medición porque el cálculo de la tasa de ocupación utilizada a nivel federal en base a la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 2892/2008 contiene un parámetro de superficie de entre 2 y 3.40 m2 por interno en algunas celdas, lo que es muy inferior a los estándares de habitabilidad aplicables.
