En las últimas semanas, distintos casos de niños y niñas expuestos a situaciones de maltrato sostenido —algunos con desenlaces fatales— volvieron a instalar el tema en la agenda pública. Cada episodio genera conmoción social y reabre una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que estas situaciones persistan sin ser detectadas a tiempo? Se trata de una problemática compleja que interpela no solo al sistema de salud y justicia, sino a toda la sociedad.
El llamado “síndrome del niño maltratado” refiere a un conjunto de signos clínicos y conductuales que pueden dar cuenta de violencia prolongada. Entre ellos se incluyen lesiones en distintas etapas de evolución, hematomas en zonas atípicas, quemaduras, fracturas sin explicación consistente, así como indicadores conductuales como retraimiento, miedo intenso, hipervigilancia o cambios bruscos en el comportamiento. Estos signos no suelen responder a hechos aislados, sino a procesos sostenidos en el tiempo, muchas veces invisibilizados en el ámbito privado.
En Argentina, la Oficina de Violencia Doméstica registra más de 18.000 presentaciones anuales, mientras que UNICEF estima que 6 de cada 10 niños y niñas sufren algún tipo de castigo físico como forma de disciplina. Estas cifras no solo reflejan la magnitud del problema, sino también la persistencia de prácticas naturalizadas que vulneran derechos fundamentales de la infancia.
Es importante subrayar que un niño no se vuelve hipervigilante de un día para el otro, ni desarrolla miedo generalizado de manera repentina. Estos indicadores suelen ser la expresión de una exposición prolongada a situaciones de violencia, negligencia o desprotección. En muchos casos, el silencio se impone como mecanismo de supervivencia: los niños callan por miedo, por lealtad o porque no encuentran adultos que puedan o quieran escuchar.
Detectar estas señales a tiempo requiere un compromiso activo por parte de los adultos responsables y de la comunidad en su conjunto. Observar, escuchar y dar valor a los cambios que llamen la atención resulta clave, incluso cuando no exista una denuncia formal. La escuela, el sistema de salud, los espacios recreativos y el entorno barrial cumplen un rol fundamental como redes de contención y alerta temprana.
La prevención exige además una mirada interdisciplinaria y la existencia de protocolos claros de actuación que permitan saber dónde y cómo intervenir frente a una sospecha. Desde el vecino, el pediatra o el docente, hasta cualquier adulto del entorno cercano puede convertirse en un eslabón clave para interrumpir situaciones de violencia. La capacitación continua y la sensibilización social son herramientas indispensables para evitar la omisión o la minimización de estos casos.
Asimismo, es necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección integral de la infancia, garantizando recursos adecuados, articulación entre organismos y respuestas rápidas y efectivas. La intervención estatal no debe limitarse a la reacción ante el daño consumado, sino orientarse también a la prevención y al acompañamiento de las familias en contextos de vulnerabilidad.
El cuidado de la infancia se vuelve posible cuando el relato es escuchado y validado, cuando se evita la revictimización y cuando se ofrece protección concreta y sostenida. Romper el silencio implica generar condiciones para que los niños puedan hablar sin miedo y para que los adultos asuman la responsabilidad de actuar.
Solo así puede interrumpirse el secreto y el aislamiento que el maltrato infantil impone. Solo así, también, es posible construir una sociedad que no mire hacia otro lado frente al sufrimiento de los más vulnerables.
Andrea Maccione
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