La diputada Carrió insiste y con mucha razón en cuestionar al Consejo de la Magistratura, quien con muy livianos argumentos y luego de una investigación superficial, que no cumple con requisitos mínimos de fondo, (demostrando un ejercicio arbitrario y selectivo del control sobre los jueces, favoreciendo la generación de jueces “amigos”) desestimó, con medidas de prueba del todo insuficientes, la denuncia contra el juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la causa –sensible para el gobierno- por la deuda del Correo Argentino. Esta causa está paralizada.
"Quiero expresar mi preocupación ante la desestimación de la investigación que trata sobre el presunto enriquecimiento del juez Ariel Lijo, hoy bajo la influencia y protección del empresario del juego y dirigente deportivo Daniel Angelici , quien debería abocarse a dirigir un club de fútbol y no a proteger o a vetar jueces en la Argentina", sostuvo Elisa Carrió en una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas. Este consejo está dominado por el oficialismo. p> La depuración de la Justicia –una Justicia sin operadores, sin sobornos, sin jueces cuyos hermanos son reconocidos operadores o testaferros, sin cruces entre fútbol, política y justicia- es un paso decisivo en la construcción de una República. Este es acaso el paso más trascedental que debe dar hoy la democracia argentina. El 70 % de la ciudadanía no cree en el Poder Judicial. Este número marca la importancia de la transformación de raíz de nuestro Poder Judicial, un poder vetusto, corrompido y muchas veces manejado por intereses que debieran ser ajenos a su funcionamiento y que muy poco tienen que ver con la “justicia”. La transparencia en un poder como el poder judicial, que tiene a su cargo nada menos que el resguardo de la constitución, es casi una condición de supervivencia. Jueces manejables por el poder político de turno o cuya agenda es marcada por las necesidades de un gobierno (Correo Argentino, detención de Boudou), configuran un riesgo para la democracia. Y también un riesgo para los derechos de la ciudadanía. La independencia de la Justicia (su imparcialidad, evitar la doble vara política) es una condición de la vida en democracia.
La protección oficialista al juez Ariel Lijo contrasta con la prédica en favor de la transparencia y la división de poderes. La independencia de Lijo no es posible en la medida en que su cargo depende de los favores que como juez le prodiga y le ha prodigado al gobierno. Y no es el único caso de juez “amigo”. Las renuncias de la procuradora Alejandra Gils Carbó o la permanencia de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema más allá del límite de edad, (la anticipada renuncia de Oyarbide) fueron productos poco transparentes de “negociaciones” y “acuerdos” entre estas personas y el Poder Ejectivo, al que deben controlar. Esas negociaciones no fueron públicas. Existen aún demasiados mecanismos de operadores entre poderes, que terminan reemplazando y socavando sus canales formales, que deben ser defendidos y preservados (y ser públicos), aunque hoy sean meras “formas” republicanas sobre las que operan intereses concretos (espurios) de diverso tipo. No se equivoca Carrió en este punto. La República tiene mecanismos y formas. La liviandad para desestimar las denuncias contra Lijo contrasta con la rapidez para remover de su cargo a un juez como Luis Arias, que no se ha apartado en ningún momento de sus deberes como magistrado y sobre quien no pesan denuncias ni sospechas del calibre que sí pesan sobre Lijo. Arias fue destituido por el contenido de sus fallos, lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento. Arias ha fallado incómodamente para el actual gobierno. Lijo, en cambio, no. El show mediático de la detención de Boudou, barriendo con cualquier garantia procesal, (lo cual es independiente de su culpabilidad o no) se debe a una decisión de Lijo en connivencia con el Ministerio de Seguridad. Esta connivencia, sobre la que se montan shows mediáticos, erosiona el principio de legalidad, violenta la división de poderes. También mancilla el debido proceso.
La denuncia de Carrió es importante porque es la única voz del arco oficialista capaz de trazar distinciones entre lo correcto y lo incorrecto en términos institucionales más allá de la vorágine de la coyuntura política, trazando distinciones entre Gobierno y Estado, entre la política y la justicia: proteger a Lijo no es compatible con una prédica en favor del saneamiento del Poder Judicial. Es una contradicción que Carrió pone, con razón, sobre la mesa. Y debe ser apoyada, porque trasciende, en su prédica institucional, las banderas partidarias. Es un reclamo republicano sobre el que todos, con prescindencia de nuestra adiscripción partidaria o política, podemos –y debemos- estar de acuerdo. Porque sobre estos acuerdos básicos se genera un genuino –y necesario- diálogo político. El peronismo –un peronismo renovado, con nuevos rostros y nuevos discursos, no un peronismo cómplice sino un peronismo crítico, leal, pero no obsecuente- debe ser parte de la construcción de una nueva República. La depuración de la Justicia –y la transparencia y apertura de sus canales de actuación- es una tarea vital para la democracia argentina. No puede haber ya “operadores” en el Poder Judicial. Sean hermanos o amigos del poder político de turno (Angelici) o judicial (hermano del juez Lijo). Una justicia sin operadores, es una justicia transparente y una justicia transparente, es una necesidad de toda República.
