La condena de los periodistas Kyaw Soe Oo y Wa Lone a siete años de prisión en Myanmar por denunciar la persecución a la minoría Rohingya constituye un grave antecedente para la libertad de prensa. Los periodistas fueron acusados de violar los secretos de Estado al denunciar el asesinato y la violación de derechos humanos de la minoría musulmana Rohingya en un país cuya religión oficial es el budismo. Esta decisión muestra el retroceso de la transición democrática en Myanmar bajo la tutela del ejército. El año pasado, el Gobierno de Myanmar defendió y justificó la expulsión de 800 mil Rohingya en la frontera con Bangladesh provocando una grave crisis humanitaria que mereció la crítica de los organismos internacionales. La acción contra los periodistas fue criticada por el Secretario General de las Naciones Unida, Antonio Guterres, y Michelle Bachelet, en su carácter de Comisionado para los Derechos Humanos, subrayó esta semana en su informe los peligros para el periodismo independiente en ese país.
La dirigente San Suu Kyi declaró que el gobierno procedió a la detención por violación de la legislación sobre secretos de Estado. Esta intervención agregó un nuevo elemento de perplejidad sobre la posición de San Suu Kyi quien ha preferido resguardar su relación con los militares abandonando su defensa de los derechos humanos que contribuyeron en su momento a otorgarle el Premio Nobel de la Paz.
La libertad de prensa en los países miembros de Asean atraviesa una situación difícil por la debilidad del arraigo de la democracia y la creciente influencia de los regímenes autoritarios. Vietnam y Laos continúan apegados al régimen de partido único, y el Primer Ministro de Camboya Hun Sen, hombre fuerte que participara de la invasión de Vietnam en 1979, acentuó su control sobre todos los estamentos de la sociedad. Hun Sen asumió como Primer Ministro en 1985 y desde ese entonces ha estado en control del Estado. El periódico The Cambodian Daily cerró y The Phnom Penh Post fue comprado por amigos del gobierno. En las elecciones del 29 de julio de este año, el Partido del Pueblo que responde a Hun Sen obtuvo las 125 bancas del parlamento.
El Presidente Duterte en Filipinas lanzó una guerra contra el narcotráfico con la excusa de limpiar el país bendiciendo los asesinatos extrajudiciales por parte de la policía y escuadrones de la muerte. El Presidente de la Unión de Periodistas denunció que 11 de sus miembros fueron asesinados desde julio 2016. El nuevo Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, que gobernara entre 1981 y 2003, prometió derogar la legislación sobre control de la prensa designada para atemorizar la libre expresión. Singapur, el país más desarrollado del área, estableció un régimen basado en el control de la prensa y estrictas regulaciones sobre la difusión de “noticias falsas y difamatorias” sobre los miembros del poder público. El Primer Ministro de Tailandia, General Prayuth Chan-ocha, lideró el golpe de Estado en 2014 con la excusa de trabajar para la reconciliación nacional e instaurar una “verdadera democracia”. En estos años, el régimen militar se ha empeñado en desprestigiar a los partidos políticos y construir una compleja estructura institucional para asegurar la continuidad de la influencia militar. Con ese fin ha ejercido el control de los medios de prensa desplazando a los periodistas que cuestionaron las demoras para convocar a elecciones libres como sucediera con el director de The Nation, Umesh Pandey.
La condena a los periodistas en Myanmar confirma la tendencia negativa para la libertad de prensa en el Sudeste asiático. El éxito económico de China, el liderazgo del presidente Xi Jinping y las críticas al sistema democrático representan un aliciente para los regímenes autoritarios; las elites ven a la democracia y con ello a la libertad de expresión como un peligro para la estabilidad. El pronóstico para la región es sombrío y sólo cabe esperar un aumento de los controles y mayores riesgos para el periodismo libre.
