La Justicia de Colombia ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria en su hacienda de Antioquia tras ser condenado a 12 años de cárcel por fraude procesal y soborno.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa contra el fallo dictado el pasado 1° de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia. Además de la condena de cárcel, el exmandatario había recibido una inhabilitación por más de ocho años y una multa superior a los 830.000 dólares.
El tribunal revocó la prisión domiciliaria y amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario, de 73 años, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y fundó el partido derechista Centro Democrático, hoy principal fuerza opositora al gobierno de Gustavo Petro.
Un proceso histórico y su lucha contra la guerrilla
La condena convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano en ser sentenciado por manipulación de testigos. La investigación se originó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. La Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda en 2018 y, en un giro, abrió otro contra el expresidente, al concluir que habría intentado presionar testigos para favorecer su defensa.
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Durante el juicio, Uribe se declaró inocente y calificó la decisión como un “fallo político”. Su liberación no anula la condena: el proceso sigue abierto y la sentencia de 12 años aún está en revisión.
Durante su gobierno, Uribe lideró una ofensiva militar que debilitó a las guerrillas en un conflicto armado que dejó más de 450.000 muertos en seis décadas. También promovió la extradición de jefes paramilitares a Estados Unidos. Sin embargo, estos grupos ilegales —responsables de más de 200.000 homicidios— terminaron marcando su legado con sospechas de vínculos y complicidades.
No es la primera vez que Uribe enfrenta restricciones judiciales: en 2020 estuvo bajo arresto domiciliario durante dos meses, acusado de obstrucción a la Justicia.
La liberación desató un fuerte debate político en Colombia. Desde el Centro Democrático, figuras como María Fernanda Cabal celebraron la medida como una reivindicación: “No puede ser que el mejor presidente de la historia esté preso y, los bandidos, libres”.
En la misma línea, la senadora Paloma Valencia agradeció al tribunal: “Uribe libre gracias a una tutela. ¡Gracias!”.
Otras voces del uribismo, como Juan José Lafaurie y Lina María Garrido, calificaron el fallo como un “alivio” y un “reencuentro de la Justicia con la verdad”. El representante José Jaime Uscátegui agregó: “Con la frente en alto, seguirá enfrentando la persecución y defendiendo su inocencia con coraje”.
Un fallo con impacto político
El pronunciamiento del Tribunal Superior no solo modifica la situación procesal del expresidente, sino que reabre el debate sobre el papel de la Justicia en la política colombiana. Analistas consideran que el caso marcará un precedente inédito en la relación entre poder político y sistema judicial, y que podría influir tanto en la dinámica interna del Centro Democrático como en el futuro de la oposición frente al gobierno de Petro.
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