Doce países del Como Sur y America Central, se pronunciaron sobre los medios necesarios contra la propagación del Covid 19 en el continente, apuntalando el llamado planetario de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para “ofrecer una sólida respuesta de salud pública y a la vez velar por la protección de los derechos humanos”, trasluce un documento pormenorizado que se ha debatido en la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
En lenguaje diplomático esos países reclamaron poder “gozar de los beneficios del progreso científico”, y que se les facilite “la producción local de medicamentos y la transferencia de tecnologías de la salud con el objetivo de hacerlas más accesibles para todos y permitir que a través del acceso al derecho a la salud otros derechos sean garantizados”, sostuvieron Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.
Afirmaron también que esos derechos se han “socavado”. Solicitaron implícitamente en consecuencia que se los liberen de los costos de las patentes para fabricar las vacunas y tratamientos, hoy exclusividad de los grandes laboratorios internacionales, para que los países pobres o poco desarrollados sean habilitados a producirlos sin gravámenes, pues la compra es imposible de afrontar económicamente para los Estados más necesitados.
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Estos 12 países latinoamericanos denunciaron a su vez que “unos pocos Estados han recibido más del 87% de las dosis y los países en desarrollo el 0,2%” cuando necesitan imperiosamente 11.000 millones de dosis para conseguir rápidamente la inmunidad mediante la vacunación masiva, mientras que los países ricos, principalmente Estados Unidos y los de la Unión Europea, limitan de momento su solidaridad ofreciendo gratuitamente 1.000 millones de dosis al Tercer Mundo.
“La carga de las adversidades no se han distribuido de forma equitativa entre países y tampoco entre las poblaciones. Los grupos que ya sufrían la pobreza, la marginación y múltiples e interseccionales formas de discriminación han sido principalmente afectados, así como los países en desarrollo, inclusive en nuestra región”, concluyeron estos 12 Estados, no debiendo olvidarse que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya autorizó 14 vacunas y hay otras 97 en estudio.
Venezuela aprovechó la mención de la Alta Comisionada de los países que padecen “sanciones sectoriales de amplio espectro”, específicamente medidas coercitivas unilaterales, para agregar a su caso los de Cuba, Iran, Siria y Yemen. Es sabido que cuando esas disposiciones afectan negativamente los derechos fundamentales de las poblaciones, vienen siendo condenadas por Michelle Bachelet, como serian las que afligen “la importación de vacunas, medicamentos y alimentos”.
Venezuela reveló al respecto que “hace unos pocos días un banco local bloqueó varios millones de dólares que correspondían (a un) deposito … para acceder al primer lote de vacunas mediante el sistema Covax”, pidiendo a la Alta Comisionada que “reitere su llamado para que estas crueles e ilegales medidas cesen”, pues repercuten perniciosamente “sobre el sector de la salud y los derechos humanos”.
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Michelle Bachelet recomendó a todos los Estados, “establecer procesos de formulación y revisión presupuestaria participativos y transformadores en lo relativo a la igualdad de género y la discapacidad con la participación efectiva de todos los interesados, incluidas las mujeres y los grupos y poblaciones marginadas”, tomando en consideración “los derechos a la salud, la protección social, la alimentación, el agua y el saneamiento, la educación y el trabajo”.
Insistió en “combatir la corrupción, aplicar medidas de tributación progresiva, luchar contra el fraude tributario y reforzar la capacidad de recaudación de impuestos, en particular de impuestos sobre transacciones financieras”, en el contexto de “cancelar o reestructurar la deuda o llegar a acuerdos de moratoria también por parte de acreedores privados”. Pero urgió a salvaguardar los intereses de las minorías, migrantes, poblaciones marginadas, trabajadoras en “cuidados no remunerados” y los “hogares monoparentales”.
Al propio tiempo, alentó a “renovar el compromiso de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo a fin de garantizar que los países de renta baja y media tengan el margen de maniobra fiscal necesario para afrontar la crisis”, perseverando en la reestructuración de las deudas externas “con la participación de todos los agentes”, tomando como referencia “garantizar la inclusión de los países de ingreso bajo y medio actualmente excluidos”.
En Ginebra, Juan Gasparini
