Tras la inyección anímica que el 9N dio a los catalanistas, las calles de Barcelona retomaron su rutina habitual. Se han plegado las banderas y el proceso transita en las mesas de negociaciones. Artur Mas, presidente de la Generalitat, es el anfitrión. Desde que el líder de Convergència i Unió se jugó la arriesgada carta de anticipar las elecciones en 2012, los escenarios han jugado a su favor. Aquel año, ratificó su mandato con la promesa de convocar a un referéndum para decidir el futuro político de Cataluña. No bien asumió, decidió recortes que causaron despidos y reducción de salarios, y de presupuestos en salud, educación y cultura.
“El déficit fiscal catalán nace de los impuestos que Madrid recauda de Cataluña y de lo poco que reinvierten aquí –dice a PERFIL la investigadora en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Marco Palau–. Son 20 mil millones anuales que desaparecen y que si se reinvirtieran, no se hubiese tenido que hacer ningún recorte”. Susana Beltrán, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que “Cataluña tiene unas competencias mayores que algunos estados federados” y que el 9N “esconde un trasfondo de corrupción y un afán de poder de los partidos catalanistas”. La negativa de Mariano Rajoy a un pacto fiscal y el acuerdo parlamentario de 2012 que CiU estableció con Esquerra Republicana obligaron a Artur Mas a reinventarse: de pedir más dinero para Cataluña pasó a radicalizar su postura independentista y a adjudicarse el mérito de que 2,3 millones de catalanes, sobre casi seis habilitados, hayan votado.
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“Muchos ciudadanos demostraron que no quieren saltarse la legalidad”, dice Susana Beltrán, quien desconfía de los números oficiales y habla de 70% real de la población catalana que se abstuvo. Rosa Marco Palau, por su parte, sostiene que “el proceso participativo fue masivo pese a todas las presiones y demostró que no se trata sólo de independencia sino de poder ejercer el derecho básico del voto”.
Una semana después del 9N, CiU y ERC han roto su acuerdo parlamentario, abriendo el abanico de nuevas alianzas posibles (ver recuadro). Y Mas logró recomponer una imagen que bajaba en caída pendiente, tanto por los ajustes de su gobierno como por el desgaste de una consulta que, al final, supo capitalizar a su favor. Ahora le tocará lidiar con la incertidumbre y salir airoso de una coyuntura que, si bien lo mantiene aún de pie, ya no controla con tanta seguridad.
Los socialistas tienden una mano
Tras la negativa de Mariano Rajoy a permitir un referéndum legal, todo apunta hacia elecciones anticipadas en Cataluña, esta vez con carácter plebiscitario. Artur Mas ha anunciado que se tomará un mes para decidir si firma el decreto de convocatoria, mientras mantiene reuniones con los principales referentes políticos de Cataluña. La lista unificada que pretendía con Esquerra Republicana parece imposible porque el partido que lidera Oriol Junqueras no tiene intención ni en ceder la cabeza de la lista ni en aprobar el Presupuesto 2015 del Ejecutivo catalán.
Aprovechando la fisura de esta alianza, el PSC (la versión catalana del PSOE) ha ofrecido los votos de sus diputados a favor del presupuesto, a cambio de que el presidente catalán abandone su posición independentista y acepte trabajar en una reforma constitucional hacia una España más federal.
