El gobierno interino de Bolivia acusó este lunes al chavismo de planificar y financiar las protestas registradas en el país tras la salida del poder del ahora expresidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que la Policía boliviana llevó a cabo una investigación sobre las "revueltas" y vinculó al exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Facundo Morales con el hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, Raúl.
"Hay una corriente liderada por el señor Nicolás Maduro que busca desestabilizar gobiernos establecidos en América", afirmó Murillo minutos antes de que la Policía muestre los resultados de su investigación, según publicó el diario El Deber.
La Policía informó que el argentino Facundo Molares Schoenfeld, conocido entre las antiguas FARC como 'Camilo', ingresó el 10 de julio en Bolivia desde Chile a través del control fronterizo de Pisiga. Un mes después, el 12 de agosto, Molares partió desde Viru Viru a Venezuela, país donde permaneció cerca de dos meses. El 13 de octubre, el exguerrillero regresó a Santa Cruz en un vuelo de la estatal venezolana Conviasa.
"Hay una corriente de desestabilización desde el señor Maduro, si es que así se lo puede llamar, que está buscando desestabilizar países en América. Eso es terrible", dijo Murillo en una declaración de prensa.
Según las fuerzas de seguridad, Molares regresó acompañado a Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que en el mismo vuelo se encontraban el colombiano Pedro Nel Carvajalino Amaya y el venezolano Oswaldo Rivero Curvelo. "Estas personas ingresaron para desestabilizar el país, para lograr un terrorismo mediático. Están altamente capacitados en la manipulación de las redes sociales", explicó el director de la Felcc de Santa Cruz, Óscar Gutiérrez.
La Policía asegura que Carvajalino creó una cuenta falsa de la presidenta Jeanine Áñez, desde donde compartía mensajes que provocaban a los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, incentivando de esta manera una mayor convulsión en Bolivia.
Por otra parte, Murillo anunció que solicitó una reunión con representantes de los gobiernos de Colombia, Chile y Perú para compartir las conclusiones de la investigación de la Policía de Bolivia y coordinar acciones con el objetivo de frenar este tipo de actos. "Maduro ha financiado el terror que hemos visto en Colombia, Chile y Perú y que también hemos vivido los bolivianos", concluyó.
En esa misma línea la canciller boliviana, Karen Longaric, había dicho el domingo en una entrevista que los partidos opositores al gobierno de Evo Morales no podían quedarse “indiferentes ante la ostensible injerencia de Venezuela”. “En los últimos días previos a la transición constitucional, se constató que funcionarios diplomáticos de Venezuela estaban seriamente y activamente involucrados en actos desestabilizadores. Teníamos que actuar”, aseguró.
Idéntica reacción de EEUU
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que la Casa Blanca está trabajando para apoyar a los gobiernos "legítimos" de América Latina frente a las movilizaciones sociales y para evitar que éstas sean "secuestradas" por Cuba y Venezuela.
"Hemos visto protestas en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Son una expresión democrática y los gobiernos deben respetar esas protestas", dijo Pompeo durante un acto en la Universidad de Louisville, Kentucky. Sin embargo, advirtió que seguirán apoyando a estos países "para que impidan que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas, para que esos gobiernos legítimos eviten que esas protestas se conviertan en disturbios y violencia, que no reflejan la voluntad del pueblo. Seguiremos vigilantes", agregó.
En particular, Pompeo se refirió a Bolivia: "Los bolivianos están reconstruyendo su democracia. Ya nadie en la región piensa que el autoritarismo sea el camino a seguir con excepciones como Cuba, Nicaragua o Venezuela", afirmó en un video difundido por el Departamento de Estado.
Pompeo recordó la expulsión de miles de médicos cubanos de Bolivia por orden del Gobierno instaurado tras la dimisión del presidente Morales, forzada por el Ejército. "Realmente estaban trabajando para el Gobierno (cubano). Envían a médicos a todo el mundo para traficar y generar ingresos para la dirigencia cubana y ellos reciben entre el 20 y el 30 por ciento de lo generan", señaló.
D.S.
