A principios de noviembre varios comités cívicos, gremialistas, transportistas y universidad pública entre otras organizaciones, iniciaron un paro en el departamento de Santa Cruz en rechazo a una norma que pretendía aumentar el control policíaco y el centralismo político. Este conflicto es el resultado de las dificultades del gobierno del MAS para generar consensos en una sociedad donde los gobiernos regionales, las clases sociales y los colectivos indígenas (principalmente del oriente boliviano) no han podido encontrar un terreno común para resolver sus fracturas históricas con el Estado.
Mientras el oficialismo ve permanentemente fantasmas y se enroca en la falaz teoría del golpe de Estado, gran parte de la oposición reproduce un discurso político en línea con el anticomunismo macartista. Los permanentes conflictos, conectados a problemas estructurales no resueltos, están vinculados al propio Estado. Y es que el Estado boliviano actúa en función de los intereses de la fuerza política de turno. Este es un síntoma de que el Estado en Bolivia es un mero instrumento de poder, lo cual genera desconfianza en la ciudadanía. A un año de la asunción de Luis Arce, existe una dimensión estructural y otra coyuntural para explicar la crisis política boliviana que se ha intensificado en el último mes.
Estado boliviano actúa en función de los intereses de la fuerza política de turno
Conflictos en el tiempo (coyuntural)
El MAS ha sido la primera fuerza política en las elecciones nacionales y subnacionales del 2020 y 2021y predomina a nivel territorial. Sin embargo, ha perdido su hegemonía política a nivel nacional. Por ello, el gobierno tiene dificultades para establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana, compuesta por sectores populares y clases medias no afines al gobierno, para dirigirlo el país a través de un marco de ideas que contemple a toda la sociedad. Esto ha llevado a que cuando el MAS intenta imponer sus posturas estallen los conflictos sociopolíticos.
La crisis política que se vivió en el país en la primera quincena del mes de noviembre, que se expresó en un paro multisectorial y bloqueos de calles, fue incentivado por la pretensión del gobierno de establecer una arquitectura normativa en nombre de la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”. Una medida que, de continuar, podría haber afectado a diversos sectores populares informales, clases medias y empresarios porque todo movimiento de dinero, más allá de la cantidad, puede ser considerado sospechoso de ser ilegal, lo cual ha provocado cierta incertidumbre.
El gobierno tiene dificultades para establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana, compuesta por sectores populares y clases medias no afines al gobierno
Antes esta realidad, el MAS ha señalado a una única organización social, el Comité Cívico de Santa Cruz, de ser la principal responsable de intentar desestabilizar políticamente el gobierno de Arce. De esta manera, el oficialismo simplifica intencionalmente la dimensión coyuntural del conflicto por conveniencia ideológica y limita las posibilidades de establecer un espacio de deliberación y entendimiento entre el gobierno nacional y los sectores movilizados.
Dimensión estructural
Bolivia tiene, a grandes rasgos, tres contradicciones o fracturas estructurales que hasta ahora el Estado no ha podido resolver, a pesar de una Constitución Política Plurinacional aprobada en 2009 que, de acuerdo al relato del MAS, sería la panacea para solucionar todos los conflictos históricos: el étnico-cultural, el político-espacial y el de la diferencia de clases sociales. Estos conflictos son los responsables de problemas profundamente arraigados en la sociedad boliviana como el racismo, el centralismo político, el regionalismo, la exclusión social y desconfianza en la representación política.
De acuerdo al Latinobarómetro 2010, un año después de aprobada la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), la confianza en los partidos llegó al 17%. Una década después, según el mismo índice, el apoyo ha disminuido un punto. La gran desconfianza hacia los partidos políticos en Bolivia, sin embargo, no ha afectado a la participación ciudadana que en los comicios generales de 2020 fue de casi nueve de cada diez votantes, con un apoyo electoral al MAS del 55%.
Bolivia es un país difícil de entender porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales
A modo de conjetura, esta contradicción se debe a que los votantes apoyaron al partido ganador en busca de certidumbre política y con la esperanza de superar la crisis económica tras un año pandemia y una administración transitoria (Jeanine Áñez) plagada de políticas erradas, corrupción y turbulencias políticas. No obstante, las discordancias entre representantes y representados manifiesta en la desconfianza hacia los partidos políticos no deja de ser preocupante.
Bolivia es un país difícil de entender porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales. Los intereses corporativos de los partidos están por encima del interés público. Las emociones populistas y mezquindades sectoriales son moneda corriente, lo cual erosiona cualquier proceso político que tenga como objetivo fortalecer el rol del Estado como garante del cumplimiento de las reglas de juego y evite su comportamiento intimidatorio de la vida privada y derechos ciudadanos. Esto ha quedado en evidencia con los conflictos en las calles bolivianas en la primera quincena del mes noviembre.
* Politólogo. Integrante del Centro de Investigación Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Santa Cruz de la Sierra). Publicó el ensayo Rebelión y Pandemia. Proceso político-electoral en Bolivia 2019-2020 Editado por Plural. ( @Latinoamerica21)
