El Gobierno Nacional de Alberto Fernández denunció penalmente este lunes 12 de julio al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el supuesto envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019 en medio del golpe de Estado contra Evo Morales.
La denuncia penal, a la que accedió PERFIL, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Los delitos de los que acusa al gobierno anterior son "delito de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de material de guerra". A esos le sumaron "abuso de autoridad, ya que las resoluciones y órdenes ejecutadas por estos funcionarios públicos fueron contrarios al orden jurídico argentino y el de malversación de caudales públicos".
Según la denuncia, el objetivo del envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", afirmaron.
La acusación afirma que el Gobierno de Cambiemos buscó "ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano".
Las conclusiones de lo sucedido según la denuncia
En las conclusiones de la presentación, señaló pueden resumir la denuncia en la siguiente frase: "Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto".
"Frente a la crisis que atravesaba el vecino país, el gobierno conducido por Mauricio Macri, decidió el envío de un grupo especial de protección de la Gendarmería Nacional para custodiar la Embajada Argentina en Bolivia y al Sr. Embajador. Así se plasma en los documentos oficiales del 11 de noviembre de 2019", inició.
Y agregó: "Bajo el supuesto manto de legalidad de esa medida, desplegó actividades criminales en apoyo al grupo sedicioso que había derrocado al gobierno democrático días antes. La improvisada e ilegal decisión quedó plasmada en los documentos de solicitud de autorización de traslado de material controlado del 12 de noviembre, en el cual deciden añadir al traslado de personal y material de seguridad original, un pedido adicional completamente desproporcionado de municiones y granadas para operativos de represión civil. El destino de ese pedido ampliatorio era sin dudas distinto al de la custodia de la embajada argentina y verdaderamente inconfesable".
"Más allá de la contundente prueba que significa la carta de agradecimiento y constancia de recepción de material suscripta por el entonces comandante de la fuerza aérea boliviana –hoy detenido por su participación activa en el golpe de estado-, escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia", añadió.
En esa línea, afirmó: "Ratifica lo denunciado, que en la solicitud de autorización primigenia del día 11 de noviembre, el grupo especial de la Gendarmería, ya había previsto el traslado de 3600 cartuchos anti tumulto de la misma especie que los requeridos al día siguiente. Evidentemente, entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia".
"La maniobra dolosa ya consumada, registra también su intento de ocultamiento en los documentos oficiales fechados por la gendarmería nacional en julio 2020. Conforme el marco legal de nuestro país, toda munición y material controlado, se encuentra individualizado y registrado, con indicación de su poseedor o destinatario, en la ANMAC. Por ello, el 15 de julio del 2020, las autoridades de la Gendarmería, inician los trámites para dar de baja de los registros oficiales y aduaneros, el material desviado oportunamente", afirmó.
Asimismo, comentó: "Mediante ese ardid, pretendían darle a ese material un destino de presunta legalidad. Es así que informan que la totalidad de las municiones habían sido consumidas en Bolivia en maniobras de entrenamiento del grupo especial allí destinado. Es burdo y ofensivo a la razón, creer que en un país inmerso en una grave crisis social y con un gobierno de facto que se encontraba reprimiendo de forma constante al pueblo boliviano, los 10 efectivos del grupo “Alacrán” desviaban su objetivo de proteger la embajada argentina, para concurrir a centros de entrenamiento, y consumir esa enorme cantidad de municiones y proyectiles. Asimismo, ese supuesto entrenamiento resulta contrario a las funciones del grupo “Alacrán”, que no cuenta con doctrina ni aptitudes para el manejo de proyectiles antitumultos".
"La prueba existente del desvío de gran parte del material hacia la fuerza área boliviana, echa por tierra el burdo intento de ocultar la maniobra y compromete seriamente a los funcionarios argentinos en la falsificación de documentos públicos y constituye prueba directa del dolo en su accionar. Todo ello, reviste mayor gravedad cuando se advierte el daño irreparable a las relaciones bilaterales y el compromiso democrático de nuestro país en el concierto internacional. Los graves hechos denunciados y que merecen una profunda e inequívoca condena por traicionar nuestra propia historia, pueden resumirse con vergüenza y dolor, en una contundente frase: Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto", concluyó.
El Gobierno también acompañó la denuncia con el envió de 14 pruebas entre documentos, notas y resoluciones, entre otras.
Quiénes son los funcionarios de Cambiemos denunciados por el supuesto envió de armamento a Bolivia
La denuncia enumera a Mauricio Macri y los funcionarios a los que acusa de esta maniobra y los motivos por lo que son incluidos en la presentación penal.
- Mauricio Macri: "su función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas obligan a investigar su participación en estos hechos que, dada la magnitud de su relevancia institucional, razonablemente no pudieron haber sucedido sin su autorización, aval o impulso, de acuerdo a lo que surja de las investigaciones consecuentes. Vale recordar que a pocos días del golpe de estado y del envío de armas, el propio Macri, aún en funciones, llamó “presidenta a cargo” y “presidenta electa” a la flamante dictadora Añez, en el marco de una cumbre del Mercosur realizada el 5 de diciembre de 2019. Asimismo, según surge de una nota emitida por su propio ex Embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, tras conocerse los hechos aquí denunciados, la decisión de recibir ex funcionarios del Gobierno de Evo Morales en la Residencia Argentina fue una decisión personal del ex Embajador, que fue tomada “más allá de las políticas definidas por el gobierno argentino”. En esa misma nota, el ex Embajador aclara que “solicité a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos autorización (que no fue concedida) para que el avión de Evo Morales pudiera aterrizar en Argentina". Queda entonces claro que Mauricio Macri brindó apoyo público y político a la dictadura de Áñez, lo cual, sumada a su función y a las características de los hechos denunciados, excluyen la posibilidad de que los mismos se hayan desarrollado sin su intervención.
- Patricia Bullrich: "Ministra de Seguridad de la Nación, quien firmó la resolución que autorizó la salida del país del Grupo Alacrán a través del cual se realizó el envío oculto de armas, lo cual evidencia su intervención en la maniobra, cuyo alcance debe ser investigado por la justicia".
- Oscar Aguad: "Ministro de Defensa, quien tenía a su cargo el avión Hércules mediante el cual se produjo el traslado y, por ende, el operativo que permitió el envío del material.
- Jorge Faurié: "Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, responsable como tal de la política exterior del Estado Argentino y superior jerárquico del Embajador Argentino en Bolivia que fuera el destinatario de la misiva que permitió conocer los hechos que dieron origen a la presente denuncia".
- Normando Álvarez García: "Embajador Argentino en Bolivia, quien fuera el destinatario de la misiva que permitió conocer los hechos que dieron origen a la presente denuncia, en donde las Fuerzas Armadas bolivianas agradecían el envío del material contrabandeado".
- Diego Jorge Dávila: "Director General de Aduanas, cuya participación aparece a priori como necesaria dada la magnitud de los hechos denunciados y el deliberado ocultamiento de las granadas presuntamente enviadas, así como de la verdadera destinación del material.
- Eugenio Cozzi: "Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) al momento de los hechos, quien firmó la resolución que modificó los requisitos para las salidas temporarias de material el 7 de noviembre de 2019, alterando sustancialmente el procedimiento de autorización que días después sería utilizado para la maniobra de contrabando aquí denunciada".
- Gerardo José Otero: "Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, y Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina, ambos en funciones al momento de los hechos, quienes participaron del procedimiento mediante el cual se solicitó la autorización para la salida del país del material con una destinación distinta a la real".
- Carlos Miguel Recalde: "Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina al momento de los hechos, quien el 15 de julio de 2020 emitió la nota NO-2020-45257466-APNDIROPER#GNA en la que se indica que, para "mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de SETENTA MIL (70.000) cartuchos calibre 12,70 MM"".
Las 8 medidas de prueba que solicitó el Gobierno Nacional:
- Se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los fines de que: (i) por intermedio de quien corresponda se arbitren los medios para que el Gobierno de la República de Bolivia informe sobre la autenticidad de la Nota Dpto. IV-LOG Secc. Mat. Bel. N° 89/19 de fecha 13/11/2019 firmada por el General de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara; (ii) informe si en la Embajada Argentina en Bolivia, existe el ingreso informático sobre la recepción de un sobre cerrado de la Fuerza Aérea Boliviana a la representación diplomática, destinado al entonces embajador Normando Álvarez García; informe asimismo si la carta quedó asentada en el sistema interno de archivo de la embajada con fecha 14 de noviembre de 2019; (iii) si hubieron requerimientos por parte de la Embajada Argentina en Bolivia de protección por parte de las autoridades durante el mes de noviembre de 2019.
- Se oficie al Ministerio de Defensa a fin de que acompañe toda la información relacionada al vuelo del Hércules C-130 con fecha 12 de noviembre de 2019.
- Se exhorte al órgano jurisdiccional con competencia en la Ciudad de La Paz, Bolivia, a fin de que arbitre las medidas que fueran necesarias para obtener la declaración testimonial del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo.
- Se exhorte por las vías diplomáticas correspondientes al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia a los fines de que informe si en las investigaciones forenses llevadas a cabo en el marco de las Masacres de Sacaba, Senkata, o en otras represiones llevadas a cabo por la Dictadura encabezada por Jeanine Añez, se identificó material armamentístico o municiones compatibles con el material presuntamente contrabandeado por parte de Argentina.
- Se exhorte a los órganos jurisdiccionales correspondientes de la República Plurinacional de Bolivia a los fines de que informen si en las investigaciones penales a su cargo por las represiones cometidas por la Dictadura encabezada por Jeanine Añez, existen evidencias materiales compatibles con el material presuntamente contrabandeado por parte de Argentina.
- Se individualicen los números telefónicos de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Jorge Faurié, Normando Álvarez García, Jorge Dávila, Eugenio Cozzi, Gerardo José Otero, Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, para luego obtener los correspondientes listados de llamadas entrantes y salientes desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2019, y los entrecruzamientos de los mismos.
- Se individualicen los registros de ingreso y egresos de la Casa Rosada, Quinta Presidencial de Olivos, Ministerio de Seguridad, de Defensa, sede central de la ANMAC, sede de la AFIP, Cancillería, y sede central de la Gendarmería Nacional, entre octubre de 2019 y noviembre de 2019.
- Se citen como testigos a todos aquellos que por el ejercicio de sus funciones deberían tener conocimiento del modo en que se sucedieron los hechos, conforme al criterio de V.S. que surjan de la presente investigación penal.
ED
