Pasaron poco más de 48 horas de la denuncia del gobierno de Bolivia contra la gestión de Mauricio Macri por el posible envío de material bélico al entonces gobierno de facto de Jeanine Añez y los informes preliminares apuntan a Gendarmería. En diálogo con PERFIL, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, da detalles de los pedidos de esta fuerza, las posibles irregularidades, sus responsables y un delito que podría ser caratulado de contrabando.
—¿Cuál es la información que lograron recabar hasta ahora?
—Hay un circuito de armamento relativamente autorizado que es el conocido en los últimos días y que se habría enviado a Bolivia durante el golpe de Estado y hay otro, que aparece a través de distintas notas, como el de 70 mil municiones, que tiene un circuito que no está del todo claro. Lo que pudimos reconstruir hasta ahora es que estaría confirmado el envío de municiones. Esto es el comienzo, ya que se inició una investigación administrativa que puede derivar en una investigación disciplinaria.
—¿Las autoridades que en ese momento firman las notas solicitando que se autorice el envío de material cumplen en la actualidad algún rol en Gendarmería?
—Hay dos uniformados que son comandantes generales que están en el último tramo de la carrera. En caso de que la investigación avance, habrá medidas sobre ellos y sobre el director nacional de entonces, que es Gerardo Otero, a quien ellos respondían.
—¿Estos pedidos y cartas son habituales dentro de las fuerzas para enviar uniformados y pertrechos a otros países que sufren conflictos sociales o se está produciendo un golpe?
—No. Lo que figura dentro de lo normal es que dentro de una situación crítica como la que se vivía por ejemplo en la embajada argentina en Chile años atrás haya un refuerzo de agentes y armamento que está solamente orientado a la protección de las instalaciones y el personal de la embajada.
—¿Y lo enviado a Bolivia no puede ser justificado por el gobierno anterior como resguardo de la embajada y ciudadanos argentinos allí?
—En este caso el armamento es propio del grupo Alacrán, que no es un grupo habilitado a intervenir en circunstancias antidisturbio, para eso hay otro grupo de Gendarmería. Entendemos que la salida de 70 mil municiones es totalmente extraordinaria. Además hay otra nota que dice que las municiones nunca volvieron porque se gastaron. ¿Se gastaron 70 mil municiones para instruir a los alacranes que es una fuerza enviada de 11 gendarmes? Dicen que se gastaron en entrenamiento, lo cual es una barbaridad, 70 mil disparos es una barbaridad. Y que se haya gastado en entrenamiento tampoco es lógico. Tampoco hay ningún registro de que el grupo Alacrán que fue haya intervenido para disuadir una manifestación que hubiera querido ingresar a la embajada argentina.
—¿Qué delito puede existir si se comprueba el envío irregular de armamento?
—Lo más probable es que haya contrabando. Hay un registro de salida de determinado material y un registro de la policía de Bolivia que habla de otro material sin nombrar lo que nosotros detectamos, habría sido como mínimo contrabando. Si hay delito, deben pagar todos los responsables porque son muchas dependencias las que se necesitan para sacar este material: Seguridad, Justicia, Aduana, AFIP, Cancillería y Defensa.
—¿Estos movimientos se podrían haber hecho sin que el presidente lo supiese?
—Esto no pudo haber sido sin la decisión del presidente, aunque el jefe de Estado no haya firmado nada. Vamos a ir a fondo con la investigación contra todos los que sean responsables, tanto hacia abajo como hacia arriba y en cada uno de los ministerios.
