El ex juez Eduardo Freiler denunció al expresidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios del Gobierno macrista por el envío de armas y municiones a Bolivia durante la crisis que derivó en la caída del gobierno de Evo Morales en 2019.
Freiler, que fue integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, acusa de los delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, entre otros, al expresidente Macri y a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores), así como al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
"Creo que los hechos por todos conocidos se pueden ver como contrabando agravado, tráfico de armas, hay una falta de haber dado parte al Congreso de la nación para que autorice el ingreso de tropas, ahí se está violando el artículo 75 de la Constitución, y se han violado otros principios de Derecho Internacional, como el principio de no intervención", dijo Freiler en declaraciones a Radio 10.
"Donde existe una causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde el golpe de estado, lo que ha hecho el gobierno argentino puede ser partícipe en la concreción de un golpe de estado, constituye un delito de lesa humanidad, se ha determinado varias masacres en varias ciudades", agregó el exmagistrado.
Freiler dijo que los elementos de prueba contra Macri y sus exfuncionarios "hasta ahora son contundentes y con el correr del tiempo seguramente se van a dar otras pruebas". Además, dijo que algunas sospechas son "más difíciles de determinar", mencionando "el diseño por parte de otros estados en el golpe de estado".
El ministro de Justicia, Martín Soria, había anticipado que el Gobierno denunciará lo ocurrido con Bolivia ante la Justicia.
"Es la primera vez que vemos cómo un presidente argentino directamente colabora con la represión y con un golpe de Estado a un territorio hermano, como es Bolivia. Tienen la sangre del pueblo boliviano en sus manos", dijo Soria en declaraciones radiales, donde definió el hecho como "gravísimo".
El 9 de julio, el gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció que el gobierno argentino envío gases lacrimógenos y munición letal que se usó en la represión de seguidores de Evo Morales en 2019.
El canciller Rogelio Mayta difundió la copia de una carta que le envío entonces el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en la que agradece la recepción de "40.000 cartuchos AT 12/70" (escopeta), más de un centenar de gases lacrimógenos y granadas de gas.
Terceros y el exjefe de la Marina de Guerra de Bolivia, Gonzalo Jarjuri, fueron detenidos el pasado fin de semana por el Ministerio Público, que investiga los incidentes de 2019.
En una carta enviada a Arce y publicada en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández expresó su "dolor y vergüenza" ante la denuncia contra su antecesor, pidió "disculpas" en nombre del pueblo argentino y dijo que "se constató" el envío del material desde Argentina.
El pasado sábado, Macri negó "de manera rotunda" las afirmaciones del gobierno boliviano de que su administración envió munición letal para reprimir a seguidores de Evo Morales en 2019. "Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones", escribió en una publicación difundida en sus redes sociales.
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A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder. Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo "manipulación dolosa".
La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina. La senadora Jeanine Áñez ocupó el poder, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena, y ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre aquellos y militares y policías bajo el gobierno de Áñez. La exmandataria, que dejó el poder tras la victoria de Arce, cumple prisión preventiva acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
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"Es abrumadura la cantidad de pruebas que hay"
El ministro de Justicia subrayó que el ex presidente va a "inaugurar los delitos contra la dignidad y la plaza de la Nación". "No se saca armamento o fuerzas militares de la Argentina a otro país así nomás, todo queda registrado; por eso, es abrumadora la cantidad de pruebas que hay. Creo que Mauricio Macri y sus ex funcionarios van a inaugurar los delitos contra la dignidad y la paz de la Nación", señaló Soria.
El ministro explicó que "cuando un funcionario arremete o altera la convivencia con un país hermano con el que se mantiene relaciones amistosas desde hace muchísimo tiempo atrás también es un delito". "Cuando creíamos que Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años no nos podía dejar de sorprender, lo hicieron una vez más. Es evidente que el Código Penal ya les queda chico", manifestó Soria.
A la vez, el funcionario nacional señaló que en Bolivia "ya hay gente detenida" por estos hechos, entre quienes figura "el que firmó la nota de agradecimiento al embajador argentino por las 40 mil municiones anti tumulto".
ds
