El Tribunal Supremo de Brasil le ordenó al Ejército este lunes 9 de enero desmantelar todos los "campamentos bolsonaristas" dentro del territorio nacional en un plazo de 24 horas, como consecuencia del asalto cometido este domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.
El juez Alexandre de Moraes resaltó la importancia que tiene el desmantelar dichos campamentos a medida que las fuerzas de seguridad arrestan a "todos aquellos manifestantes que aún quedan en las calles", de los cuales ya fueron detenidos al menos 300.
"Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respecto alguno hacia la Constitución", argumentó el magistrado, quien también ordenó la liberación de las principales autovías del país en el transcurso del día, ocupadas parcialmente por los manifestantes bolsonaristas.
De Moraes advirtió que, en caso de que los campamentos continúen establecidos luego del plazo estipulado, los altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia.
Cabe resaltar que el asalto a los edificios de los tres poderes brasileños se produjo tras meses de acampes en Brasilia realizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quienes no aceptan su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y exigen una intervención militar.
Bolsonaro criticó tibiamente la toma de Brasilia pero repudió las acusaciones de Lula en su contra
El magistrado también tomó la decisión de apartar de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, durante 90 días. El funcionario había destituido a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien supo ser ministro de Justicia durante la gestión de Bolsonaro, y pidió disculpas al actual mandatario y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves incidentes ocurridos el domingo por la tarde.
El juez argumentó que el violento ataque contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva" de las autoridades pertinentes en cuanto a seguridad pública e inteligencia. Además, remarcó que se trató de un "hecho notorio y sabido".
Frente a la magnitud del asunto, Lula da Silva decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el 31 de enero, por lo que las fuerzas de seguridad de dicho territorio estarán en ese periodo bajo control del Gobierno central.
En esta misma línea, tildó a los protagonistas del asalto como "todo lo que es abominable en la política" y señaló que actuaron como "verdaderos vándalos". "Nos parece que hubo falta de seguridad y les quería decir que toda la gente que hizo eso será encontrada y castigada", aseguró.
"Esos vándalos, que podríamos tildar de fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se había hecho en la historia de este país. No hay precedente de algo así en la historia de nuestro país, por eso deberán ser castigados", sostuvo el presidente y afirmó que también investigarán a quienes financiaron a dichos grupos.
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