Este lunes, la justicia británica resolvió que Julian Assange tendrá la posibilidad de apelar contra su extradición a Estados Unidos, país al que se le solicitaron garantías sobre el trato que recibiría el fundador de Wikileaks si se lo juzga en territorio norteamericano.
Fue el pasado 26 de marzo cuando la justicia de Reino Unido le solicitó a las autoridades estadounidenses que garanticen que, en caso de ser extraditado, el periodista australiano podría escudarse con la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad de expresión, y que no recibiría la pena de muerte.
Julian Assange: el forajido global
Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson fueron quienes autorizaron a recurrir en otra audiencia futura contra dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos con respecto al trato que Assange recibiría en caso de ser juzgado en dicho país.
La representantes de la justicia británica entendieron que deben someterse a un juicio en apelación los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks será discriminado por su nacionalidad no estadounidense, lo que no le asegura ser amparado en la Primera Enmienda de la Constitución del país norteamericano.
En este contexto, en una nota diplomática de "garantías" compartida en marzo, el Gobierno de Estados Unidos sostuvo que durante el juicio Assange podrá "intentar plantear" como defensa la Primera Enmienda, aunque quedaría en manos de la justicia estadounidense el determinar si esta es aplicable o no.
El abogado del periodista australiano, Edward Fitzgerald, también recordó que el fiscal estadounidense del caso, Gordon Kromberg, anticipó que podría esgrimir como argumento que "los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a la protección bajo la Primera Enmienda, al menos en lo que se refiere a información de defensa".
De esta manera, el equipo defensor podrá recurrir las garantías aportadas por Estados Unidos que indican que el acusado no será discriminado por su nacionalidad y que podrán intentar ampararse en la Primera Enmienda. Por otro lado, la tercera garantía fue aceptada y no se recurrirá, la cual implica el compromiso de no aplicar la pena de muerte.
Cabe recordar que el país norteamericano reclama la extradición del periodista y programador informático dado que este difundió información clasificada en 2010 y 2011, a través de la cual expuso violaciones de derechos humanos del Ejército estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán.
AS./fl
