Un grupo de diputados chilenos opositores presentará este martes la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por considerarlo "responsable de las brutales violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en estos días en Chile". Los legisladores responsabilizan al mandatario de la violencia represiva de carabineros y de militares durante el estado de emergencia que ya se prolongó por casi 10 días.
Desde el partido Revolución Democrática consideran que el jefe de Estado "se ha escondido detrás de policías y militares para negar la democracia". Para que prospere la acusación -respaldada por parlamentarios del Frente Amplio, los partidos Socialista, Por la Democracia y Comunista- se necesita mayoría absoluta en la Cámara y 2/3 de los votos en el Senado para proceder a la destitución del mandatario.
"Hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", reconoció el presidente en un mensaje el domingo en el que habló de los 22 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares que dejaron las protestas desde el viernes 18 de octubre.
Cinco de los 22 muertos fueron causados por la acción de agentes del Estado; el resto murió en medio de incendios y saqueos o atropellados en las manifestaciones. Además, más de 200 personas resultaron con heridas oculares graves o perdieron la visión en alguno de su ojos tras recibir balines disparados por los carabineros. Piñera prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos”.
El diputado Daniel Núñez (PC), uno de los denunciantes, argumentó este lunes que el mandatario "tomó las decisiones políticas que condujeron al accionar de las fuerzas militares, policiales y él tiene que responder por sus actos. Para ello vamos a ocupar un mecanismo legal constitucional, vamos a usar las armas de la democracia para que Sebastián Piñera asuma su responsabilidad política que él elude".
La diputada también del partido comunista, Carmen Hertz, destacó en Radio Cooperativa el "apoyo transversal a este imperativo ético porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectiva las responsabilidades políticas".
El diputado Jorge Brito (RD) enfatizó que "este es un documento que se ha trabajado hace bastante tiempo con los equipos de los parlamentarios y las bancadas patrocinantes". "A nosotros nos motiva un profundo compromiso de responsabilidad democrática, ese que el presidente Sebastián Piñera ha intentado eludir, no ha querido hacer su trabajo y se ha escondido detrás de policías y militares para negar la democracia", resaltó.
La diputada Claudia Mix (Comunes) agregó que estuvieron "trabajando para sacar el mejor documento, robusto, que pudiese incorporar todos los antecedentes que día a día salen". "Estamos conformes y esperamos que podamos tener al Presidente dando las explicaciones y asumiendo las responsabilidades que le competen en las violaciones a los derechos humanos durante este mes que se ha cumplido de la movilización social", completó.
Una pésima imagen pública
El rechazo popular a Piñera alcanzó un 85%, según una encuesta de Pulso Ciudadano. De acuerdo con el sondeo, solo un 9,6% de los chilenos respalda la gestión de Piñera en La Moneda, frente al 85% que la rechaza, en línea con los últimos meses. En una medición de Cadem publicada a finales de octubre, la aprobación se situaba en el 14% y el rechazo en el 78%.
Piñera se vio desgastado por las protestas, que comenzaron el pasado 18 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. El presidente, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, terminó pidiendo perdón por no saber escuchar las demandas de la ciudadanía.
Sin embargo, Piñera se resistió hasta el último segundo a la idea de cambiar la Constitución. Finalmente, la semana pasada el proceso se puso en marcha y los partidos políticos de Gobierno y oposición llegaron a un histórico acuerdo para redactar una nueva Carta Magna.
La misma encuesta arroja que el 71,6% de los chilenos cree que el rol de Piñera en las negociaciones para la nueva Constitución fue malo o muy malo. Para los encuestados, el proceso constituyente es fruto de las protestas, en un 63,1%, de las organizaciones y movimientos sociales (21,7), del Congreso y los parlamentarios (15,1), del Gobierno y sus ministros (13,7) y del presidente (10,7).
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D.S.
