Asociaciones civiles y ONGs de Venezuela dieron datos alarmantes para justificar la urgencia de “facilitar el ingreso de ayuda humanitaria” y la falta de compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para revertir la presente emergencia humanitaria.
“Venezuela sufre una crisis humanitaria generada por decisiones políticas, no por consecuencia de catástrofes naturales o guerras. Toda la responsabilidad recae sobre Maduro y su gobierno. Impedir el ingreso de ayuda es un crimen”, dijo a PERFIL Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia (Red de Organizaciones Civiles y Sociales de Venezuela).
El informe emitido por las organizaciones advierte que la pobreza en Venezuela alcanzó en 2018 el 48% de los hogares. Una familia necesita hoy sesenta salarios mínimos para comprar lo básico, pero, considerando una inflación proyectada en 10 millones % para 2019, según el FMI, los efectos serán devastadores sobre la población.
Desnutrición. Rafael Uzcategui, especialista en derechos humanos de la ONG Provea, dijo a PERFIL: “Se ve el impacto directo de esta crisis humanitaria cuando se traduce en números claros. Tenemos informes que indican que 64% de los venezolanos viene perdiendo desde 2017 unos 11 kg de peso por año y 33% de los niños entre 0 y 2 años sufre de retardo del crecimiento”.
En materia de salud, la Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud (Codevida), reportó números alarmantes sobre la emergencia sanitaria: el 79% de los hospitales no tiene agua potable, el 53% de los quirófanos están cerrados, el déficit de camas para internación es de 64% por falta de recursos básicos para la atención de los pacientes. Por su parte, la Federación Farmacéutica de Venezuela registró en 2018 una escasez de medicamentos del 85%.
Desde 2016 no se publica ninguna cifra oficial sobre la situación de salud, ni se rinde cuenta sobre el gasto ni estado de los servicios sanitarios públicos a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Reporte Nacional sobre Emergencia Humanitaria registró que el 55% de los profesionales médicos, 24% de personal de enfermería y 30% de bioquímicos al servicio de la salud pública emigraron del país en los últimos tres años, agudizando la crisis por caída de las capacidades sanitarias.
“La estrategia del gobierno de Maduro no solo es ocultar cifras oficiales, sino también criminalizar estudios y testimonios de profesionales que reflejan una realidad contraria a la que comunican los medios oficialistas, firmemente censurados. Pero la migración de venezolanos en todo el continente puso en evidencia lo que está pasando puertas adentro de nuestro país y ya no se puede ocultar”, concluyó Van Berkel.
