La decisión de Donald Trump de abrir las puertas a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados va camino a chocar contra la resistencia de las autoridades de las llamadas jurisdicciones “santuario”, como se conoce en los Estados Unidos a los condados y ciudades que se niegan a colaborar con la vocación expulsiva del gobierno federal y prometen proteger a los extranjeros “sin papeles” obstaculizando los pasos necesarios para enviarlos a sus países de origen.
Mediante una serie de disposiciones técnicas instrumentadas por el Departamento de Seguridad Interior, el presidente estadounidense allanó esta semana el camino para las deportaciones a gran escala al ampliar significativamente el target de indocumentados que pueden ser objeto de expulsión por vía rápida. El anuncio no implica cambios en la legislación, pero sí en la forma en que ésta puede ser aplicada. Durante la gestión Obama, las deportaciones se enfocaron en inmigrantes “sin papeles” culpables de delitos graves. A partir de ahora, cualquier infracción menor será motivo potencial de expulsión. Además, se amplía el plazo de permanencia mínima en el país para que la deportación sea conducente.
Según los cálculos de organizaciones defensoras de los derechos civiles, estas disposiciones dejan expuestos a tres millones de los once millones de inmigrantes que residen en los Estados Unidos. La magnitud real del impacto de las nuevas medidas dependerá de dos factores. Por un lado, de los recursos materiales de que disponga el gobierno federal para concretar las deportaciones. Ese no parece ser un problema para Trump: el mandatario también anunció esta semana la contratación de 15 mil agentes fronterizos para instaurar el nuevo paradigma. Por otra parte, habrá que ver qué tan receptivos se mostrarán los gobiernos locales a lo largo y ancho del país ante las directrices de la Casa Blanca. En ese aspecto, las jurisdicciones “santuario” asoman como un escollo para Trump.
Básicamente, existen dos niveles de “santuarios”: ciudades y condados. Las ciudades pueden desarrollar una política de tolerancia a los inmigrantes indocumentados prohibiendo que la policía indague sobre el estatus migratorio de los residentes. Algunas incluso destinan fondos públicos para asesorar a “sin papeles” en problemas con la ley. Y muchas reducen a la mínima expresión su cooperación con el temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el organismo federal a cargo de las detenciones y deportaciones.
Por su parte, los condados tienen potestad sobre más de la mitad de las cárceles que históricamente reciben mayor cantidad de detainers del ICE, como se conoce a los pedidos remitidos por ese organismo a las autoridades locales para que mantengan detenidos a inmigrantes deportables que están a punto de salir de prisión. Ese atributo otorga a los condados una herramienta potencialmente dañina para la política expulsiva que emana desde Washington.
Consciente del problema que pueden acarrear las jurisdicciones “santuario”, Trump abrió fuego contra ellas desde que asumió. En enero, lanzó una orden ejecutiva que amenaza con recortar fondos a los distritos que obstaculicen las políticas migratorias del gobierno federal. Esta semana, el presidente volvió a la carga con un tuit en el que aseveró que “los estadounidenses se oponen abrumadoramente a las ciudades ‘santuario’” y citó un sondeo según el cual el 80% dijo estar de acuerdo con que “las ciudades que arrestan a inmigrantes ilegales deben ser obligadas a entregarlos a las autoridades migratorias”.
Del otro lado, quienes encabezan la resistencia no son niños de pecho: muchos de los alcaldes que resisten la iniciativa de Trump (ver aparte) son experimentados dirigentes demócratas que gobiernan algunos de los principales distritos del país: Bill de Blasio (Nueva York), Rahm Emanuel (Chicago), Eric Garcetti (Los Angeles). A poco más de un mes de su asunción, el magnate devenido en presidente tiene otra difícil batalla política en puerta.
