Que se pongan de acuerdo los distintos actores de un proceso de pacificación de un conflicto que duró más de 50 años no es fácil. Y la reciente creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, que se encargará de investigar, condenar y sancionar los crímenes cometidos por guerrilleros, militares y civiles, no es la excepción a esos desencuentros.
Con 61 votos a favor, dos en contra y la abstención del Centro Democrático, los senadores colombianos aprobaron esta semana una reforma constitucional para crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La modificación vía fast track, que es un proceso legislativo más ágil, permitió crear la jurisdicción, que ya despertó diferencias entre los distintos sectores. Aún falta una conciliación entre todas las partes.
Justicia de reparación.
Los cuestionamientos son varios y surgen de los distintos sectores. Uno de los principales es que no se juzgarán todos los delitos, sino los considerados “crímenes más graves”. Entre ellos, se encuentran los genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas. Los delitos cometidos individualmente pueden quedar sin investigar.
“A una madre que le mataron a un hijo no se le puede decir que no va a acceder a la justicia”, explica en diálogo con PERFIL la especialista en derecho penal internacional y directora del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CIT Pax), Claudia Medina. La experta sostiene que “el argumento es ‘no podemos investigar todo’ y por eso la JEP tiene un criterio de priorización”.
El integrante de Voces de Paz Jairo Estrada, que es la organización política que acompañará a los miembros de las FARC a la vida política, afirma, por su parte, que en un conflicto con 150 mil muertos y 80 mil desaparecidos “es imposible someter a juicio todos los hechos”. “Llevaría como mínimo cien años”, agrega, al tiempo que recuerda que la JEP se propone una justicia reparativa, no punitiva.
Participación política. Otro cuestionamiento tiene que ver con la posibilidad de que los ex guerrilleros de las FARC sean electos para cargos públicos. No está claro si la decisión quedará a consideración de los jueces que los juzguen. “Si en el momento de conciliación hay alguna limitación a la participación política, se estaría violando lo que se acordó en el Proceso de Paz. Yo creo que ese párrafo no va a tener continuidad”, asegura Estrada.
El desarme. Según denunciaron miembros de las FARC, hay demoras en la construcción de las Zonas Veredales Transitorias, que fueron creadas para el traspaso de los guerrilleros a la vida civil. De los 26 espacios verdes donde los ex guerrilleros deben alojarse y dejar sus armas para luego reinsertarse en la sociedad, no hay ni uno solo que esté totalmente apto para realizar esta iniciativa, que es eje fundamental del Proceso de Paz.
