Un grupo de altos funcionarios del Vaticano, entre ellos cardenales y obispos, directivos de la vital Secretaría de Estado e inspectores de finanzas, fueron suspendidos en el marco de una investigación sobre transacciones inmobiliarias ilegales. El espinoso escándalo financiero fue informado este miércoles la revista italiana L'Espresso. La oficina de prensa del Vaticano se limitó a confirmar la incautación de una serie de "documentos y dispositivos electrónicos" de las oficinas de la Secretaría de Estado y de la autoridad encargada de la información financiera.
Según informaciones de la publicación italiana, tradicionalmente bien informada sobre asuntos vaticanos, una circular de la gendarmería vaticana indica con fotos, nombres y cargos a las cinco personas que fueron "suspendidas por precaución" de sus funciones. La información fue enviada a todos los empleados y a todos los guardias suizos que vigilan las entradas a la Ciudad del Vaticano.
La nota establece que las cinco personas solo podrán acceder a los servicios médicos y que una de ellas, el obispo Mauro Carlino, puede seguir viviendo en la misma residencia que el papa Francisco. El periódico también afirma que los investigadores están analizando los movimientos financieros de las cuentas con las se manejan las donaciones de los fieles a la iglesia, el llamado Óbolo de San Pedro. La sospecha es si parte de ese dinero de donaciones se desviaba a la compra ilegal de propiedades inmobiliarias.
Las transacciones irregulares que se investigan están relacionadas con compras de inmuebles millonarios realizadas en el exterior, en particular en Londres, con la participación de empresas británicas.
En la lista de suspendidos, monseñor Mauro Carlino es dirigente de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, el órgano rector de la Santa Sede, a cargo del cardenal italiano Pietro Parolin, número dos del Vaticano.
También fue suspendido a pedido de las autoridades judiciales de la Santa Sede Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), la entidad independiente creada por Benedicto XVI para luchar contra el lavado de dinero tras los escándalos protagonizados por el IOR, el banco del Vaticano.
Otros dirigentes son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone.
Según L'Espresso, el papa francisco fue informado en junio pasado por los directivos del banco del Vaticano y por el revisor general de los crímenes financieros y ordenó una investigación rigurosa. Las denuncias se refieren a años recientes y podrían involucrar a otros importantes obispos e inclusive hasta cardenales. Las suspensiones fueron ordenadas por el procurador del Vaticano, Gian Piero Milan y su adjunto Alessandro Diddi.
Las autoridades judiciales del Vaticano han abierto una investigación en la Secretaría de Estado por operaciones millonarias presuntamente irregulares en las que estarían implicados estos cinco altos funcionarios de la Santa Sede.
La investigación estaría ligada a las incautaciones de documentación y material electrónico realizadas este mismo martes en las oficinas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que dirige el cardenal Pietro Parolin.
Según L'Espresso, el papa fue informado en junio pasado por los directivos del banco del Vaticano y por el revisor general de los crímenes financieros y ordenó una investigación rigurosa
La Secretaría de Estado es el punto vital de la estructura vaticana y la AIF es el controlador financiero, con autoridad sobre todos los departamentos del Vaticano. En 2018 fue condenado el empresario italiano Angelo Proietti por blanqueo de capitales a través de una cuenta bancaria abierta en el en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el ‘Banco del Vaticano’
