Miles de brasileños volvieron a las calles ayer para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, que será investigado por la Fiscalía por supuestamente no denunciar sospechas de irregularidades en la negociación de vacunas anticovid.
Fue la tercera jornada de manifestaciones contra el gobierno, quien viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil.
Para la médica Patricia de Lima Mendes, 47, que participaba de un acto en el centro de Río de Janeiro, el gobierno es el principal responsable por el alto número de muertes. “Son más de 500 mil vidas asesinadas por este gobierno, por decisiones espurias, fake news, mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas”, dijo Mendes.
Otras capitales estatales como Belem, en el estado de Pará, Recife, de Pernambuco, y Maceió, en Alagoas, también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban “Bolsonaro genocida”, “Impeachment ya” y “Sí a las vacunas”.
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el covid –como la hidroxicloroqiuna– y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
La presión de las calles es clave para que el juicio político prospere en el Congreso
El funcionario dijo haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que al parecer no hizo.
Esto motivó la apertura de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si cometió o no el delito de “prevaricación”, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo partieron de un empresario que dijo haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud mientras negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario –que fue removido de su cargo– niega.
Bolsonaro, en el poder desde 2019, niega que haya ocurrido cualquier acto de corrupción en su gobierno y asegura que la comisión parlamentaria es una “payasada” para sacarlo del poder.
La oposición presentó esta semana un “superpedido de impeachment”, que condensa un centenar de pedidos de destitución ya presentados ante la Cámara de Diputados con más de veinte acusaciones contra el mandatario.
