Denuncian unas 7.000 ejecuciones extrajudiciales en zonas pobres de Venezuela
La organización "Human Rights Watch" informó sobre un "contexto de brutalidad sistemática" por parte de las fuerzas de seguridad del chavismo.
Familia llora la muerte de un niño de 11 años internado en el hospital pediátrico de Caracas. |
AP
La organización Human Rights Watch denunció este miércoles ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana en zonas de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. "En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
La HRW señaló que este cuerpo policial del régimen chavista cometió "impunemente graves violaciones de derechos humanos" y que "en un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia". La organización basó su reporte en entrevistas hechas en junio y julio a testigos o familiares de nueve víctimas de supuestos abusos cometidos por agentes en Caracas y en un estado del interior del país, ademas de relatos de abogados, activistas y periodistas.
En todos los casos investigados por HRW, los agentes de las fuerzas especiales estaban armados y uniformados y, con frecuencia, obligaban a los familias de las víctimas a salir de la vivienda antes de llevar a cabo las ejecuciones. En uno de los casos, una mujer contó cómo escuchó desde la casa de un vecino seis disparos que se cobraron la vida de su hijo, al que terminaron acusando de narcotráfico y cuyo cadáver apareció en una fotografía junto a un arma. Los policías llegaban a robar, manipular pruebas, incriminar a las víctimas en delitos o disparar contra las paredes para alegar que se habían resistido a la autoridad, según la ONG.
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Casi 18.000 personas murieron desde 2016 en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad, según las cifras del Gobierno, al que HRW acusa de no investigar de forma adecuada los casos documentados. Muchas de las víctimas temen sufrir represalias si denuncian los abusos o desconfían de las autoridades judiciales y policiales, acusadas también de adelantarse a la conclusión de una investigación formal para catalogar como delincuentes a las víctimas. También denuncian falta de información y restricciones a la hora de ver o recuperar los cadáveres.
José Miguel Vivanco acusó a las fuerzas de seguridad de tomarse la justicia por su mano "matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia". "Cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro", lamentó Vivanco, que denunció un "contexto de brutalidad sistemática" por parte de las fuerzas de seguridad. Estos abusos "continúan impunes desde hace años".
"La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela", criticó Vivanco. HRW también recrimina que bajo el régimen de Nicolás Maduro no solo no se haya promovido ninguna investigación sino que también se haya defendido públicamente a las fuerzas especiales. "¡Que viva el FAES!", proclamó Maduro el 17 de julio, durante un discurso en el que expresó su apoyo a este cuerpo "en su labor diaria".
Según HRW, estos informes son "consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", Michelle Bachelet, que a principios de mes denunció casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por las FAES. La expresidenta de Chile documentó "posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES)".
"Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres", y, lejos de disolver a las FAES, tal y como recomendó la ONU, "han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno". Bachelet informó además que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, se emitieron condenas contra 104 miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de los Derechos Humanos, pero pidió "agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas".
