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Dilma busca una gestión de Francisco para que no fusilen a un brasileño

Cardoso Moreira. Condenado por narcotráfico en 2004.
| Cedoc Perfil

agencias
Yakarta
Brasil pidió ayer al papa Francisco que intervenga ante el gobierno de Indonesia para que no se fusile en ese país a un brasileño condenado por narcotráfico, cuya ejecución está prevista para mañana.
“Hice llegar a la representación de la Santa Sede en Brasil un pequeño informe sobre el caso, y se me aseguró que será enviado a la Secretaría de Estado del Vaticano para que Su Santidad pudiera interceder en favor de una actitud de clemencia del gobierno indonesio”, dijo Marco Aurelio García, asesor especial de la presidencia brasileña para asuntos internacionales.
García, de todos modos, consideró “absolutamente improbable” que el Papa pueda hacer algo.
La gestión ante el Vaticano se produjo ante el fracaso de un pedido de clemencia hecho llegar por la presidenta Dilma Rousseff, “como jefa de Estado y como madre”, a su colega indonesio, Joko Widodo.
“Tengo conciencia de la gravedad de los crímenes cometidos, y respeto la soberanía del sistema judicial indonesio. Pero formulo el pedido por razones eminentemente humanitarias”, había expresado Dilma Rousseff.
Widodo, por su parte, reiteró a Rousseff que no puede conmutar la sentencia porque ya fueron agotados todos los recursos jurídicos previstos en la ley de su país.
La presidenta de Brasil lamentó la decisión y advirtió que ésta “tendrá una repercusión negativa en la relación bilateral”.

Dos casos. Marco Archer Cardoso Moreira, un instructor de vuelo de 53 años, será fusilado en la madrugada de mañana junto a otros cinco presos. Fue condenado en 2004 por ingresar más de 13 kilos de cocaína en los tubos de un ala delta.  Rodrigo Muxfeldt Gularte (42), también preso desde hace diez años por ingresar cocaína al país, será ejecutado en febrero.
La legislación indonesia en narcotráfico es una de las más severas del mundo y lo castiga con pena de muerte o la prisión perpetua.
Ante la inminencia de la ejecución de Cardoso Moreira, Amnistía Internacional organizó una campaña internacional “urgente” para presionar al país a suspender las ejecuciones.