A diez años de la implantación del cepo al dólar en Venezuela, todas son malas noticias para el gobierno de Nicolás Maduro. El dólar paralelo se disparó esta semana a 22,84 bolívares –el oficial está a 6,40, tras la última devaluación de febrero–, la fuga de divisas no se detuvo –llegó a los 145 mil millones en la última década– y las reservas del Banco Central venezolano cayeron en picada.
Aunque Maduro afirmó el mes pasado que el control de cambios “funciona bien”, lo cierto es que la brecha entre el oficial y el paralelo llegó al 256%. El sucesor de Hugo Chávez lanzó esta semana una subasta de dólares para las empresas que necesitan importar insumos para producir, pero el efecto de la medida fue negativo ya que implicó una devaluación encubierta porque el dólar se cotizó en promedio a 11 bolívares.
Chávez había instaurado en febrero de 2003 el control de cambios, ante una pronunciada crisis económica, debido al paro petrolero y al intento de golpe de Estado que sufrió en 2002. La medida del oficialismo logró contener, en un primer momento, la fuga de dólares al exterior y la sangría de reservas, que habían caído un 20%.
Sin embargo, lo que parecía una política coyuntural tuvo efectos negativos en el largo plazo. El control de cambios afectó no sólo a los venezolanos que querían ahorrar en dólares o viajar al exterior, sino que también le costó al país un promedio anual del 6,8% del Producto Bruto Interno (PBI).
Al igual que sucede en la Argentina con la AFIP, el cepo al dólar le dio al gobierno bolivariano la facultad de decidir discrecionalmente quién recibe los billetes estadounidenses. “Esto otorga un enorme poder político”, señalaron los analistas Alejandro Arreaza y Alejandro Grisanti en un informe de Barclays.
Con la escasa diversificación de la canasta exportadora, Venezuela se hizo dependiente de la renta petrolera. Y, con el Estado como única fuente de divisas, ya que el 97,6% de las exportaciones son generadas por Pdvsa, el mercado negro de dólares fue prácticamente la única forma de adquirir esa moneda.
Para contener ese efecto, el gobierno sancionó en 2010 la Ley de Ilícitos Cambiarios, que penaba con multa y hasta seis años de prisión a quienes operaran en el mercado ilegal. Sin embargo, los venezolanos, a pesar de las trabas legales, siguen volcándose masivamente al dólar.
