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INTERNACIONAL / OPINION
viernes 15 febrero, 2019

El laberinto español

Una semana que comenzó con la ruptura entre el Ejecutivo y los separatistas catalanes, siguió con una concentración de derecha en Madrid y el inicio del juicio al procés catalán, terminó con la convocatoria a elecciones para el 28 de abril. El plato está servido.

Sergio Manaut, desde Madrid

Pedro Sánchez, jefe de gobierno español. Foto: Bloomberg
viernes 15 febrero, 2019

Mientras Charly canta "la alegría no es sólo brasilera", se puede afirmar también que la locura política no es sólo argentina. Los políticos españoles -con permiso de los catalanes independentistas- vienen acumulando méritos suficientes para hablar de tú a tú con sus colegas australes.

Los desaciertos de los últimos diez años explotaron en esta semana de furia que tiene perplejos a la mayoría de españoles. Las izquierdas, las derechas radicalizadas por el surgimiento de VOX, independentistas y jueces conforman los ingredientes de un cóctel que puso en vilo a un país. ¿En qué terminará todo esto? Puede que los fachas crezcan como hongos. Estos chicos pisan fuerte en el mundo conservador y todo indica que hay cola para apuntarse. Para colmo, los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo encargados de juzgar a los líderes independentistas por rebelión saben que se juegan el prestigio de la Justicia española, ya muy tocada en Europa por actuaciones que pusieron en duda la plena vigencia de la libertad de expresión en España. Incluso por el proceso al procés, ya que los jueces europeos que tuvieron que decidir sobre las órdenes de extradición de los dirigentes independentistas fugados o exiliados, según de qué lado de la línea se encuentre el observador, denegaron los pedidos de los tribunales españoles.

Las alarmas se dispararon el viernes pasado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró en un ataque de pánico que lo llevó a romper las negociaciones con los separatistas catalanes para la aprobación de los Presupuestos, que finalmente fueron rechazados este miércoles con el voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas que levantaron la mano junto con los partidos que buscan aplicar el artículo 155 de la Constitución, que equivaldría a una intervención de la comunidad autónoma.

En definitiva, otra muestra del esperpento de la política española: la víctima le aceita la guillotina al verdugo.

Dicen que el éxito tiene muchos padres y el fracaso ninguno. En este caso sobran los padres. Por una parte, la deficiente gestión de los negociadores gubernamentales y soberanistas; por otra, la revuelta de los principales barones socialistas temerosos de que la cuestión catalana les lleve a morder el polvo como ya le sucedió a Susana Díaz en Andalucía, el bastión histórico del PSOE. Sánchez, que hace de la supervivencia virtud, tardó nada en darse cuenta que hasta su propio partido -incluso tanto la prensa afín como Felipe González- le daba la espalda. La postura de los dirigentes catalanes es más difícil de entender. Conocedores de que el rechazo de los Presupuestos necesariamente conduciría a elecciones anticipadas, dejaron caer un Ejecutivo con voluntad negociadora para intentar encontrar una salida política al conflicto catalán, a diferencia de la estrategia judicial seguida por su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, estrategia que resultó nefasta porque agravó aún más el embrollo catalán, y puso en la picota a la Justicia española, cuya sensibilidad hacia los intereses del Ejecutivo la llevó al desgaste que se está viendo estos días.

Así las cosas, existen distintos motivos que hacen poco entendible el rechazo de las Cuentas Públicas por parte de los independentistas.

Además de darles la espalda a unos Presupuestos muy generosos para su territorio, con su decisión empujaron a un adelanto de las elecciones que si la alianza de las derechas (PP, Ciudadanos y VOX) consiguen mayoría parlamentaria aplicarán el artículo 155 de la Constitución por tiempo indeterminado, obligando a los dirigentes separatistas a abandonar sus despachos para irse a sus casas o, en el peor de los casos, recorrer juzgados.

Mientras Pedro Sánchez y los líderes de los partidos independentistas, Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya rompían lanzas, los líderes del PP, Ciudadanos y VOX, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente; acompañados de otros grupos de extrema derecha como Hogar Social y la Falange, bajo la atenta mirada desde abajo del escenario del político francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls y de Mario Vargas Llosa, llamaron a “los españoles” (arrogándose el derecho de representar a todo un país) a manifestarse en la madrileña Plaza de Colón para denunciar el acuerdo. Según el trifachito -como bautizaron los socialistas a esta alianza -, los catalanes iban a votar a favor de los Presupuestos a cambio de que el Gobierno abra la puerta a la autodeterminación. Y como hoy la política es más emoción que razón, Casado, Rivera y Abascal subieron al escenario rodeados de banderas españolas y espíritu patriótico azuzado por vivas a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local – “hubo que agarrar al speaker para que no siguiese con Prosegur”, ironizó el periodista Manuel Jabois-, exigieron a Sánchez elecciones inmediatas.

Tal como quedó evidente en el rechazo a los Presupuestos por los separatistas, la acusación a Sánchez de humillar a España con el fin de continuar durmiendo en La Moncloa resultó falsa.

Como también los 21 puntos del manifiesto leído por tres periodistas militantes. ¿Falta de información de los organizadores? No. Alineados en la idea de que en política todo vale, y que sus seguidores no castigan las mentiras y el engaño, dieron rienda suelta a sus instintos políticos más básicos, resumidos en “machaca que algo queda”.

Por si fuera poco, y cuando la crispación amenaza con hacer estallar la convivencia política de los partidos de representación nacional, la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo comienza el juicio por rebelión, sedición y malversación de dinero público a los dirigentes catalanes separatistas.

En este caso, los líderes políticos se dan una tregua no declarada. Todos, junto con la prensa escrita y radios nacionales, apuestan ¿y desean? por las máximas condenas (25 años de prisión, cuando un crimen se pena con entre 15 y 20 años de cárcel), por delitos que sólo ven los tribunales españoles. En efecto, la prensa europea y más de un centenar de juristas españoles no ven delito de rebelión. Para muestra alcanza un botón. The Times encabezó su editorial sobre el juicio a los líderes del procés con el título “La Inquisición española”.

¿Qué es el delito de rebelión? Según el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987, como recuerda el periodista Ignacio Escolar, “por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción del orden constitucional”.

Escolar recuerda que “no hubo armas, no hubo tiros, no hubo explosivos y no son estas las únicas curiosidades de la rebelión catalana del 1 de octubre de 2017. Fue un alzamiento pacífico y discreto, sigue, porque cuando ese golpe de Estado estaba ocurriendo nadie lo tachó como tal. Ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que siguió negociando con los independentistas a través de varios mediadores. Ni su Consejo de Ministros, que no aplicó los mecanismos de respuesta que establece la Constitución ante una verdadera rebelión: el Estado de alarma, sitio o excepción. Ni tampoco la Fiscalía, que tardó un mes en llevar ese supuesto golpe de Estado ante los tribunales”.

El director de eldiario.es afirma que si tras aprobar la declaración de independencia el Govern catalán hubiera dado órdenes a los Mossos d`Esquadra (fuerza de seguridad catalana) de tomar el control de los aeropuertos y estaciones de tren, asegurar las fronteras y expulsar a la Guardia Civil de la nueva República catalana por la fuerza de las armas, hoy los líderes independentistas enfrentarían exactamente a la misma acusación: rebelión.

Otro factor que puso la imparcialidad de la Justicia española en el punto de mira es la propia acusación por rebelión, ya que era el camino para llevar el caso a Madrid. “Al Tribunal Supremo se llega por el nombramiento a dedo de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrado a dedo por los partidos políticos. A los juzgados de primera instancia se llega por concurso y oposición”, escribe Escolar.

En eso están políticos españoles, catalanes, demócratas y no tanto. Jueces y periodistas cuando Pedro Sánchez anuncia elecciones para el 28 de abril.

En la España actual donde las sombras y los terrenos cargados de lodo y ansiedad se adueñaron del espacio político todo es posible, hasta ver a un Nobel de Literatura apoyando con su presencia a una derecha radicalizada. García Márquez se debe estar partiendo de risa.


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