Desde Brasilia
La revelación del contenido de la delación premiada acordada con la Justicia por el ex líder del gobierno en el Senado, Delicio Amaral, publicada por la revista, cayó el jueves como una bomba en Brasilia, reavivando las peores pesadillas de la presidenta Dilma Rousseff y sus aliados. La tensión política parecía haber alcanzado su nivel extremo, pero la mañana siguiente mostró que se trataba apenas de un aperitivo: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,el mayor líder popular de la historia brasileña, era llevado en la madrugada por fuerzas policiales a declarar por la fuerza, acusado de corrupción. Ni sus enemigos políticos más acérrimos se animaron a celebrar un hecho de tamaña gravedad y consecuencias imprevisibles.
Detalles. Preso en noviembre por tentativa de obstrucción de la Operación Lava Jato –que investiga un gigantesco esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras– el senador Amaral habría revelado a la Justicia con lujo de detalles los más diversos ilícitos cometidos por políticos oficialistas y también de la oposición. Pero el plato fuerte de la declaración –aún no homologada por la Justicia– serían las acusaciones contra Lula y la presidenta Dilma Rousseff, involucrados por primera vez en forma directa en actos irregulares.
Miembro del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff, Amaral habría dicho a la Justicia, de acuerdo a Istoé, que el ex presidente tenía pleno conocimiento del esquema de corrupción en Petrobras, que actuó personalmente para buscar detener la Lava Jato e incluso que promovió la compra del silencio de testigos. El senador dijo que fue Lula quien propuso ofrecer a un ex director de la petrolera acusado de corrupción una ruta de fuga al exterior y ayuda financiera para su familia para que desistiera de declarar. Ayer, la fuerza tarea de fiscales de la Operación Lava Jato reafirmón que Lula era “el principal beneficiario” de los desvíos en Petrobras.
Con relación a Rousseff, Amaral –una figura tan próxima de la presidenta que fue quien le sugirió el color del vestido que debía usar el día de la toma del cargo– la acusó de haber designado para integrar el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) al ministro Marcelo Navarro con el compromiso de librar de la prisión a los grandes empresarios de la construcción involucrados en el escándalo en Petrobras.
Impeachment. Hasta los últimos días, el proceso de impeachment había entrado en stand by después de que la Corte Suprema desautorizara los procedimientos definidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Las graves acusaciones contra Cunha (ver recuadro en página 41) contaminaban, además, la legitimidad del proceso, lo que fortaleció la tesis del oficialismo de que se trataba de una maniobra del pemedebista para sortear su propia caída.
El testimonio del senador Amaral, sin embargo, puso por primera vez en tela de juicio la rectitud de Rousseff, sobre quien hasta ahora no pesaba ninguna acusación de ilegalidad. La revelación surge 10 días antes de la marcha convocada por los opositores para el 13 de marzo a favor del impeachment. El uso de las prerrogativas presidenciales para favorecer a empresarios procesados, si se confirma, ofrece a la oposición un argumento más sólido para reactivar el juicio político. Su apertura había sido autorizada a inicios de diciembre en base a irregularidades administrativas, lo que mostró no tener la fuerza suficiente para forzar la salida anticipada del poder.
En la tarde del jueves, los líderes opositores en el Congreso se sucedieron en la tribuna pidiendo la renuncia de la presidenta. Aunque la supuesta tentativa de Rousseff de obstruir Lava Jato es difícil de probar jurídicamente, el efecto político es demoledor. Por eso, las conversaciones este fin de semana entre partidos opositores es diseñar una nueva estrategia para el impeachment, fundamentada en las revelaciones recientes
