“Fue un descuido mío”. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, calificó ayer de esa forma los diálogos con el jefe de los fiscales del Lava Jato, Deltan Dallagnol, en los que orienta y aconseja cómo llevar la investigación contra Luiz Inácio “Lula” da Silva y sugiere hablar con un denunciante que tendría información sobre inmuebles del ex presidente. El ex juez dijo que no renunciará y apuntó contra una “organización criminal” que habría hackeado su teléfono.
En una entrevista con el diario O Estado de S. Paulo, titulada “Moro desafía: ‘Si quieren publicar todo, que lo publiquen. No tengo problema’”, el ministro descartó haber actuado fuera de la ley y dijo que hay una motivación política detrás de las revelaciones. “Yo me apartaría si hubiese una situación que llevara a la conclusión de que tuve un comportamiento impropio. Creo que es lo contrario, todo lo que hice como juez en ese período fue resultado de un trabajo difícil. Y nosotros siempre actuamos conforme a la ley”, aseguró.
Moro descartó una “colusión” con la fiscalía para condenar a Lula y sostuvo que no hay riesgo de que la Justicia anule el juicio que condenó a prisión al líder del Partido de los Trabajadores (PT). “Fue un caso decidido con absoluta imparcialidad en base a las pruebas, sin ninguna especie de direccionamiento”, agregó. El ex magistrado dijo que no puede reconocer la “autenticidad” de los mensajes divulgados hace “muchos años” y criticó a The Intercept por no presentar todo el material para que sea investigado por el Tribunal Supremo Federal (TSF).
Denuncia. El sitio de periodismo de investigación divulgó esta semana un material explosivo que siembra dudas sobre la imparcialidad del ex juez en la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil. Moro “excedió reiteradamente los límites éticos que definen el rol de un juez” al ofrecer consejos y pistas a los fiscales, sostiene The Intercept. En el sistema procesal brasileño, los fiscales están a cargo de la investigación y acusación y no pueden coordinar su tarea con el juez, que debe evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal y por las defensas de los acusados.
El periodista Gleen Greenwald, cofundador del sitio y ganador del Premio Pulitzer y del Premio PERFIL a la Libertad de Expresión Internacional, dijo que el material divulgado demuestra que Moro “estaba totalmente integrado al trabajo de la acusación” en el Lava Jato. “Tenían una relación de colaboración continua, algo que viola la constitución y el código de ética judicial, a tal punto que pone en cuestión todos los veredictos que Moro adoptó en el Lava Jato”, dijo.
Las críticas contra Moro arreciaron en los medios de comunicación. La revista Veja le dedicó ayer su portada, titulada “Desmoronando” e ilustrada con un busto suyo a punto de romperse.
Amenazas. El periodista estadounidense afirmó que él y su familia fueron amenazados desde la publicación, pero se negó a abandonar Brasil. “Recibimos algunas amenazas realmente repugnantes, detalladas, grotescas, gráficas, que son bastante perturbadoras y que tomamos en serio”, añadió. Los mensajes apuntan contra su esposo, el diputado federal David Miranda, y sus dos hijos.
Huelga contra la reforma previsional
La huelga general convocada contra la reforma de las jubilaciones propuesta por el presidente Jair Bolsonaro, tuvo ayer un apoyo parcial en varias ciudades de Brasil. En algunas de ellas funcionaron algunas frecuencias de transporte público y las manifestaciones no tuvieron la adhesión esperada.
En San Pablo el sistema de transporte, considerado fundamental por los sindicatos para el éxito de la huelga, no paró por completo. El subte y los colectivos funcionaban con menos frecuencias, mientras que el tren no registró medidas de fuerza. La situación era similar en otras ciudades del país, como Río de Janeiro, donde manifestaciones bloquearon algunas calles.
La huelga coincidió con el inicio de la Copa América de fútbol. Los sindicatos llamaron al paro para expresar su rechazo a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones propuesta por el gobierno y con la que el Estado planea ahorrar 265 mil millones de dólares. El proyecto es discutido en el Congreso brasileño.
