El controversial modelo antipandillas de Bukele, admirado por Bullrich, cumplió dos años en El Salvador
El presidente salvadoreño instauró un régimen de excepción para combatir la violencia ligada al crimen organizado. Redujo drásticamente los homicidios y creó la cárcel más grande de América Latina, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos.
Cárceles de Bukele a 6 meses de su ináguracion. |
AFP
Se cumplieron dos años desde que el presidente de El Salvador,Nayib Bukele, instauró un régimen de excepción para contener la escalada de violencia ligada al crimen organizado en el que era uno de los países más peligrosos del mundo.
Una parte de su "modelo antipandillas" implicó detenciones masivas y la creación de una megacárcel con capacidad para 40 mil reclusos, famosa por ser la más grande de América Latina y muy admirada por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina que utilizó la misma idea en su plataforma de campaña en las presidenciales de 2023.
En El Salvador hay más de cien mil personas encarceladas.
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Con las políticas de seguridad implementadas por Bukele, la tasa de homicidios en El Salvador se desplomó y creció la popularidad del presidente, que logró la reelección a principios de marzo a pesar de no haber podido revertir la situación social y económica de un país con números en rojo.
La situación se dio en línea con la baja de la criminalidad en las calles que se vieron libradas de las prácticas extorsivas, amenazas y asesinatos en manos de las maras. Pero activistas de derechos humanos advirtieron el lado B del modelo antipandillas y la extensión del régimen de excepción, como las denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y faltas al debido proceso, entre otras violaciones a los derechos fundamentales.
Qué pasó con las maras en El Salvador
El 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele instauró un régimen de excepción y declaró una "guerra" a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78.000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000.
La ofensiva implicó el despliegue de militares y policías que permitió desbaratar las estructuras de las "maras" o pandillas, que se financiaban con el cobro de "rentas" (extorsiones), sicariato y narcomenudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar, una situación que era moneda corriente entre la población.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ganó las elecciones a principios de marzo.
Desde entonces, más de 78.000 presuntos pandilleros fueron detenidos, según un informe oficial presentado el pasado martes, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4.000 armas, algunas de uso militar. Desde el lado legal, el gobierno impulsó modificaciones a las normativas para endurecer las penas.
Según estimaciones del gobierno salvadoreño, las políticas de seguridad aplacaron el control que las maras ejercían sobre el 80% del territorio nacional y la tasa de homicidios se redujo de 106 por cada 100.000 habitantes (en 2015) a 2,4 en 2023, un récord que quedó debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU).
Ante la ofensiva, el criminólogo Ricardo Sosa estimó que a las maras les faltó capacidad de "adaptación" para mutar a otra modalidad criminal, mientras que el presidente Bukele prometió para su segundo mandato presidencial continuar la guerra "hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas".
El clima de seguridad en las calles
Según testimonios que recogió la agencia AFP, desde que comenzó la ofensiva contra la delincuencia en El Salvador las personas viven con menos temor a caminar de noche, a utilizar el transporte público parques y se ven chicos jugar en los parques. "Ahora uno se siente más confiado al viajar en los autobuses, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros", dijo un profesor de 40 años.
Por otro lado, gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la "renta", según gremios empresariales. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio. "Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado", explicó Aminta Alvarenga, dueña de una tienda mayorista en El Tránsito, 125 km al este de la capital.
Mediante una ley de extinción de dominio, el gobierno ha recuperado 8.000 vehículos, casi 21.000 celulares, además de cientos de autobuses, taxis, casas y locales comerciales en poder de las maras. El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por 2.755 millones de dólares, 48% más que al año precedente.
Sin embargo, la economía sigue siendo asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la CEPAL. Se estima que 70% de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron 8.181 millones de dólares en 2023, 26% del PIB del país.
Violaciones a los derechos humanos
Organizaciones de la sociedad civil que monitorean los derechos humanos en El Salvador apuntaron contra los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian "detenciones arbitrarias", presuntos "atropellos", "torturas" y "muertes" en prisión. Hay "327 casos de desapariciones forzadas" y "235 muertes bajo custodia estatal", afirma Amnistía en un reporte presentado el martes.
Un informe anterior de AI, de 2023, calculó que en El Salvador 1,7% de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo, mientras que la población penitenciaria es de 102.000 personas.
Una gran parte de los detenidos permanecen en una 'megacárcel' construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos, que tiene un severo régimen interno. Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos.
"Tengo a mi sobrino Alberto (de 28 años) detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia", lamentó Cecilia Renderos, ama de casa de 48 años.
Si bien unos 7.000 detenidos han sido liberados, grupos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas. "Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos", asegura Amnistía, que afirma que el presidente obliga "a la población a elegir entre seguridad y libertad".
